El proyecto aún requiere ser sometido a la votación de los nueve magistrados de la llamada Corte Constitucional, la máxima instancia para dirimir asuntos de la Carta Magna colombiana.
Funcionarios de la Corte Constitucional dijeron en la jornada que el proyecto de sentencia, redactado por el magistrado Jorge Iván Palacios, sería votado a mediados de agosto próximo. Para su aprobación se necesita la mayoría simple de los integrantes del alto tribunal, es decir, cinco votos.
Si esa mayoría aprueba el proyecto de sentencia el convenio militar queda suspendido, aunque en otros fallos en el pasado la propia Corte Constitucional ha dado plazos al gobierno para ajustar textos de determinadas leyes o acuerdos y para que posteriormente sigan válidos.
El magistrado ponente alega que el convenio de cooperación militar sería inconstitucional porque debió pasar por la aprobación del Congreso, aunque no se dieron otros detalles del proyecto de sentencia porque este tiene carácter reservado por normas internas de la Corte.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe mantiene que era innecesario que el acuerdo de cooperación militar tuviera el visto bueno del legislativo porque se trataba de la extensión y revisión de convenios ya existentes desde hace varios años y que ya contaban con la aprobación de las dos cámaras.
Los gobiernos de Bogotá y Washington firmaron en octubre un acuerdo de cooperación que expande el acceso de Estados Unidos a siete bases militares colombianas, con el propósito de aumentar el monitoreo antidrogas, entre otras acciones.
Ese convenio fue uno de los puntos de deterioro de las relaciones entre Colombia y Venezuela, pues Caracas dice temer que Estados Unidos utilice las bases para espiar y planificar eventuales operaciones contra el gobierno de Hugo Chávez.
Jefes castrenses colombianos han dicho que el acuerdo no aumenta el número mil 400 tropas y contratistas civiles estadounidenses (800 militares y 600 civiles) que es el techo fijado por leyes de Washington.
Brasil, Venezuela y Bolivia formularon abiertas críticas al convenio alegando que rompía el equilibrio de fuerzas en la región, mientras Caracas aún mantiene que se trata de un acuerdo que amenaza su seguridad interna.
