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'No entiendo por qué El Salvador se queda callado y acepta esta investigación amañada'

La fiscal costarricense dice que la investigación que terminó en la condena de Manolito por el asesinato de los diputados salvadoreños fue iniciada por 'un delincuente'. Añade que las evidencias apuntaban a una red de funcionarios, pero el ex jefe de la comisión antimafias guatemalteca se vendió al mejor postor: 'A Castresana le dije que era un gran corrupto'.


Domingo, 9 de enero de 2011
Rodrigo Baires Quezada

Giséle Rivera está desde agosto de 2010 en el ojo de huracán. “Mi prisión es Costa Rica”, dice y sonríe con sarcasmo, ironizando sobre su propia suerte: sobre ella pesa una orden de captura internacional girada en Guatemala, país donde trabajó como investigadora de la CICIG y donde se le acusa de los delitos de doble representación, patrocinio infiel y encubrimiento propio.

En Costa Rica, ahora ella se mueve rodeada de guardaespaldas y ellos, al final de cuentas, deciden si es necesario que una o varias noches cambie de casa, que vaya al trabajo o que reciba visitas. Comunicarse con ella requiere una serie de triangulaciones, de llamadas a terceros y de tomar nuevas medidas de seguridad hasta para determinar por qué medios se podrá comunicar. “Todo por seguridad”, se queja Rivera y se lamenta de que hacer las cosas bien, según ella, supongan “perder su propia libertad”. Ahora el Estado costarricense le provee protección. Así que mientras un Estado centroamericano pide al mundo su captura, otro Estado centroamericana le ayuda a esconderse de las posibles amenazas.

Durante cerca de nueve horas, Giséle Rivera habló con El Faro. Lo hizo en seis momentos diferentes durante las últimas tres semanas de diciembre de 2010. En esos encuentros, algunos por teléfono o vía internet, habló de todo lo que encontró durante sus investigaciones en Guatemala, de los vacíos en el juicio por el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlacen, de la manipulación de pruebas desde el Ministerio Público (MP, la fiscalía guatemalteca) y el Ministerio de Gobernación (MG) y de la estructura criminal que, según sus investigaciones, existe alrededor de todos estos casos y en la que estaban involucrados los más altos mandos de la seguridad pública guatemalteca en el gobierno de Óscar Berger.

Giséle Rivera, fiscal costarricense y ex investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).
Giséle Rivera, fiscal costarricense y ex investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).

Usted no estaba asignada a la investigación de los diputados salvadoreños y su motorista. ¿Cómo llega hasta el caso Parlacen?
Porque estaba investigando el asesinato de Víctor Rivera, asesor del Ministerio de Gobernación. Entonces tenía que ver en qué casos había trabajado él y veo que Rivera era uno de los elementos comunes denominadores en todos los casos.

¿Usted no sabía quién era Víctor Rivera, alias “Zacarías” o “Frank”?
No, cuando voy viendo quién es este elemento es cuando entro a ver los casos Parlacen y El Boquerón... de una vez me sale el caso Parlacen. Ya en Guatemala se hablaba de los grupos de ejecución en la PNC y había muchos cuestionamientos sobre el trabajo de Víctor Rivera y su grupo. Ahí es cuando empieza a salir esta estructura criminal. Y luego es que me empiezan a hablar de la toma de la cárcel de Pavón y de la recaptura de los fugados de El Infiernito. Y siempre eran él, Rivera, “los Riveritas”, Víctor Hugo Soto Diéguez, los hermanos José Luis y Henry Danilo Benítez, Javier Figueroa, Erwin Spirisen, Álvaro Matus Flores y Carlos Vielmann.

¿De qué fechas hablamos?
La primera vez que me reúno con Edwin Elías Marroquín, fiscal asignado al caso Parlacen, es a mediados o a finales de junio de 2008.

