La Asamblea Legislativa inició el jueves 10 el proceso de selección del nuevo presidente y dos magistrados de la Corte de Cuentas de la República, sin la garantía de que los nuevos funcionarios, que asumirán el cargo el próximo 28 de junio, no vayan a estar directamente relacionados con un partido político, como ha sucedido durante el último cuarto de siglo.
La Corte de Cuentas está en manos de dirigentes del Partido de Conciliación Nacional (PCN) desde 1985 y el diputado del FMLN Roberto Lorenzana denunció la semana pasada que el secretario general pecenista, Ciro Cruz Zepeda, ya está presionando al Ejecutivo para que su partido mantenga el control sobre la institución, que en teoría debe velar por el manejo transparente de los fondos públicos.
Dagoberto Marroquín, diputado del PCN, es ambiguo y recurre al sarcasmo cuando se le pregunta por la supuesta negociación abierta con el Gobierno de Mauricio Funes: “En primer lugar, si son negociaciones privadas entre nuestro secretario general y el señor Presidente de la República, que es una persona muy transparente, ¿quién va a saber? ¿Quién ha estado ahí?. Don Lorenzana no ha estado ahí. Creo que él está especulando, cosa que es muy fea”.
Marroquín niega cualquier presión sobre el Ejecutivo, y diputados de los dos principales partidos políticos, FMLN y ARENA, dicen estar decididos a no apoyar la reelección del pecenista Hernán Contreras en la presidencia de la Corte de Cuentas. Los legisladores, sin embargo, no se comprometen con la elección de funcionarios independientes. Eso lo dejan para después, dicen; primero piden que se discutan una serie de reformas que pretenden terminar con el “presidencialismo” de la Corte de Cuentas.
“La Corte de Cuentas ha estado secuestrada por un partido político, lo cual no es sano. Creemos que (Contreras) ya lleva demasiado tiempo y proponemos que sea un ente colegiado y que el presidente de la Corte no sea todopoderoso como lo es ahora, aparentemente es Gadafi el que gobierna, entonces no puede ser”, critica el diputado de Arena, Mario Valiente. Inmar Reyes, del FMLN, lo secunda: “Es importante hacer colegiadas las decisiones de la Corte de Cuentas porque tenemos un sistema presidencialista y las decisiones de desvanecer o condenar a un ministro o a un gobierno local las toma el presidente. Los otros dos magistrados, como decimos en buen salvadoreño, están pintados”.
Cuando se les insiste en preguntar si su partido apoyaría la elección de un presidente no vinculado a un partido político, en las respuestas comienzan las vacilaciones. “No quisiéramos hablar de personas, crremos que es importante que gremiales de abogados, auditores, economistas puedan proponer”, dice el jefe de bancada de ARENA, Donato Vaquerano. “Creemos que debe llegar un nuevo funcionario, pero con las reformas que estamos proponiendo, no solo de cambiar la constitución sino de cambiar al funcionario que está ahí porque de lo contrario no tendría sentido”, dice Reyes.
ARENA presentó en la plenaria del jueves 10 una pieza de correspondencia para reformar la Ley de la Corte de Cuentas. El FMLN y el mismo PCN piden desempolvar una propuesta que presentaron el año pasado, mientras que Cambio Democrático asegura que presentará su propia iniciativa en los próximos días. “Más allá de una discusión en el que si el PCN debe ser o no continuar siendo, nosotros no limitaríamos la discusión a eso porque puede llegar otro partido político. La discusión debe ser de fondo: la posibilidad de una nueva ley y la posibilidad de modificar los requisitos para quien componga o integre la Corte de Cuentas, porque si no volvemos a caer en lo mismo”, dice Douglas Avilés, del CD.
Mientras la mayoría de partidos arremeten contra la gestión de Hernán Contreras y enfatizan la necesidad de cambios, el único que parece conforme es Guillermo Gallegos, diputado de GANA, quien lanza una palmadita de respaldo al trabajo del pecenista: “Es muy prematuro decir si vamos a apoyar o no (la reelección). Lo que sí podemos destacar es que el presidente actual ha hecho un buen papel, es una persona que merece toda la confianza. En este momento no sabemos sí él va seguir siendo propuesto por el PCN o qué, ¿verdad?”.
Mario Valiente interpreta el respaldo de GANA a Hernán Contreras como el pago de un favor al ex presidente Antonio Saca, quien respondió a cuestionamientos de la Asamblea sobre el manejo de la partida secreta mostrando un finiquito que le extendió la Corte de Cuentas. “Es increíble cuando un presidente que ha fungido cinco años tiene en 15 días un finiquito. Imposible, no hay manera de elaborar una auditoría de gestión de cinco años de un presidente (en ese tiempo). Chucho no come chucho y si come no come mucho, dice el viejo refrán”, reflexiona.
El diputado Marroquín, al tratar de defender el trabajo de su partido al frente de la Corte de Cuentas, reconoce que los principales puestos han sido asignados por cuotas políticas. “¿Por qué no dicen que ellos tienen un magistrado? Aquí ya están mintiendo porque ellos (ARENA) tienen un magistrado que se llama Abdón Martínez, un hombre recto, honorable; luego está el magistrado (Arnoldo) Marín que es de la democracia cristiana. Sí quieren poner a alguien apolítico bienvenido sea, son libres de poner a cualquiera”. “Hay propuestas, unos quieren a Juan Héctor Vidal, un economista de primera línea, creo que FUSADES está presentando la oferta de la ejecutiva que tienen ahí, aquí nadie se opone. No depende de nosotros, si nosotros tenemos 10 pinches votos”, se justifica.
Cierto. Pero aunque en las últimas dos décadas no han sido mayoría en la Asamblea, el PCN, fiel de la balanza en casi todas las decisiones del Legislativo, ha conseguido los votos para mantenerse en ese cargo. Luego de que Ciro Cruz Zepeda fuera destituido de la presidencia de la Corte de Cuentas en 1985 en castigo por la entrega irregular de un finiquito al presidente de la Comisión Nacional de Restauración de Áreas, Luis Mejía Miranda, el cargo pasó por manos de otros pecenistas: Hernán Contreras, Francisco Merino y Rutilio Aguilera. Las gestiones de esos funcionarios nunca han sido auditadas, pesea a lo que ordena la ley de la institución, que está en vigor desde 1995.
Por el momento, los diputados están más interesados en hablar de reformas que en aplicar esa disposición legal. “Esa es una materia pendiente de la Asamblea. En su momento lo tendremos que plantear aquí en la comisión política o en la junta directiva. Tendría que hacerse, porque es por ley, por constitución”, dice escuetamente Gallegos.
