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Funes propone servicio militar obligatorio para jóvenes en riesgo

Daniel Valencia, Gabriel Labrador y Patricia Carías
El Faro / Publicado el 1 de Junio de 2011
En su informe de segundo año de labores ante la Asamblea Legislativa, el presidente propuso un plan para sacar de las calles a 5,000 jóvenes en riesgo de sumarse a las pandillas y la creación de una comisión que audite y auxilie el trabajo de la Fiscalía, desbordada por la violencia y el crimen organizado.

El presidente Mauricio Funes arrancó su tercer año de gestión anunciando dos proyectos novedosos en el área de seguridad pública, uno para sacar de las calles a 5 mil jóvenes en riesgo de sumarse a las pandillas y enviarlos a capacitación con el ejército, y otro para crear una especie de comisión de auxilio a la Fiscalía General, que de inmediato fue rechazado por el fiscal general Romeo Barahona.

El gobernante anunció ante la Asamblea Legislativa, en su informe de dos años de labores, que se implementará el servicio militar obligatorio de protección civil, que consiste en reclutar a menores de 18 años en peligro de convertirse en víctimas de las pandillas o de sumarse a ellas, para que reciban capacitación en atención de emergencias, sin acceso a armas de fuego.

La medida anunciada ocurre cuando el país mantiene un ritmo de más de 11 homicidios diarios durante los primeros cinco meses de este año. “El proyecto es integrar para su protección a 5,000  jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas. Durante seis meses recibirán orientación para su rehabilitación a través de adiestramiento militar sin armas y formación vocacional para generar un cambio de conducta y facilitar su inserción a la vida productiva del país”, dijo el mandatario.

El plan, según el ministro de Seguridad, Manuel Melgar, se ha venido trazando en el gabinete de Seguridad desde hace dos años, y fue hasta este momento cuando el presidente decidió ponerlo en marcha. Los primeros documentos del plan de seguridad del gobierno de Funes, que a inicios de la gestión hablaban de mayores recursos para la policía y de mayor apoyo al Consejo Nacional de Seguridad Pública -entidad hoy reducida a una oficina adscrita al Ministerio de Seguridad- no citaban este proyecto de reclutamiento de menores de edad.

Según Funes y sus ministros de Seguridad y Defensa, el propósito del reclutamiento militar sería proteger y capacitar a los jóvenes en riesgo en tareas de protección civil, de manera que sirvan de apoyo al país en labores de prevención y mitigación de riesgos. Los jóvenes serían enviados a los “Centros de Formación Ciudadana” creados con este objetivo y administrados por la Fuerza Armada. Aunque su incorporación a estas tareas sería obligatoria, se les compensaría con una asignación económica mensual, dijo Funes. 

Los fondos para este proyecto -que en una primera etapa duraría dos años, según explicaron Melgar y el ministro de Defensa, David Munguía Payés-, no están identificados aún, aunque Melgar dejó entrever que un primer aporte podría entrar de la recaudación que logre el eventual impuesto al gran capital para la seguridad pública.

El gabinete de Seguridad espera enviar “lo más pronto posible” un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa que norme el servicio militar de carácter obligatorio para los menores de edad. “El Presidente ya lo dijo: es de carácter obligatorio. Aquellos jóvenes que sean identificados como potenciales reclutas de las pandillas o que se presuma están en riesgo de ser víctimas de las pandillas tendrán que, obligatoriamente, prestar este servicio”, dijo Munguía Payés.

La prestación del servicio sería por dos años, con un primer semestre de capacitación militar sin armas, un segundo semestre de instrucción en protección civil, y un año de prácticas ocupacionales, es decir, de instrucción en oficios.

Policía reclutaría a los jóvenes

Ninguno de los titulares del gabinete de Seguridad sabe definir cómo se identificaría a esos jóvenes en riesgo. Los ministros de Seguridad y Defensa dicen no saber si se reclutarían de los municipios con mayores niveles de violencia o no. Sin embargo, Melgar y Payés sí dejan claro que sería la Policía Nacional Civil la entidad encargada de “monitorear” aquellos segmentos de la población y aquellos territorios en donde estén los jóvenes que serían reclutados. A juicio de sus declaraciones, cuando se refieren a territorios hablan de aquellas zonas controladas por las pandillas.

El director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio, explicó que el reclutamiento se dará en el campo y la ciudad, y en las zonas donde haya prevalencia de las pandillas. “Quienes van a coordinar son las jefaturas de delegación. Estos van a dirigir la aplicación de la ley de proscripción de pandillas y la aplicación de la normativa de reclutamiento militar”, dijo.