En ese entonces, ¿Roberto Carlos Silva Pereira y Manuel de Jesús Castillo Medrano ya eran vistos como los autores intelectuales del crimen?
Para julio de 2008, Marroquín todavía no tenía esa hipótesis. Él decía que era Castillo Medrano, alias “Manolito”. Él, solo. Entonces se decía que él era un narcotraficante.

¿Se tenía pruebas de ello? Pregunto esto porque no se le acusa de ello en ningún momento en todo el proceso, pero sí de no haber devuelto una laptop al Congreso guatemalteco.
Los testigos del MP decían que “Manolito” se dedicaba a traficar y a repartir droga, pero eso es era simplemente lo que la gente decía. Sobre eso, por información que tenemos con testigos, efectivamente parece serlo. Además, nos dicen que él trataba con esta estructura de Figueroa y Rivera, y que les pagaba un derecho de paso, y ese tipo de cosas, para entrar droga por Jutiapa y luego subirla a México. Según nuestras indagaciones, llega un momento en que Manolito, no se sabe por qué razón, les dice: “Ya no les pago más”. No sé si es a partir de que ya es diputado del Congreso de la República de Guatemala.

¿Entonces para julio de 2008 la hipótesis del Ministerio Público guatemalteco es que el único autor intelectual del crimen es Castillo Medrano?
En un primer momento, la investigación del MP decía: “Manolito tiene una organización, una banda en Jalpatagua, y es quien planifica tumbar (robar) el dinero y/o la droga que traía en el vehículo de William Pichinte”. Desde ese punto empiezo a investigar, a estudiar el expediente, y busco si en él hay alguna vinculación de esto.

¿Vinculación?
Sí, primero busco que se haya acreditado efectivamente en el expediente que Manolito y que los miembros de la tal banda de Jalpatagua –Carlos Orellana Donis, alias “Chejazo”, “Yegua Arisca”, “el Gato” y Vanner Adílcar- tenían conformada una estructura delictiva. Segundo, si esta estaba precisamente vinculada a Luis Arturo Herrera López, que era el jefe de la División de Investigación Criminal (Dinc), y del resto de policías... Cuando hay una hipótesis pues hay que corroborarla.

¿Qué había que corroborar en esta hipótesis?
Que efectivamente estos policías tenían una relación con la banda de Jalpatagua, que esta, a su vez, la tenía con Manolito y viceversa. Y también con el tal “Montaña 3”. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una banda, de una estructura que se asocia ilícitamente, tenemos que acreditarla en el tiempo. En el expediente no aparece ninguna prueba al respecto. La acusación del MP no describe para nada cómo es que se da la planificación del hecho. Debe de haber una relación directa entre acusación y sentencia. La acusación no dice que “Manolito” se dedicaba al narcotráfico o que mantenía actividades ilícitas, y que se había establecido que durante “x” tiempo había tenido una organización criminal, en la que formaba parte “Montaña 3” y los de la banda de Jalpatagua. No se dice nada de eso. Solo la acusación era para que cualquiera desbaratara el caso. ¡Es que son tantas inconsistencias!

Hablando con el fiscal Edwin Marroquín, este dice que los estudios de interconexión de llamadas y los vídeos son los que demuestran que ellos son parte de una estructura. ¿Con base en qué acusan a la gente de Jalpatagua en marzo de 2007 si el estudio de las llamadas realizado por Emmanuel Rivera y Ronny Espinoza es entregado en mayo?
Es que ellos no están analizando nada. Era justificar una versión oficial. Ellos no investigaron qué estaba haciendo Soto Diéguez, qué estaba haciendo Erwin Sperisen y nunca se preguntaron por qué Javier Figueroa salió escabullido precisamente después de todo esto.

Pero sí se pidieron las bitácoras de llamadas, entre enero y febrero de 2007, de Soto Diéguez y Javier Figueroa. La solicitud la hace Francisco Asencio Cándido Bremen, segundo al mando en la investigación, al juzgado correspondiente...
... Él estuvo metido en la investigación en un primer momento. Cándido Bremen tiene un rol muy activo en el caso Parlacen.

