A casi una semana de que el transporte y el comercio se vieran parcialmente paralizados por supuestas amenazas de pandillas y de que hubiera revueltas en algunos centros penitenciarios del país, la dirección general de Centros Penales decidió aplicar controles de seguridad más restrictivos en al menos seis cárceles.
Estas medidas, acordadas el pasado viernes 10 y aplicadas desde el domingo, reducen en cinco horas –de ocho a tres– las visitas que un reo puede recibir y restringe también a un máximo de dos la lista de familiares que pueden asistir cada vez. La visita íntima, hasta ahora permitida por toda la tarde o toda la noche, se reducirá también a una sola hora.
“La situación de 24 mil 51 personas dentro del sistema ya no permite otro manejo (...) Estas medidas eran de una segunda fase, pero a raíz de lo del 6, 7 y 8 (de septiembre) las hemos tomado ya”, dijo el director de Centros Penales, Douglas Moreno, quien detalló que las medidas se aplicarán de manera general en los penales de Ciudad Barrios, Chalatenango y Cojutepeque.
De forma parcial, por el momento, se utilizarán también en el sector 1 de Apanteos, donde hay pandilleros de la Mara Salvatrucha; en el sector 3 de Sensuntepeque, correspondiente a mujeres; y en los sectores 1 y 2 de la prisión de máxima seguridad, en Zacatecoluca, de donde la Policía Nacional Civil (PNC) sospecha que pudieron haber salido la semana pasada las amenazas al sector transporte. “Estos son los centros en los que hubo intentos de revuelta en estos días (...) En el resto de centros penales la idea es ir aplicando las medidas gradualmente”, agregó el director general.
Otra de las nuevas restricciones es la prohibición del ingreso de menores de edad como visitas a las cárceles, ya que, según Moreno, la institución tiene conocimiento de que dentro de los planes en algunos centros se encontraba el secuestro de menores durante situaciones de amotinamiento y así evitar, por su presencia, la entrada de las autoridades por la fuerza.
El ingreso de alimentos para los reos también estará prohibido, así como el envío de dinero vía correo. El monto máximo de dinero que se permitirá llevar a cada interno será de 35 dólares y este será recibido únicamente en una fecha del mes definida por la dirección de Centros Penales. El uso de aparatos electrónicos dentro de las cárceles será otra de las prohibiciones, permitiéndose solo en áreas comunes y “exclusivamente para fines tratamentales, según lo establezca el Equipo Técnico Criminológico”.
Moreno aseguró que todas estas medidas son necesarias dada la situación del país y pidió comprensión al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, quien este lunes opinó que algunos de estos controles podrían ir en contra de principios internacionales en el trato a los reos. “Yo respeto la posición de la Procuraduría, pero lo que ocurrió la semana pasada nos pone en esta situación”, justificó Moreno, quien aseguró además estar preparado para posibles reacciones de los reclusos por las nuevas medidas.
El funcionario reveló además que pidió este día al Ministerio de Seguridad que ordene también la intervención de la Fuerza Armada en dos penales más, los de Cojutepeque y Quezaltepeque.
La participación de los militares, dijo, ha tenido buenos resultados, aunque enfatizó que la presencia de las fuerzas armadas en las cárceles no es la solución al problema de los centros penitenciarios, sino “una condición dentro de un proceso de tres fases para hacer lo que nunca se ha hecho en el sistema penitenciario: controlarlo, ordenarlo”.
Hasta ahora, la Fuerza Armada ejecuta labores de seguridad en los perímetros de las cárceles de Izalco, Ciudad Barrios, Chalatenango y Zacatecoluca.