Melgar añadió que la Policía conoce a aquellos jóvenes en situación de riesgo en los territorios con incidencia de pandillas, aunque la labor de identificación de candidatos a ser reclutados se coordinaría con las municipalidades. El ministro trazó un esbozo de los potenciales reclutas: “Deben ser personas en situación de riesgo de convertirse en delincuentes o de ser asesinados en las distintas comunidades”, dijo. Ante la pregunta de qué pasaría si una familia se niega a ceder la formación de su hijo al Estado, Melgar respondió: “Será obligatorio. Cuando se identifique un joven con esas características tendrá que obligatoriamente hacer este tipo de servicios. Ningún padre y ninguna madre quieren que sus hijos se conviertan en pandilleros o sean víctimas de las pandillas. Seguro preferirán que vayan a recibir una capacitación sobre la base de una disciplina militar y después de ser capacitados ser gente que se incorpora a la sociedad”, dijo.

La Constitución de El Salvador establece en el artículo 215 que el servicio militar es obligatorio para ciudadanos entre los 18 y 30 años. Esa disposición, sin embargo, es letra muerta. Munguía Payés señaló que el anuncio de Funes requeriría de otra normativa y, a juzgar por las primeras reacciones de los legisladores, la propuesta tendría suficiente apoyo para ser aprobada.

La ex directora del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Aída Santos, aplaudió la medida anunciada por Funes y señaló que está apegada a derecho. “Hay muchos jóvenes que en este momento se sienten presos del acoso de las pandillas y que se quieren salir y eso les va a ayudar a formarse. Van a estar hasta cierto punto recibiendo una atención integral, no van a manejar armas. Además la Constitución de la República permite el servicio obligatorio y esto hay que retomarlo. La Convención de los Derechos del Niño también permite el servicio militar y lo que se está haciendo ahorita es solo preparar a esta población para que no sean reclutados por grupos criminales”, dijo.

El ministro Melgar se adelalntó a las posibles críticas diciendo que hay que esperar los detalles del plan. “Uno no puede hacer supuestos de estos. Esperemos lo que se traerá a la Asamblea. Es probable que haya necesidad de una reforma legal. El presidente ha hecho un anuncio general. El cómo se implementará es una cosa que tiene que definir el gabinete de Seguridad”, dijo.

El Faro consultó con diputados de Gana, PCN y FMLN, y los tres partidos manifestaron su respaldo a la iniciativa. Entre las tres organizaciones suman 61 votos, más que suficientes para emitir los decretos necesarios.

Para el FMLN la propuesta anunciada por Funes no fue sorpresa. Según Roberto Lorenzana, secretario de comunicaciones del Frente, el partido de izquierdas conocía y compartía desde el inicio el debate que se estaba desarrollando en el equipo de seguridad del gobierno. “Es un proyecto novedoso que tendrá un gran impacto. Esa es una medida que en términos generales la compartíamos, la conocíamos, sabíamos del debate que se estaba desarrollando. Yo creo que el país necesita tomar medidas fuertes contra el combate de la delincuencia”.

Uno de los aspectos que aplaude Lorenzana es el rango de edades establecido para los jóvenes que participen en el proyecto ya que asegura que son estas las edades en las que se puede bloquear la participación de estos en actividades delictivas.  

La propuesta también calza con la tradición militar del Partido de Conciliación Nacional (PCN), que ve la idea como parte del trabajo que el ejército viene haciendo desde sus inicios, siendo el tiempo de mayor auge la década de los 80, cuando los jóvenes campesinos eran reclutados en las filas militares. De acuerdo con Antonio Almendáriz, diputado del PCN, la medida permite que el cuartel de la Fuerza Armada sirva como reformatorio, orfelinato y hasta una institución de desarrollo académico. “Esto ya se hacía y si hoy se va a hacer por ley me parece bien. Ahí se le va a inculcar el amor a la patria y los valores que debe tener un ciudadano para servirle a la sociedad”, dijo.         

En el caso del partido Gana, las reacciones fueron dispares. Nelson Guardado, líder de la bancada naranja, habló de una medida que podría tener consecuencias negativas si los jóvenes llegasen a utilizar el tiempo de internamiento como un entrenamiento. “La novedad aquí es que está hablando de jóvenes en riesgo, pero hay que ver de qué manera se va a hacer porque pueden ser jóvenes que ya estén bastante adelantados en esta situación de delincuencia y los vayamos a estar adiestrando”, dijo. Y añadió que la postura oficial del partido dependería de la propuesta final que el Ejecutivo envíe a la Asamblea.