Incluso pide también información de los movimientos bancarios de estas dos personas y del entonces director de centros penitenciarios, Víctor Hugo Rosales.
Sí, pero a él lo sacan del caso extrañamente. No hay ninguna justificación de por qué sale de la investigación. No vuelve a aparecer. No sé qué se hizo luego. Queríamos entrevistarnos con él y no lo encontramos. Cuando lo pregunto a Matus Flores dónde estaba, me dice que había sido trasladado al interior del país.

¿Toda esta información que solicitó Bremen no estaba en el expediente?
No, no estaba. Por el principio de transparencia y lealtad procesal, esta información, todas las acciones de investigación realizada, tienen que constar en el expediente.

¿Habla de una “versión oficial”?
Exactamente. Rodrigo Ávila me dice, en una entrevista que le hicimos en noviembre de 2009, que es Rivera, 'Zacarías', quien empieza a decir que Manolito estaba vinculado. ¿Qué es lo relevante en este caso? Que resulta que quienes hacen este estudio de intercomunicaciones son parte de “Los Riveritas”.

¿Quiénes?
Son los hombres de Víctor Rivera en el Ministerio de Gobernación. Emmanuel Rivera Gálvez, que es quien sustituye a Víctor Rivera a su salida del Ministerio de Gobernación, y Ronny Espinoza, eran también de “Los Riveritas”.

¿Por qué no es creíble el estudio?
Porque cuando voy a la cárcel y hablo con los imputados, ellos me dicen que esos números no eran de ellos, que me lo juraban. Pero los delincuentes siempre van a mentir... Esa es la premisa número uno en una investigación. Cuesta mucho que un imputado diga: “Yo lo hice”. Ellos me juran que no son sus teléfonos. Cuando me siento a revisar más detalladamente este expediente, le pregunto a Marroquín de dónde saca que esos teléfonos pertenecen a ellos. “Porque nosotros tenemos testigos que dicen que son de ellos”, me dice. “¿Y cuáles son esos testigos?”, le pregunto. En el expediente hay unas entrevistas a vecinos de la gente de Jalpatagua, tanto de “Chejazo” como de todos los otros, en las que se dice que ellos eran unos grandes delincuentes, que los habían visto con Jeiner Ercides Barillas Recinos. Pero no hay una cuestión concreta, no hay un documento concreto que demuestre eso. De lo que consta en el expediente, por ejemplo, Mario Javier Lemus Escobar, “Yegua Arisca”, tiene préstamos en un banco en Guatemala. En el banco le aparece, de referencia, otros números telefónicos: el de su casa, un celular de su compañera y otro a su nombre, que no coincide con los números investigados de él. El estudio de ese celular, oficialmente, nunca fue realizado. O sea, no hay un elemento de prueba solvente que me deje decir, por ejemplo, que la compañera de él o su papá le hablaban a ese número. Hablo de gente muy cercana, por ejemplo. Se tenía que haber investigado el círculo cercano de familiares y de amigos para decir “este es el número”. Eso vale para cada uno de ellos.

El estudio telefónico hace la correlación con los vídeos.
¿Con cuáles vídeos? El único vídeo que vi es el de la gasolinera. ¿Cuáles otros vídeos tienen ellos?

En el juicio ellos presentaron dos vídeos más. Uno sobre la calle, frente al centro comercial La Pradera, y el otro del McDonald´s.  El estudio que firman el mismo Víctor Rivera, Emmanuel Rivera y Ronny Espinoza, el testigo que llevan como perito para acreditar la prueba...
... Espinoza, como le dije, es parte del grupo de “Los Riveritas”. Es parte de la estructura.

Quiero ordenar esta conversación. Silva Pereira y Castillo Medrano, según el testigo De León López, están en el Rancho Guarumo, en San Sebastián Salitrillo, El Salvador, el 12 de noviembre de 2006. Ahí, Silva Pereira dice que quieren matar a Eduardo d´Aubuisson en venganza porque lo delató con la DEA. Dos mese después, en Jalpatagua, Guatemala, el testigo protegido por la Fiscalía salvadoreña maneja otro móvil: el desafuero y, de paso, un “tumbe” de drogas y dinero que iban en el vehículo de los diputados. Los dos testigos hablan de venganza pero es por motivos muy diferentes.
¿Cuándo es que aparecen estos testigos? ¡Aparecen en el proceso a finales de 2008!

