Bogotá, septiembre 27. La Procuraduría General anunció el lunes que 'sancionó disciplinariamente' a la senadora Piedad Córdoba y que la destituyó por 18 años 'por promover y colaborar' con la guerrilla de las FARC, y el abogado de la parlamentaria respondió de inmediato que impugnará la medida.
La AP trató de ubicar a Córdoba en su teléfono celular pero nunca respondió.
Más tarde, en su página en twitter, Córdoba escribió: 'Buenas tardes, amigos, en este momento estoy reunida con mis abogados sobre decisión del Procurador, Tranquilos q(ue) Piedad inocente'.
Y minutos después escribió: 'Agradezco las innumerables expresiones d(e) cariño de colombianos y extranjeros ... Seguimos adelante, les contaré por acá cómo va el proceso'.
El Partido Liberal, colectividad a la que pertenece Córdoba, aseguró en un comunicado que lamentaba la decisión del Procurador, pero que era 'respetuoso de las determinaciones de los órganos de control'.
Indicó que esperaba que Córdoba aclarara sus actuaciones en la investigación disciplinaria a través de su abogado.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, en un comunicado de prensa en la página de internet de la entidad, sostuvo que 'sancionó disciplinariamente a la actual senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley FARC', las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Apenas se enteró de la decisión, el abogado de Córdoba, Ciro Quiroz, explicó en la emisora local La FM que impugnará la medida. Aclaró que 'esta decisión no tiene apelación, tiene (recurso de) reposición', es decir, que es el mismo procurador general quien deberá revisar su propia determinación del lunes.
El congresista Iván Cepeda, amigo personal de Córdoba, dijo telefónicamente que 'es una hallado méritos para iniciar una investigación formal contra la senadora del Partido Liberal.
Desde enero de 2008, la parlamentaria Córdoba consiguió que las FARC, unilateralmente, le entregara a por lo menos una docena de políticos y militares secuestrados.
Según el procurador Ordóñez, 'la investigación (contra Córdoba) tuvo origen en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix, donde fue abatido (el jefe guerrillero) alias Raúl Reyes', en marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.
Agregó que en esos correos electrónicos 'se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, en los que se identificó con los alias de 'Teodora', 'Teodora de Bolívar', 'la Negra' y 'la Negrita', la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario' o la liberación de secuestrados.
Añadió que la decisión se tomó con base 'en las salidas de emigración de la señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque (de las FARC) 'Libardo García' de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el comandante del frente 30, alias 'Mincho' '.
La Procuraduría o Ministerio Público 'estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos'.
En concepto de Ordóñez, 'se constató que Córdoba instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Asimismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo'.
Córdoba, de 55 años, es abogada de profesión y desde 1994 siempre ha conseguido un escaño en la Senado de la República. A mediados de 1999, y durante 14 días, estuvo secuestrada por orden de Carlos Castaño, el jefe paramilitar más importante de Colombia en esa época.