Por el contrario, Guillermo Gallegos, aseguró que el partido apoyaría la propuesta ya que se trata de un gran segmento de población, quienes a su juicio serían beneficiados. “Nos agrada la idea porque es algo que va destinado a 5,000 jóvenes que pueden estar en riesgo de de caer en maras y pandillas. Por eso lo apoyaríamos”.  

Si se concretaran los 61 votos a favor de los partidos FMLN, PCN y Gana, el anteproyecto sería aprobado por el parlamento sin mayor dificultad, ya que se requiere una mayoría simple de votos, es decir 43 votos favorables. Si Gana se abstuviera, FMLN y PCN suman 45 escaños, también suficientes para tomar decisión.  

Sin embargo, un defensor de los derechos humanos, el abogado Henry Fino, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), alertó de la posible inconstitucionalidad de la medida. Por un lado, Fino explicóque el presidente está llevando al límite el apoyo que puede recibir el gobierno del ejército en tareas de seguridad. “Así planteada, esta es una situación que está fuera del mandato constitucional. La Constitución determina que solo en situaciones extraordinarias el ejército puede prestar tareas de seguridad pública. Pero esta no es tarea de seguridad pública. Es tarea de prevención del delito y no una tarea de seguridad pública. Hay que tener mucho cuidado”, dijo.

Por otro lado, Fino destacó que se estaría criminalizando a la pobreza, a los jóvenes excluidos y el Estado se estaría inmiscuyendo en terrenos que no le competen. “Si es así como lo han descrito, es una medida total y absolutamente ilegal y lesiva a los derechos de la niñez, del libre tránsito y del ejercicio a la autoridad parental de los padres de familia. Como padre tengo el derecho de la autoridad sobre mis hijos, y mientras no haya una decisión judicial en contra, nadie me la pueda quitar”, dijo Fino.

Agregó que sería diferente si esta medida fuera dirigida a menores en conflicto con la ley. “Pero eso ya no es una prevención, es una sanción por el ilícito que comprende que el castigado sería destinados a esos centros, a una granja o a lo que sea. Pero ese reclutamiento forzoso… eso es una ligereza del presidente para tratar de decir que se quiere combatir la inseguridad”, criticó.

Comisión para hacer escrutinio a la Fiscalía

Otro de los anuncios del presidente fue la creación de una comisión de funcionarios para que supervise el estado de las investigaciones de crimen organizado durante las distintas etapas del proceso judicial.

El Ejecutivo piensa que sentar en una sola mesa a cinco funcionarios del gabinete de justicia y seguridad junto a 15 fiscales especializados es la manera más rápida para garantizar que pronto disminuya la impunidad en casos de crimen organizado. Las asociaciones de jueces han hecho llamados y pronunciamientos públicos exigiendo a la Fiscalía General de la República que documente y sustente mejor sus casos.

El fiscal Romeo Benjamín Barahona adujo desconocer esta nueva iniciativa y dijo que esperaba recibir más lineamientos, aunque planteó que la considera innecesaria. Sin embargo, el director de la Policía y el ministro de Seguridad parecen tener claro que se trata de una instancia que asesore a la Fiscalía como institución encargada de defender los casos ante los jueces. “La impunidad es cuando ha habido todo un proceso de investigación y los procesados salen libres, esta comisión vería estos casos”, comentó Carlos Ascencio, director de la Policía Nacional Civil, en alusión a las investigaciones de crimen organizado.

“Esta comisión estará dando auditoría de los casos y seguimiento de principio a final”, agregó el jefe policial. El ministro de Seguridad y Justicia, Manuel Melgar, evitó ahondar en la evaluación que harán de las investigaciones de la Fiscalía. Sin embargo, explicó que uno de los propósitos de esta comisión será mejorar la aplicación de la Ley de Proscripción de Pandillas.

La Fiscalía perdió sus primeros casos al intentar aplicar esta nueva ley a finales del año pasado. Melgar dijo que hasta la fecha, desde septiembre de 2010, se han procesado a 10 estructuras de pandillas con esta ley, y que todos los integrantes de los grupos se encuentran detenidos esperando juicio.

Melgar recordó que en breve el presidente Funes tendrá en sus manos la ley de extinción de dominio con la que se pretende traspasar los recursos de la delincuencia al Estado. Y como para evitar que nuevos casos vuelvan a caerse en los juzgados con la aplicación de esta ley, el ministro Melgar dijo que la comisión anunciada por Funes estrechará la coordinación para sustentar mejor los expedientes que se presenten a los jueces.

“La razón es que tenemos que estar bien coordinados, en el marco del respeto de poderes y de la independencia de la Fiscalía pero hay que coordinarnos bien”, dijo Melgar.

El director de la PNC añadió que la comisión pretende reducir “la brecha de impunidad” en los casos que investigan. Sin embargo, comentó que era muy abstracto hablar de cifras y estadísticas de eficacia del sistema judicial.