La versión de que el vehículo en el que iban los diputados había dinero o drogas se conoce por el testigo salvadoreño Fredys. ¿El MP utiliza a este testigo pero no investiga este móvil?
No.

La relación de Manolito y Silva Pereira la sustentan dos testigos y nos chocan los móviles que ellos manejan. Una cosa es la DEA y otra, muy diferente, es el proceso desafuero.
¿Cuál es el estatus de Silva Pereira? Él no está detenido por la DEA en Estados Unidos...

¿Cuál es el procedimiento para manejar los testimonios de testigos protegidos que tienen antecedentes? Pregunto esto porque se me hace muy sencillo pensar que, si estoy siendo procesado por un crimen cualquiera, diría exactamente lo que quiere escuchar la Fiscalía, declarar y salir libre.
No podés basarte solamente en lo que dice... Ahora, la gente dice que los testigos protegidos son delincuentes. ¡Claro que tienen que ser delincuentes! Es muy difícil que una persona que anda en actividades lícitas se vaya a meter con delincuentes, a menos que sea amenazada. Siempre tienen que ser gente de la misma estructura. Ahora, empecemos por esto del rancho Guarumo. ¿Es cierto que estaba abierto para noviembre de 2006?

En teoría es que estaba cerrado.
¿De León López trabajaba con Silva Pereira?

En teoría, sí.
Si era así, tenía que haberse acreditado la relación. Para corroborar lo que una persona dice tengo que tener elementos objetivos que lo prueben.

¿Cuáles serían esos elementos?
En derecho están las reglas de la sana crítica racional, esto tiene que ver con la lógica, la experiencia y la sicología. El juez, como es perito de peritos y es soberano al valorar la prueba, no puede, solo porque se le ocurre, sobrepasar la lógica. Esa lógica tiene que ver con la lógica de un hombre medio, no de un genio. Hablamos de que es el análisis que haría cualquier ser humano. La racionalidad y la proporcionalidad en ese análisis lógico es el que tiene que tener la sentencia. Ya desde ahí, este caso se rompe. Cuando hay más de una respuesta a una situación, ya existe una duda y ya no puede ser una verdad absoluta. En este caso, se toma a testigos sin que se corrobore sus testimonios. No hay elementos ni antecedentes que los corroboren. ¿Existe una relación previa entre “Manolito” y Silva Pereira? ¿Cómo inicia esta? ¿En ocasión de qué se da? Yo podría pensar que porque son diputados se pueden conocer.

Pero eso no significa que tengan la confianza mutua para planificar un crimen.
Entonces, el MP tendría que haber establecido desde cuándo se da esta relación y nada de esto está acreditado en el proceso del caso Parlacen. Y aquí también es sumamente discutible el hecho de que Silva Pereira no tiene un estatus de narcotraficante en Estados Unidos...

... Donde tiene un proceso por ingreso ilegal a su territorio y ha solicitado asilo político.
¡Ese es el punto! ¿Cómo y por qué llegó este testigo al rancho Guarumo? Cree que unos capos, que manejan dinero y drogas, que van a planificar un crimen, van a ir a un lugar a vista y paciencia de gente ajena. Todos esos cuestionamientos se los hice a Marroquín. “Esta no es una investigación fiscal, lo que me estás contando son habladurías”, le dije.

Además de los testigos De León López y Fredys, ¿hay otra prueba que relacione a Silva Pereira con el asesinato de los tres diputados y su chofer?
Nada. De lo que a mí me dejaron ver, de lo que se suponía era oficial, no hay nada.

