Cantidad de investigaciones, análisis y propuestas se han hecho; cuantiosas sumas de dólares han sido desperdiciadas; pero, sobre todo, decenas de miles de personas han perdido la vida sin que a la fecha se comience a ver una “luz” −aunque sea débil − “al final del túnel”. ¿Cómo afirmar eso cuando la información oficial más reciente proclama que se están reduciendo las cifras y este año “pinta” mejor que el anterior en el frío balance de los homicidios dolosos? ¿Cómo no reconocer la “mejoría” de un muerto y medio menos al día? ¿Cómo “hacerle el juego” a los enemigos del “cambio”, al ser tan “pesimista”? Fácil: porque la cruda realidad de las sufridas mayorías populares reclama un “mínimo vital” de honradez con la verdad.
Y eso que exige superar los sesgos de quienes alaban a ciegas o condenan sin más, también reclama ubicar la razón esencial de un mal estructural que no se agota ni en la desigualdad social ni mucho menos en la pobreza; ni en la emigración y la deportación de nuestra población; tampoco en las “herencias” de la guerra y de los impresentables gobiernos de la posguerra… ¿Pérdida de valores? ¿“Cultura” de violencia propia del ser salvadoreño? ¡Por favor!
Las primeras causas, que existen y son propias de la iniquidad de un sistema generador de la muerte lenta, podrían superarse con políticas públicas pensadas desde y ejecutadas con las víctimas del mismo en aras de procurarle calidad a sus vidas. Las segundas, igual. Las últimas −al igual que las anteriores− tienen que ver con la obra y el discurso de lo que, desde la perspectiva del “abajo y adentro” real contrapuesto con el “arriba y afuera” formal, descubre sin engaño la raíz del callejón sin salida en que se encuentra el país: la indecente “clase” política que lo agravia impunemente.
¿Qué valores le transmiten a la sociedad las dirigencias de sus partidos que casi nunca o nunca se ponen de acuerdo en trabajar por el bien común? ¿Qué favor le hacen a la nación cuando −antes en la oposición y ahora en el gobierno, o antes en el gobierno y ahora en la oposición− modifican sus posiciones sin pensar en la gente y sus legítimos intereses, que a final de cuentas manipulan para justificarse?
Para muestra, un botón: las elecciones de “segundo grado” vitales para superar la impunidad. Por obra de esos partidos políticos y para desgracia de la población, quienes antes cuestionaron la elección del hoy Fiscal General de la República −Romeo Benjamín Barahona− obedecieron sin pensar la decisión tomada en Casa Presidencial y lo eligieron en septiembre del 2009 para ocupar el cargo. Ojo: en el 2006, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se opuso rotundamente a su nombramiento.
Malos ejemplos, igual que el anterior, sobran. Está el de una Corte Suprema de Justicia que, aberrante en su ser colegiado aunque con honrosas excepciones, se niega a colaborar con la Audiencia Nacional de España que investiga lo que el sistema salvadoreño es incapaz de hacer: establecer la verdad en la ejecución de seis sacerdotes jesuitas, Julia Elba Ramos y su hija de dieciséis años, Celina Mariceth.
Mientras una sociedad como la nuestra −víctima de una impunidad generada por el deleznable actuar de la “clase” política que decide en función de sus particulares y mezquinos intereses− siga postrada, habrá que revisar su cuota de responsabilidad en el actual estado de cosas que conspira contra todo. Bien dijo Leonardo da Vinci: “Aquel que no castiga la maldad, ordena que se haga”.
*El autor es Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA)