Melgar, de hecho, admitió que el Estado no cuenta, actualmente, con cifras confiables que les digan cómo se desempeña el sistema salvadoreño en el área de justicia.

Esto quiere decir que el Estado no sabe el porcentaje de personas que finalmente son declaradas culpables en relación a la cantidad de personas capturadas bajo la presunción de haber cometido un delito.

Además de crear esta comisión, el Ejecutivo aun está contemplando instalar una comisión internacional antimafia en el país, parecida a la CICIG de Guatemala. Este plan nace de la necesidad de contar con una institución que trabaje con eficacia en el país más violento de América en los últimos cinco o seis años y que además enfrenta nuevos métodos del crimen organizado.

El Faro supo que la creación de la comisión internacional antimafias surge de la necesidad de crear una institución que le haga una especie de competencia a la Fiscalía, en cuanto a la desarticulación de estructuras complejas de crimen. La gota que derramó el vaso cayó a finales del año pasado cuando como resultado tangible, el fiscal general Barahona solo pudo presentar como logro la desarticulación de una clica.

Impuesto para patrimonios de $500,000

Aunque Funes no mencionó la preparación del nuevo impuesto para financiar la seguridad pública, su ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que el impuesto al gran capital que se ha anunciado podría aplicarse a un piso de 500,000 dólares de patrimonio. Las personas naturales o jurídicas que tengan un patrimonio de medio millón de dólares serían obligadas a tributar para reunir unos 120 millones de dólares anuales durante los tres próximos años. "Hablamos de 500 mil dólares en patrimonio líquido. Eso significa activo menos pasivo. Esos pagarían el impuesto, o sea que la clase media y la clase pequeña no deberían de pagar”, explicó Cáceres.

El patrimonio al que se refiere el ministro incluiría casas, carros, terrenos, cuentas bancarias, joyas, cuadros, equipo de oficina, edificios, mobiliario y todo tipo de bienes e ingresos propios que sumen al menos 500,000 dólares.

La posibilidad de crear un impuesto que contribuya a la seguridad fue expuesta por el presidente en noviembre del añopasado, cuando anunció que ya se estaba preparando un documento que pretendía establecer un gravamen con base en la experiencia de Colombia, país que y cuenta con un impuesto de esta clase. Seis meses después, en mayo de este año, el presidente anunció que ya contaba con una propuesta del ministro de Hacienda en su escritorio.

En esa ocasión el funcionario comentó que se trataba de 2,365 contribuyentes que contaban con los patrimonios líquidos más altos, estos aportarían un total de 50mil dólares anuales. Además se habló del carácter temporal del impuesto, el cual estaría vigente durante los últimos tres años del actual gobierno.

El impuesto también cuenta con el apoyo del FMLN y Gana, partidos que suman la cantidad necesaria de votos para que el anteproyecto sea aprobado en la Asamblea Legislativa.

El único punto que sigue pendiente es la discusión del gravamen con los miembros de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quienes hasta la fecha aseguran no conocer los detalles de este ni los aspectos en torno a su aplicación. Jorge Daboub, presidente de la ANEP, aseguró esta mañana que ya habían sostenido una reunión con el Ejecutivo pero que en esta no se había discutido nada el respecto. “En la primera reunión no se dieron detalles de absolutamente nada del impuesto, fue una reunión más de un acercamiento cordial”, dijo..

Cáceres aseguró que la reunión con la ANEP se podría llevar a cabo esta misma semana. “A la ANEP se les ha medio explicado y esta semana vamos a tener una reunión cuando el presidente me lo diga”, dijo.

En cuanto al cuestionamiento de los planes que el ministerio de Seguridad Pública tiene para el monto que se recaude, Manuel Melgar explicó que no tiene ningún inconveniente en que la entidad que dirige sea auditada para ver el destino de estos fondos. Sin embargo, este no explicó si ya se cuenta con un plan de seguridad específico para la suma que se recaude. “Si se nos aprobara el presupuesto extraordinario que hemos dicho, no tendríamos ningún problema en que exista una comisión fiscalizadora y de seguimiento a la recaudación y a cómo ejecutamos el gasto. No tenemos ningún problema. El presidente ha dicho que estamos interesados en la transparencia y pidió que se le presentara un tan solo caso en los que se demostrara el mal uso de recursos de esta administración y de este gabinete de seguridad. No tenemos ningún problema porque entre otras cosas somos honrados”.

Funes aprovechó su discurso ante la Asamblea para anunciar también que tiene lista una propuesta para echar a andar el voto en el exterior tan pronto como en la elección presidencial de 2014.

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