Desde el punto de vista procesal, estos testimonios que hablan de Silva Pereira y Manolito, ¿no se contradicen mutuamente?
Esta investigación no tiene un procedimiento técnico ni científico, que es lo que debe de tener toda investigación fiscal. Cuando se me dice que Silva Pereira está involucrado, lo primero que le digo a Carlos Castresana es: “Bueno, voy a ir a hablar con Silva Pereira a Estados Unidos”.

¿Qué le dijo Castresana?
En un primer momento me dice que sí, que buscará la posibilidad para que vaya. Esto está por escrito.

¿Por qué no fue a entrevistarse?
Porque se relega la gestión una y otra vez. Todo eso está en los documentos.
 
¿No pidió toda esta información al MP?
Sí, le dije a Marroquín que quería ver las investigaciones de las relaciones entre Manolito y Silva Pereira. ¿Cómo podíamos acreditar objetivamente esas pruebas? Si las salidas y entradas por la frontera ya no se podían ver, pues había que ir a las comunicaciones entre ellos. ¿Dónde está el estudio comunicacional de los números de Silva Pereira? ¡No está! Eso era básico, más que elemental.

¿Un estudio comunicacional de Silva Pereira podría acreditar si estuvo en la zona del Rancho Guarumo o demostrar que Castillo Medrano estaba en El Salvador en la fecha que relata el testigo?
Sí, un estudio de radiobases podría hacer eso. Además, en el expediente del MP aparece el testimonio de otro testigo que dice que Manolito se había reunido con un tipo y este lo escuchó peleándose con Eduardo d’Aubuisson por teléfono el 17 de febrero. Ahí es cuando le digo a Marroquín que quiero que me enseñaran toda la investigación realizada en El Salvador: las relaciones entre las víctimas, quiénes eran las víctimas, quién era el piloto; y quería un estudio de sus comunicaciones telefónicas de, por lo menos, seis meses atrás del hecho de todos ellos. ¿Quién era William Pichinte, Eduardo d’Aubuisson y Ramón González? ¿Quién era el piloto? ¿Qué hacían estas personas? ¿Hay investigaciones sobre las víctimas o es simplemente que todos se subieron al mismo carro y ya les tocaba? ¿Por qué nadie se cuestiona nada de esto? Existe esa carencia en el proceso y uno se pregunta por qué no lo hicieron de oficio en El Salvador. Además, podíamos pensar que Pichinte traía dinero u otras cosas en el carro. Lo dice un testigo de ellos (Fredy). La CICIG entrevistó a dos personas que dicen que sí se traía dinero. Uno de ellos, asegura, es quien saca el dinero junto a Soto Diéguez de la zona. En Guatemala se dice que este hombre llevaba plata y que era del narcotráfico. Eso es una especulación, pero hay que demostrar si es cierto o no. Eso también le debería de interesar a las autoridades de El Salvador.

El día crítico, Montaña 3 se comunica con Manuel de Jesús Castillo Medrano, a las 8:50:41 de la mañana. Eso es un hecho. ¿Qué se dijo en esa llamada?
Nadie lo sabe, porque no hay intervención de la comunicación.

Claro, suponemos que casualmente concuerda más o menos con la hora de llegada de los diputados a la frontera. Eso es lo que dice Marroquín en una entrevista con El Faro. ¿Las suposiciones y las casualidades son pruebas per se en un juzgado?
No, no lo es un tribunal. Con respecto a ese punto, yo mandé a policías a la frontera con El Salvador porque ahí hay cámaras y quería ver si tienen registros de a qué horas ingresa la caravana de los diputados a Guatemala.

¿Quién certifica la suposición del MP, fundamentada en una casualidad, de que Montaña 3 estaba informado a Castillo Medrano sobre la entrada de los diputados?
Esa es mera especulación, no hay ni un solo elemento de prueba que me diga que esta llamada tiene ese contenido. Aquí hay otro elemento: hay una relación evidente entre Montaña 3 y Manolito, que lo mete a trabajar en el Congreso, y podría ser que se dediquen a delinquir y a un montón de porquerías.

