El presidente Mauricio Funes anunció este sábado que prorrogará por un año más la vigencia del decreto ejecutivo que permite que el ejército ejecute tareas de seguridad pública, y que está pensando en ampliar sus facultades.
Funes felicitó a la Fuerza Armada por las labores de seguridad desarrolladas desde hace año y medio en centros penales, puntos ciegos en la frontera y en las calles de algunos municipios, aunque en la práctica, eso no se haya traducido en una baja considerable en la tasa de homicidios. Sin embargo, sí aseguró que los militares han hecho un buen trabajo, y esa es la razón por la que no solo mantendrá el ejército trabajando en seguridad pública, sino que lo mandará a lugares a donde ha emigrado la delincuencia.
“Quiero anunciar esta mañana que he decidido prorrogar durante un año más la vigencia del decreto 70, que habilita a la Fuerza Armada a participar en operaciones de mantenimiento de la paz interna”, dijo Funes.
El presidente anunció asimismo que promoverá que el ejército intensifique su papel. “Debemos, entonces, continuar y profundizar el trabajo conjunto de la Fuerza Armada con la Policía Nacional Civil en materia de brindar seguridad ciudadana. Necesitamos ampliar la presencia de las fuerzas militares, de los efectivos militares en colaboración con la Policía Nacional Civil a aquellas zonas donde han emigrado las pandillas y han concentrado su accionar delincuencial”, expresó.
Funes explicó que se está pensando en una ampliación de las tareas y radios de acción de la Fuerza Armada. “Esta ampliación, esencialmente en materia operativa en el territorio nacional, debe ser analizada, consultada y consensuada, de manera que podamos dar una respuesta más contundente a la criminalidad y a la inseguridad”.
Dijo que el gabinete de seguridad compartirá y analizará ideas con los partidos políticos, en un afán de hacer lo mejor posible.
El secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, Hato Hasbún, es el encargado de coordinar junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, la mesa en la que las instituciones encargadas de combatir y prevenir el delito se reúnen. El primer interlocutor de la mesa será el partido Arena.
El gabinete de seguridad necesita casi 400 millones de dólares, dijo Funes. Ese dinero, aclaró el mandatario, habrá que conseguirlo de alguna manera. Aunque en noviembre pasado habló de un plan para gravar con un impuesto al gran capital para financiar el combate al crimen, hasta ahora ha sostenido que no creará ningún impuesto sorpresivo.
En esos 400 millones van incluidos los 33 millones que la Fuerza Armada necesita para mantener e incrementar sus labores de patrullaje, algo que los Acuerdos de Paz de 1992 determinaron que serían de exclusividad de la Policía Nacional Civil.
“El problema para el gobierno y para el país es esencialmente financiero, es de recursos. Un despliegue más amplio de efectivos en el territorio, un mayor equipamiento, mejores condiciones de desempeño del personal policial y militar, estímulos para este personal va siempre acompañado de mayores erogaciones. Estamos realmente haciendo mucho con poco”, dijo Funes, en las celebraciones del Día del Soldado.
Los 400 millones serían destinados a instituciones como la Policía Nacional Civil, Centros Penales, la Fiscalía General de la República, la Academia Nacional de Seguridad Pública y los planes de prevención.
Otro anuncio del presidente fue que trasladará al Consejo Económico y Social (CES) la discusión para que se defina la manera de obtener esos 400 millones extraordinarios. Funes detalló que será la próxima semana cuando se lleve a consideración del CES el tema.
El CES, sin embargo, lleva más de un año de funcionamiento pero sus acuerdos han sido mínimos. De hecho, gran parte de las sesiones se utilizaron para aprobar el protocolo de discusión. Y es en esta instancia en la que Funes pretende que se discuta la mejor manera de encontrar el financiamiento que urge para el país. Según dijo, el Ministerio de Hacienda ha elaborado una propuesta y es con base en esa que se debatirá.
La posible decisión de un nuevo impuesto llevó a la Asociación Nacional de la Empresa Privada a anunciar que se retiraba del CES si se sometía a discusión en dicha instancia un impuesto a la seguridad que supuestamente ya está acordado. Para la ANEP, el Ejecutivo tiene ya cabildeados los votos que necesitaría en la Asamblea Legislativa un plan para un nuevo impuesto, y no tiene sentido que el presidente quiera legitimarlo en el CES. Por eso fue que Funes prometió a los empresarios que no iba a sorprenderlos con un nuevo tributo sorpresivo.
