El gobierno y los representantes del transporte público definieron ayer lunes una calendarización a corto plazo para implementar proyectos de mejora al servicio de transporte de pasajeros. Esta es la respuesta gubernamental a una seguidilla de accidentes de tránsito provocados por el transporte público la semana pasada y que dejaron un saldo de 19 fallecidos y decenas de heridos.
Uno de los planes que ya está calendarizado, y el cual se supone que cuenta con el apoyo de los transportistas, es uno que afecta directamente al centro de la capital. La idea es descongestionar 15 cuadras del Centro Histórico, explicaron fuentes de la presidencia, y organizar el trayecto de las rutas en circuitos que descongestionen las calles principales. 'La idea es despejar el centro de autobuses', explicó Catalino Miranda, dirigente transportista.
Según los plazos establecidos en la reunión de ayer, este plan se echará a andar desde el 15 de marzo.
Otros de los planes que se decidió echar a andar son la carnetización de conductores (a partir del 22 de marzo), el seguro obligatorio (a partir del 1 de julio), la creación de una escuela pública para conductores (a partir del 1 de abril), la creación de un Centro de Atención de Denuncias (a partir del 1 de abril), la tarjeta prepago (en el segundo semestre de 2011), y las revisiones mecánicas obligatorias para las unidades (a partir del 1 de abril). El viceministerio de Transporte supervisará.
La renovación de la flota de buses y microbuses no fue un punto exigido de manera explícita por el gobierno pero sí se incluyó un rubro que tiene que ver con la instalación de escapes dirigidos hacia arriba y no hacia los laterales de las unidades de transporte.
Por su parte, los transportistas se comprometieron a respetar las paradas de buses, transitar con las puertas cerradas, no sobrecarga las unidades, evitar la conducción temeraria, y procurar que las esquelas adeudadas se paguen. El gobierno, mediante la Policía Nacional Civil (PNC) se comprometió a vigilar y hacer cumplir la ley sin tregua.
Durante el fin de semana, la PNC emprendió una inusual ofensiva contra el transporte público. Impuso 950 esquelas de tránsito solo a conductores del transporte público. Esta campaña fue una reacción ante los accidentes de tránsito provocados por el transporte público durante el fin de semana. Y ante lo que calificaron de 'amenaza', muchos motoristas se rehusaron a conducir sus unidades como todos los días temerosos de que fueran multados nuevamente por no poseer los papeles en regla, y apoyaron la manifestación hacia Casa Presidencial.
El sistema de transporte no permite que una persona que adeuda el pago de una multa refrende su licencia de conducir. En estas condiciones están cientos de transportistas.
Los salvadoreños adeudan al Estado 11 millones de dólares en concepto de multas de tránsito, según estimaciones de los últimos seis años, dijo el viceministro de Transporte, Nelson García.
Para hoy martes, la campaña policial contra las irregularidades en los documentos de tránsito de los transportistas y el estado de sus unidades, seguía en pie. “Estamos dispuestos a cumplir la ley y a que se respete. Ya ven los conflictos que se arman por hacer esto, y estamos dispuestos a seguir así”, dijo Hasbún ayer.
El empresario transportista Catalino Miranda se mostró satisfecho por el acuerdo: 'El sistema de transporte no es cueva de pícaros de ahora en adelante. Lo que vamos a hacer es aprovechar la oportunidad que está dando el Estado para pagar por plazos las multas'.
Hato Hasbún, secretario de Asuntos Estratégicos, confirmó que Hacienda estudiará un procedimiento especial para permitirles pagar las deudas en plazos. Los transportistas hablan incluso de permisos de conducir temporales mientras trabajan por quedar solventes.
Algunos planes
Las nuevas fechas para los proyectos de transporte surgieron en medio de la conmoción que el lunes ocasionó el paro de las diversas rutas de buses y la marcha de casi mil choferes hasta Casa Presidencial para exigir que se les perdonaran las esquelas acumuladas. La presidencia descartó haber cedido a la presión en las calles: “Los compromisos que estamos anunciando ya se habían establecido en las reuniones anteriores, esto no es novedad, lo que hemos hecho hoy ha sido ratificarlos y establecer tiempos”, aseguró Hasbún.
Ante los resultados de la reunión de ayer, todo tipo de paros o marchas fueron levantados, explicaron los dirigentes transportistas.
El VMT aun no ha calculado cuánto podría costarle la implementación de las 14 'condiciones' pero cumplir un solo proyecto como la colocación de gobernadores de velocidad en casi 10,600 unidades del transporte público (otro de los planes) costaría $2 millones. En total, son 14 puntos que tanto el gobierno como los transportistas deberán cumplir cada uno desde su lado.
El plan de ordenamiento en el centro de San Salvador implica que en un aproximado de 15 cuadras del Centro Histórico, el VMT prohibirá que determinadas rutas de transporte público circulen, esto con el objetivo de descongestionar el centro capitalino. Este plan echará a andarse el 15 de marzo, dijo Hasbún, y está relacionado con otros ejes de trabajo como el plan de seguridad que la Secretaría de Asuntos Estratégicos también está trabajando.
Otro de los acuerdos fue darle cumplimiento al Decreto 571 que ordena que los transportistas cuenten con seguro obligatorio de daños a terceros. El Decreto establece que la entrada en vigencia de estos seguros es el 1 de julio.
Para las revisiones mecánicas, las partes acordaron que se creará una comisión interinstitucional que contará con delegados de la subsecretaría de Transparencia, de la Policía Nacional Civil, de la Mesa Nacional de Transporte, del viceministerio de Transporte y del ministerio de Hacienda. Esta comisión será la encargada de subcontratar mecánicos que hagan visitas periódicas a las unidades y verificar su estado de funcionamiento.
Después de unas 12 horas de negociaciones en Casa Presidencial, representantes del Ejecutivo y de las gremiales de buseros brindaron conferencias de prensa separadas. Sus discursos fueron casi similares. Ambos grupos señalaron que la negociación tuvo lugar “para darle un mejor servicio al usuario”. Los que el lunes hablaron frente a los medios de comunicación también pertenecen a la Mesa Nacional de Transporte, que desde hace seis meses aborda los problemas del sector.
Pero hubo diferencias entre los discursos del gobierno y de los transportistas. Una de ellas fue respecto al subsidio. Contreras Teos, en representación de los buseros, dijo que el cumplimiento de los 14 puntos acordados no tenía relación alguna con el subsidio al diesel que reciben mes a mes de parte del Estado para sufragar el alto costo del combustible. “En ningún momento hemos aceptado condicionar estas fechas a lo que ya habíamos negociado de la compensación. Estamos tratando es de cumplir una serie de compromisos que teníamos en la agenda, pero la compensación lleva su propio proceso de formación de ley como lo habíamos pactado”.
Quince minutos más tarde, en el mismo salón de Casa Presidencial, Hato Hasbún –flanqueado por dos subdirectores de la PNC, el subsecretario de Transparecia, y el viceministro de Transporte—decía lo mismo, en el mismo orden: “Primero, seguimos manteniendo la posición de que si no se cumplen las condiciones establecidas no incrementamos el subsidio. Eso quedó totalmente claro. Por lo tanto, les hemos dado tiempo para que cumplan estas condiciones”.
No es cueva de pícaros los que vamos a tener adelante. Sino que le vamos a ayudar a aquellos conductores que se presenten y que vamos a aprovechar la oportunidad que está dando el Estado para dar las esquelas por multas y el que no quiera lastimosamente va a quedar afuera.
