El ministerio de Economía (Minec) enviará a la Asamblea Legislativa una nueva Ley de devolución de derechos arancelarios, mejor conocida como “drawback”. La normativa es parte del primer paquete de leyes que el ministerio ha puesto en estudio en el parlamento para echar a andar la política integral de fomento de exportaciones.
“El drawback real no es un subsidio. Es una devolución de los impuestos de importación de los insumos destinados a la producción que se exporta”, dijo este lunes Héctor Dada Hirezi, ministro de Economía. Al contrario, explicó el titular, la Ley de reactivación a las exportaciones, derogada el 16 de diciembre pasado, era un subsidio directo a las exportaciones al reintegrar el 6% del precio de los productos vendidos al exterior, algo que contraviene los convenios firmados por el país con la Organización Mundial de Comercio (OMC)
Según los datos del Minec, 241 empresas reciben este subsidio y para 2010 alcanzó un poco más de los 23 millones de dólares. En promedio, el Estado salvadoreño pagó 18.8 millones anuales de dólares entre 2000 y 2009. Según lo acordado con la OMC, este subsidio tuvo que ser derogado en diciembre de 2005.
“Ahora lo que se está haciendo es un proyecto de ley que va a devolver la parte proporcional de impuestos pagados por materias primas y bienes intermedios cuando el producto se exporte fuera de Centroamérica”, dijo Mario Róger Hernández, viceministro de Economía, quien reconoció que todavía existen algunas empresas de algunos sectores donde se paga impuestos por bienes intermedios. “Ahí va a ocurrir una efectiva devolución de los impuestos pagados”, aseguró.
El monto de las devoluciones a los importadores, en un porcentaje que no se detalló, saldrá de un monto inicial de 28 millones de dólares ya destinados para apoyar y promocionar al sector exportador en este año. “Este sería un ‘drawback” de verdad en un monto muy pequeño, porque hay muy pocos insumos industriales que pagan impuestos al ingresar al país todavía... Puede andar en una cifra muy inferior de los 23 millones de dólares que se pagan ahora”, dijo Dada Hirezi.
“El propósito esencial es evitar exportar impuestos internos. Porque cualquier impuesto es trasladado al producto final e incide en el precio final de venta”, explicó el viceministro Hernández. En el caso salvadoreño, muchas de las materias primas bajaron sus aranceles en los últimos 20 años, cuando fue aprobado lo que el ministro ha denomina como “el mal llamado ‘drawback’”, y convirtió a la medida en un subsidio directo a las exportaciones.
Según los funcionarios, más allá de la discusión alrededor de la derogación del “drawback”, la intención del Ejecutivo es introducir una agenda de competitividad para de las exportaciones salvadoreñas. “Esto es mucho más amplio que eliminar un subsidio, es impulsar una agenda de comercio exterior ordenada, seria y con visión de mediano plazo”, dijo Hernández. “El plan quinquenal contempla alrededor de 175 millones de dólares para esta política de comercio exterior. “
Dada Hirezi hizo hincapié en que la práctica demostró que el tipo de estímulos que se le daba a las exportaciones en gestiones pasadas, incluyendo entre ellas el “drawback”, no funcionaron para dinamizar el sector. Según un estudio realizado por el Ejecutivo, el país tenía una base empresarial muy poco y débilmente insertada a la economía internacional, una estructura de políticas sectoriales con pocos estímulos que estaban concentrados en pocas empresas y bajos niveles de innovación, investigación, desarrollo y competitividad. Todo ello, sumado a una institucionalidad débilmente coordinada y con pocos canales de comunicación abiertos con el sector productivo.
Giovanni Berti, director de la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones (Exporta), explicó que este análisis, después de ser socializado con diferentes gremios, empresarios privados y tanques de pensamiento, fue el punto de partida para la Ley de fomento a la producción que se encuentra en la Asamblea Legislativa y que busca aumentar la productividad de los exportadores, diversificando los productos y los destinos de exportación.
En 2010, el 47% de las exportaciones tuvo como destino final Estados Unidos; y otro 35%, la región centroamericana. “Fuera de esos mercados hay pocas empresas y pocos productos que se estén insertando de manera competitiva en nuevos mercados”, dijo Berti. A ello se suma que sólo un 5% de los productos que se exportan aprovechan la apertura de mercados con los diferentes tratados de libre comercio (TLC), donde casi 9 de cada 10 productos están bajo estos convenios firmados por el país.
La ley manejaría un fondo de 28 millones de dólares para este año, recursos provenientes de la liberación de recursos financieros del “drawback”, más fondos públicos y de cooperación.
Economía también pretende la creación del comité del sistema integral de fomento a la producción empresarial, en el que se incorporarán el sector público y el sector privado -industrial, exportador y comercial- y, además, las cooperativas e instituciones académicas de educación superior. El objetivo, dijo Berti, es fortalecer a la base empresarial para fomentar un sector exportador más fuerte, más diverso y, especialmente, más competitivo.
La tercera normativa, que sería entregada también esta semana a la Asamblea, permitiría la creación del Centro de Importaciones y Exportaciones (Ciex), una especie de ventanilla única para todos los trámites comerciales internacionales. En la actualidad, el control de las exportaciones es manejado por el Centro de Trámites de Exportación (Centrex), bajo la tutela del Banco Central de Reserva (BCR), y el de las importaciones, en el Ministerio de Hacienda. La idea es centralizar los procesos en el Ciex y hacer más eficientes los procesos. “La creación de una ventanilla única va a permitir agilizar mucho el comercio y facilitar mucho el comercio, porque esto representa costos. El objetivo de todo es reducir los costos de operación de todas las empresas exportadoras”, dijo Hernández.
Economía espera que la aprobación de los tres cuerpos normativos no pase de este mes. Las tres leyes son uno de los requisitos que pusieron los partidos de oposición para que efectivamente el “drawback” sea retirado a los exportadores a partir del 31 de enero próximo, pero no descartan que se puedan solicitar prórrogas para no dañar al sector.
El Ejecutivo ha insistido en la eliminación del drawback basándose en que solo unos pocos empresarios son los que recibían los cerca de 23 millones de dólares anuales en concepto de subsidio a las exportaciones.
