Las investigaciones de la CICIG dadas a conocer este lunes en Diario El Mundo, según las cuales el vehículo en el que se transportaban los diputados salvadoreños al PARLACEN asesinados en 2007 portaba dos maletas ocultas con $5 millones de dólares, contradice todas las tesis de que se trató de una confusión, e incluso aquellas que hablan de una venganza política.
Los investigadores de la CICIG, más independientes que las autoridades de Guatemala o las salvadoreñas, concluyeron que el dinero pertenecía al diputado William Pichinte, aunque desconocen el origen del mismo.
Desde el asesinato de los parlamentarios, es inaudito que la fiscalía no haya abierto un expediente e investigado a fondo las ramificaciones salvadoreñas del caso, a pesar de que las víctimas lo eran, a pesar de que hubo registros de múltiples llamadas entre los sospechosos y personas en El Salvador y de que desde los días posteriores al múltiple homicidio el entonces jefe de la policía salvadoreña, Rodrigo Ávila, reveló a El Faro que sabía de la existencia de un maletín con dinero en el vehículo.
La fiscalía salvadoreña cooperó con las autoridades guatemaltecas, pero nunca abrió una investigación propia. De hecho, cerró la relacionada con Adolfo Tórrez y Carlos Roberto Silva Pereira (este último acusado en Guatemala de haber planificado el crimen) cuando el primero murió en circunstancias extrañas. El actual fiscal certificó, a solicitud de Guatemala, las llamadas entre Silva Pereira y Tórrez, y aún así consideró que no había motivo suficiente para investigar en El Salvador.
Ahora, con estas revelaciones, parece absurdo que el fiscal salvadoreño siga pretendiendo que no hay nada que investigar aquí. No se trata de rumores, ni de acusaciones sin fundamento, sino de hallazgos de una investigación llevada a cabo por profesionales extranjeros probos que necesitan ser retomadas por las autoridades salvadoreñas.
El Salvador sufre en estos momentos el embate del crimen organizado y los cárteles de la droga. El lavado de dinero y la penetración en las instituciones del Estado requieren ser enfrentadas con un Estado fuerte y una autoridad valiente e independiente.
Si hay indicios de narcotráfico en un crimen en el que murieron cuatro salvadoreños, la fiscalía está obligada a llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Ese es su mandato, y ahora es urgente. Ya no puede pretender que no hay elementos suficientes para investigar. Hay cinco millones de dólares que bastan para, al menos, sospechar de las actividades del ex diputado propietario del vehículo, y comenzar a indagar, en serio, hasta dónde el crimen organizado ha penetrado la institucionalidad salvadoreña.
