Jan Brewer escribió un artículo en defensa de la legislación en la revista Americas Quarterly, publicada por la Americas Society and Council of the Americas.

La gobernadora dijo que aunque el contrabando de drogas "es la principal causa de nuestro masivo problema de violencia en la frontera", muchas de esas organizaciones criminales también hacen contrabando de personas. "Hoy, Arizona tiene aproximadamente 6 mil presos que son extranjeros, representando un coste a nuestro Estado de más o menos 150 millones de dólares al año", escribió Brewer. "Los contribuyentes de Arizona están pagando por la gran mayoría de estos gastos debido a que el gobierno federal se niega a pagar lo que debe".

La legislación requiere que la policía, mientras aplica otras leyes, interrogue a una persona sobre sus estatus migratorio si tiene razones para creer que el individuo está en el país de forma ilegal.

Brewer destacó en su artículo que, cuando firmó la ley, dejó claro que no permitiría la discriminación o categorización racial en Arizona. "Estoy comprometida a proteger a nuestro Estado del crimen asociado con la inmigración ilegal, pero también estoy comprometida a asegurar que las fuerzas de seguridad sean responsables y no usen esta ley para violar los derechos individuales", escribió Brewer.

En contraste, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, escribió en otro artículo de la misma revista que la ley, lejos de reducir la ola delictiva, podría agravarla. "La ley podría perjudicar la capacidad de las fuerzas de seguridad a la hora de perseguir a los carteles de drogas porque los agentes de policía locales harán el trabajo de las patrullas fronterizas en lugar de llevar a cabo la tradicional lucha contra el crimen que están entrenados para hacer", dijo.

Richardson destacó que hay que dejar que el gobierno federal se encargue de los temas de inmigración, en lugar de permitir que los estados lo hagan. "Tenemos que trabajar con México para solucionar la raíz del problema migratorio. La gente está desesperada por cruzar nuestras fronteras porque está llena de esperanza", escribió el gobernador de Nuevo México.

Y mientras la lucha se intensifica en las vísperas de la vigencia de la ley, en un forense en Tucson que rastrea las muertes de los inmigrantes que entran en el sur de Arizona desde México dijo que la cifra aumentó este mes debido al calor sofocante.

El doctor Bruce Parks dijo que su dependencia recibió los cadáveres de 38 inmigrantes indocumentados desde el 1 de julio. De continuar a este ritmo, podría sobrepasar el récord de 68 muertos en julio del 2005, dijo, y añadió que la tendencia es alarmante.

El médico dijo al Daily Star de Arizona que ha recibido de uno a cuatro cadáveres por día, en su mayoría recién muertos.

Desde el 2001, más de mil 750 hombres, mujeres y niños han muerto en el desierto. Muchos expertos creen que la mayor seguridad en la frontera está empujando a los indocumentados a intentar el cruce por territorios cada vez más peligrosos.

Hay evidencias de que el número de personas que entran ilegalmente en Arizona ha bajado sustancialmente, aunque la cifra de muertes no ha bajado. Las detenciones en el sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza han disminuido en cada uno de los últimos cinco años.

Los funcionarios de agencias policiales de los condados fronterizos, funcionarios consulares mexicanos, dirigentes tribales de Tohono O'odham y grupos humanitarios apuntan a la seguridad más estricta como un motivo de las muertes. Más cercas fronterizas, tecnología de seguridad y agentes han hecho que los inmigrantes busquen otras rutas en terreno más peligroso, aumentando la probabilidad de heridas o agotamiento y que algunos queden librados a su suerte.

La Patrulla Fronteriza niega que esté empujando a los indocumentados a terrenos más peligrosos y señala sus esfuerzos de rescate como prueba de que su presencia impide muertes en vez de provocarlas.

Estados Unidos se ha sumido en un debate intenso sobre la inmigración indocumentada desde 2001, después de los atentados de Al Qaeda. Poco a poco la situación de los inmigrantes se fue poniendo más difícil hasta llegar a extremos como la ley de Arizona.

Sin embargo, esta semana también se conoció en el Estado de Utah de la circulación de una lista de personas supuestamente indocumentadas, que se hizo llegar a las autoridades con infinidad de datos personales y con la petición de que se les expulse del país.

Funcionarios de Utah identificaron este viernes al menos a dos empleados estatales que aparentemente accedieron a una base de datos estatal para crear una lista de mil 300 supuestos inmigrantes indocumentados, según anunciaron las autoridades.

El gobernador Gary Herbert dijo que los empleados trabajan para el Departamento de Servicios Laborales, que administra programas de cupones de alimentos y otros beneficios públicos. Los funcionarios fueron suspendidos de sus funciones.

"Es un grupo muy pequeño. La personas que fueron identificadas ciertamente tienen opiniones políticas firmes y parecen frustradas por algunos temas relacionados con la inmigración", dijo Kristen Cox, directora ejecutiva del departamento.

Los medios de comunicación, fuerzas de seguridad y otros funcionarios del gobierno empezaron a recibir la lista de nombres e información personal esta semana, lo que ha provocado temor en la comunidad hispana.

El envío anónimo exige que aquellos en la lista sean deportados, aunque algunos de los incluidos en el documento aseguran que se encuentran en el país de forma legal.

La oficina del procurador estatal investigará el caso y determinará si va a formular cargos en contra de los implicados.

La distribución intencional de un documento privado en Utah es un delito menor que puede ser castigado hasta con seis meses de cárcel y una multa de mil dólares. Si alguien se roba un registro de ese tipo, podría ser enjuiciado como un crimen mayor con hasta cinco años de prisión y 5 mil dólares de multa.

La lista contiene números de la seguridad social, fechas de nacimiento, lugares de trabajo, dirección y números de teléfono. Se incluyen asimismo los nombres de niños y las fechas en las que se espera que las mujeres embarazadas den a luz.

Cox señaló que la mayoría de la gente en la lista tiene hijos que están recibiendo beneficios sociales.

La oficina del gobernador indicó que le entregará la información que ha reunido a la oficina del procurador general a más tardar el lunes.

Cox indicó que es posible que dos o más personas estén involucradas en la distribución de la lista, pero aclaró que está segura que los principales responsables ya han sido identificados.

Herbert, un republicano, será el anfitrión de una cumbre sobre inmigración el martes. El gobernador ha dicho que firmará una ley el año que viene si aún está en el cargo. No está claro qué tanto pueda parecerse a la legislación aprobada en Arizona.