La Audiencia Nacional española recibió esta semana tres nuevos testimonios en la causa abierta contra 14 militares salvadoreños por el asesinato de los sacerdotes jesuitas perpetrado en noviembre de 1989.
El director del IDHUCA, Benjamín Cuéllar, y el coronel argentino José Luis García presentaron su testimonio. El primero en representación de la Universidad jesuita.
“Cuéllar vino a despejar las dudas con respecto a que el caso no ha sido debidamente investigado ni juzgado en El Salvador, ni en el proceso de 1991 ni en la denuncia contra el alto mando presentada por la UCA en el año 2000”, confirmó vía telefónica Almudena Bernabéu, abogada española y acusadora en el caso,
García, el militar argentino, fue llamado como perito para analizar la operación militar que culminó con el asesinato de los jesuitas. Según Bernabeu, “el coronel García corroboró que la operación para matar a los sacerdotes inició el 13 de noviembre, con el cateo a la Universidad, lo que implica, según su análisis, que hubo mucha gente involucrada en el crimen y que el Alto Mando y el comandante en jefe tenían que haber estado al tanto”.
El tercero es un testigo cuya identidad es guardada en secreto por las partes. Bernabéu confirmó la existencia de este tercer testigo, pero se mantuvo en reserva tanto la identidad como el contenido de su testimonio “para no obstaculizar el proceso”.
El juez Eloy Velasco, quien lleva la causa, ha recibido ya tres rondas de testimonios, que incluyen a dos ex fiscales salvadoreños que tuvieron a su cargo la investigación del crimen y que testificaron en Madrid que los juicios contra los responsables de esta masacre fueron víctimas de una conspiración para evitar que saliera la verdad. 'Fue un juicio controlado (el de 1991), que pretendió hacer responsables a los intermediarios, absolviendo a ejecutores y excluyendo a los autores intelectuales', dijo a este periódico Henry Campos, ahora viceministro de Seguridad, a su salida de los juzgados españoles, el año pasado.
Sidney Blanco, el otro ex fiscal que hoy se desempeña como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también reveló la existencia de una confabulación para obstaculizar el debido proceso. “Hemos planteado ante el juez los obstáculos que se presentaron y la coordinación que pudo existir por parte de las instituciones del estado (salvadoreño) para limitar la investigación', dijo.
El juez Velasco ha enviado ya dos rogatorias a la Corte Suprema de Justicia, la primera solicitando las direcciones de los catorce imputados y la segunda que incluye un cuestionario para los ex militares. Ninguna ha sido respondida oficialmente por la Corte Suprema, aunque en el primer caso el presidente de la Corte, Belarmino Jaime, envió al juez las direcciones de los acusados.
Ahora la Audiencia Nacional evaluará los testimonios y decidirá los siguientes pasos en el juicio. “Se planean medidas importantes procesalmente, aunque esto puede tardar meses”, adelantó Bernabeu.
