Opinión /

Reducir la desigualdad


Lunes, 20 de septiembre de 2010
Mauricio Silva

En un artículo en esta columna el mes pasado argumentaba la necesidad de, en un país con casi la mitad de su población viviendo en pobreza, reducir la desigualdad como factor clave para el desarrollo nacional. Algunos lectores nos pidieron dar ejemplos de cómo se puede lograr. La administración del Presidente Funes está ejecutando varios programas que abonan en esa dirección, los presentamos acá como respuesta a nuestros lectores, por ser buenos ejemplos del país. Las características principales de estos programas que les permiten tener un efecto en la desigualdad son el proveer servicios básicos y estar focalizados en los más pobres.

Esos programas son los de “Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Precarios”(Colonias Ilegales), “Comunidades Solidarias”, “Agua y Saneamiento Rural”, “Caminos Rurales”  e “Integrado de Salud”.  El primer programa va dirigido al 60% de las viviendas del país que son producidas por el mercado informal, por autoconstrucción y progresivamente, en lotificaciones con gran carencia de servicios básicos y equipamiento.  El programa ofrece subsidios para mejorar o comprar viviendas sociales a familias con ingresos familiares menores a cuatro salarios mínimos y provee servicios básicos, equipamiento comunitario, mitigación de riesgos y legalización de la propiedad a comunidades que viven en colonias ilegales. Para poder cumplir con la legalización de los lotes en esas colonias es necesaria una ley cuyo borrador ya está listo pero que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

El programa de Comunidades Solidarias se focaliza en los municipios más pobres y más violentos del país. Los municipios o asentamientos beneficiarios del programa se seleccionan de acuerdo con el mapa de pobreza elaborado por el PNUD y las tasas y tendencias municipales de homicidios. El programa busca reducir la vulnerabilidad y las brechas de cobertura de servicios y promueve mayores oportunidades de empleo; ello lo hace a través de la provisión de subsidios condicionados a las familias que cumplan con los requisitos de inscribir a sus hijos/hijas en la escuela y los controles básicos de salud de niños y mujeres embarazadas, provee también pensión básica ($50/mes) para las personas adultas mayores y pobres, infraestructura básica y programas temporales de empleo. El programa requiere una estrecha coordinación entre varios organismos del estado encargados de prestar esos servicios básicos.

El programa de comunidades solidarias tiene ya resultados de impacto atribuibles directamente al mismo, para el periodo 2005 – 2009. Entre todos los programas de este tipo en América Latina es uno de los mejor focalizados, solo detrás de los de Brasil y Chile. En ese periodo para los municipios beneficiarios, la tasa de matrícula para niños y niñas entre 7 y 12 años subió 8 puntos porcentuales, llegando al 98%; el porcentaje de niños y niñas que reciben control de salud ha aumentado en 10 puntos; la cobertura de agua y saneamiento ha subido 20 puntos. Las personas mayores que reciben la pensión básica ocupan el 90% de ella para comprar alimentos y medicinas. El efecto del programa ha sido mayor en las niñas que en los niños, pues las primeras tenían inicialmente mayor atraso en los índices.

El Salvador es uno de los países con menores tasas de cobertura de agua potable y saneamiento de América Latina, desigualdad que es mayor entre lo urbano y lo rural; en áreas urbanas hay una cobertura de conexión domiciliaria de agua potable y de saneamiento  del 82%  y 57% respectivamente, y solo del 44% y 1 % en el sector rural. Por esto el programa se focaliza en áreas rurales de pobreza extrema y alta. El programa se basa en una estrecha coordinación entre ANDA, FISDL, los municipios y las comunidades.

Al igual que en el sector agua y saneamiento, en el sector transporte existe una desigualdad en el tratamiento y condiciones de los caminos entre lo rural y lo urbano con condiciones menos favorables en los primeros, ello impacta a las familias rurales no solo en el tiempo y condiciones de su movilidad, pero también en su economía pues las peores condiciones de sus rutas de acceso les dificulta el transporte de sus insumos y productos. El programa de Caminos Rurales para el Desarrollo tiene como criterios de selección, entre otros, la capacidad de desarrollo de actividades productivas y la pobreza de la región. Con estos criterios se prioriza la pobreza enfatizando el desarrollo económico.

El nuevo sistema de salud trata entre otros objetivos de focalizar en la salud preventiva y básica y de eliminar las enormes diferencias que reciben los pacientes del sistema del seguro social y el del MSPAS, donde este último atiende a una población ocho veces mayor con aproximadamente el mismo presupuesto. El sistema empezará a funcionar en los 74 municipios más pobres del país.

Lo positivo de todos estos programas es que enfocan el gasto del estado en el sector social hacia los más pobres. Factor clave del éxito es cuán bien focalizados estén esos programas pues ello no solo asegura que se llega a la población meta, sino que también su imparcialidad, especialmente la partidaria. Para identificar beneficiarios se deben establecerse criterios objetivos y verificables; de los programas mencionados algunos ocupan criterios geográficos (municipios y asentamientos más pobres), otros de características de la demanda (ingresos familiares) y otros criterios específicos (ancianos pobres, municipios pobres pero con potencial económico, etc.).

Otro factor de éxito es la capacidad y coordinación institucional. Dadas las características de los programas (que requieren de varias agencias para su buena ejecución y de participación comunitaria) y sus poblaciones metas (tratando de servir a los más aislados y pobres y grupos muy específicos), ejecutarlos no es fácil, requieren de varias agencias que, en la gran mayoría de los casos, deben ser del sector público.

Las grandes interrogantes de esos programas son su cobertura y sostenibilidad financiera. El número de familias cubiertas por estos programas es pequeño comparado con las necesidades. Hasta ahora el estado salvadoreño ha financiado porcentajes elevados de casi todos ellos con fondos de cooperación bilateral o multilateral, ello no es sostenible en el largo plazo, ojala podamos aumentar su cobertura y financiarlos con fondos propios, para lo cual estos programas deben ser parte del pacto fiscal. 

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