La jueza, en la lectura del veredicto, dice que hay una relación más allá de lo interpersonal.
Puede haber una relación, podrían dedicarse a cometer un montón de hechos delictivos pero no necesariamente este en concreto. Lo he dicho muy claro: no dudo que Manolito se dedique a actividades ilícitas, pero si el Estado de Guatemala lo quiere meter a la cárcel, que lo meta por los hechos que haya cometido, y que lo haga con un debido proceso y con una investigación hecha como corresponde. Hay otro elemento más relevante. Lo razono desde mi punto de vista como fiscal: hay que llevar toda la prueba para acreditar un hecho. ¿Ha revisado ese expediente?

Sí.
¿Hay un reconocimiento físico en rueda de personas, como lo regula la legislación guatemalteca?

No, no lo encuentro en los resúmenes de los procedimientos realizados...
... Si yo quería asegurar lo que dice este testigo protegido, que identificó a Manolito en el rancho Guarumo, ¿por qué no lo hago en una rueda de testigos en los que pongo al imputado con gente de iguales características físicas? Eso, en un caso tan relevante, es prueba esencial. ¡No estamos hablando de que robaron un chocolate! Participaron en un asesinato y no hay reconocimiento en rueda de personas. Los reconocimientos se hicieron con fotografías publicadas en los periódicos. Les enseñaban las fotos y les preguntaban si era esa la persona. Ahí, sicológicamente ya había una sugerencia, también.

Tengo otra duda. Carlos Orellana Donis, alias “Chejazo”, está en todas las reuniones previas al asesinato de los salvadoreños. Esto lo acreditan los dos testigos de cargo presentados, pero el MP no lo acusa por asesinato y la jueza dice eso en el veredicto. ¿Por qué no lo acuso por asesinato?
Esta investigación está tan amañada... ese testigo del Rancho Guarumo, en la etapa de investigación, no identificaba a Manolito, hablaba en general y al que termina describiendo es a “Chejazo”...

... Sí, él estuvo en las reuniones de planificación...
... Podría ser un planificador del hecho, un autor intelectual.

¿Por qué no lo acusan?
¿Qué le dijo Marroquín?

Nada, que por lo menos habían sido acusados de asociaciones ilícitas.
¿Asociación ilícita por qué? ¿Con qué acreditan esa acusación?

Si la relación de amistad con un implicado, una llamada de 30 segundos y un testigo son suficientes para acusar a Castillo Medrano de ser el autor intelectual de los asesinatos, ¿por qué no acuso de asesinato a Orellana Donis, que tiene llamadas el día crítico, su carro está en el lugar y está en las reuniones?
¿Quién dice que ese BMW estuvo en la escena del crimen? La escena del crimen no es la gasolinera, son las fincas La Parga y La Concha.

Hay un testigo que dice que ve pasar los vehículos.
Es un viejito.

Sí, ellos dicen que él los ve pasar.
Vamos con esos. Primer punto: ellos nunca, para sus fechorías, utilizan a gente que no fuera de su estructura. Y si la ocupan, la dejan con vida. Segundo punto, más relevante, es lo de estos testigos. Le dije a Marroquín: “Quiero hablar con cada uno de los testigos protegidos, voy a entrevistarlos”...  ¡Y los escondieron! Nos logramos acercar y entrar a la casa del viejito. Ese viejito, primero que nada, tiene problemas de vista. Ese es un camino de terracería, de tierra, y es verano. Él vive en una casa que está en alto, de donde dice que ve los carros, con polvo y todo, y los identifica a todos. Ve a gente sentada en cada uno de ellos. Además, él identifica a “Chejazo” conduciendo el carro. Así lo dijo en la etapa de investigación preliminar.

Para usted, ¿este caso se cae solo?
Por supuesto. Este caso es una vergüenza para la administración de justicia y debe de ser un caso que se pueda mostrar a todos los estudiantes de derecho en todos los países del mundo para ver flagrantes violaciones.

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