'Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez, en su calidad de mandos superiores del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) planificaron y ordenaron la muerte de nuestro padre', asegura la denuncia que presentaron el pasado 14 de mayo los hijos de Roque Dalton ante la Fiscalía General de la República (FGR), solicitando que se abra una investigación para conocer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y lograr la sanción penal correspondiente.
Agrega el documento, al que tuvo acceso El Faro, que a Dalton 'primero privaron de libertad - ya que estuvo detenido en una casa ubicada en la colonia Santa Anita, de esta ciudad - juntamente con 'Pancho', desde el trece de abril de 1975 hasta el 10 de mayo de ese mismo año cuando es asesinado'.
El documento en el que se hace la denuncia contiene 12 páginas con información de los hechos conocidos sobre el asesinato de Roque Dalton y “Pancho”, un miembro del ERP que murió junto a él por considerársele “rebelde” a la causa.
La denuncia y su futuro está en manos del fiscal general Romeo Barahona, quien ha dicho que estudiará si procede investigar tanto el asesinato de Dalton como el del obispo de San Salvadoro monseñor Óscar Arnulfo Romero.
La demanda de la familia Dalton generó controversia cuando la presentaron, hace dos semanas, debido a que según la ley penal salvadoreña, la persecución de los homicidios debe hacerse en un plazo máximo de 10 años después de ocurrido el crimen. En el caso del poeta ya han transcurrido 35, y los demandantes alegan que debido a las circunstancias en que ocurrió y dado que El Salvador es firmante de convenios internacionales que consideran imprescriptibles los crímenes contra la humanidad, es válido demandar justicia a estas alturas.
'El derecho a conocer toda la verdad treinta y cinco años después de ocurrida la muerte arbitraria de nuestro padre se nos continúa negando... A la fecha, no está claro si (Roque y Pancho) fueron ejecutados en el mismo sitio o en otro lugar; tampoco si fueron fusilados, apuñalados o utilizaron cualquier otra modalidad para tal fin', dice la familia, en la denuncia.
Los datos que mencionan sobre las circunstancias en que murió Roque Dalton son producto de testimonios de ex miembros de la guerrilla, panfletos, documentos políticos y entrevistas publicadas en medios locales e internacionales recogidos, a lo largo del año, por los abogados de la familia Dalton. También se señala a los presuntos autores materiales e intelectuales de este crimen y se pide que se declare el homicidio del escritor como un crimen de lesa humanidad.
La jurisprudencia internacional denomina así a todos aquellos delitos que causan un agravio, una ofensa o un daño al género humano. Estos delitos pueden ser fundados en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos o culturales. Dentro de estos crímenes se incluyen los secuestros, las torturas, las masacres y otros actos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
Los abogados buscan justificar esta tipificación argumentando que, en el momento de la ejecución de Roque, este era un civil que se convirtió en blanco de la violencia de un conflicto armado y que este ataque obedecía a propósitos políticos o ideológicos de sus verdugos, la comandancia general del Ejército Revolucionario del Pueblo. La información recogida en la denuncia asegura que en mayo de 1975 Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez, Alejandro Rivas Mira, Alberto Sandoval y Vladimir Rogel eran parte de esa comandancia. De estos, Sandoval y Rogel han muerto. De Rivas Mira se desconoce su paradero.
Los únicos miembros de esa antingua comandancia general del ERP a los que se ha podido localizar son Joaquín Villalobos Huezo y Jorge Alberto Meléndez, conocidos durante la guerra como Atilio y Jonás, respectivamente. Contra ellos se presentó la denuncia y a ellos se acusa de planificar y ejecutar la muerte de Roque Dalton. Villalobos ahora es politólogo, con presunta residencia en la capital mexicana; y Meléndez es el director de Protección Civil, en San Salvador.
Aunque es un asunto conocido desde siempre, los trámites obligan a incluir pruebas o supuestas pruebas de la participación de los acusados en el crimen. Una de ellas es la declaración que el ERP hizo en un comunicado publicado pocos días después de la muerte del escritor en las aulas de la Universidad de El Salvador. 'El Ejército Revolucionario del Pueblo fue objeto de infiltración por medio del salvadoreño Roque Dalton, quien militó durante un tiempo en nuestra organización revolucionaria y quien estaba colaborando con los aparatos secretos del enemigo. La labor traidora que realizó Roque Dalton en el seno de nuestra organización costó la vida de dos de sus mejores combatientes, Armando y Mauricio, y el fracaso de algunas acciones militares. Roque Dalton fue detectado, capturado y fusilado por las fuerzas del ERP', reza el documento, citado en la demanda.
Han transcurrido 35 años desde la muerte de Roque Dalton. Sus hijos, Juan José y Jorge, firmantes de la denuncia, aclaran que durante este tiempo ni Villalobos ni Meléndez han querido contar la verdad de lo que pasó a su padre, pese a sus constantes peticiones. Ahora recurren a la Fiscalía para intentar obligarlos a que aclaren de una vez las incógnitas que hay alrededor de la muerte de su padre.
Uno de los abogados de los Dalton es Henry Fino, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). 'Lo que queremos es justicia y el proceso penal establece la verdad. Ese es un derecho que tengo yo como víctima a conocer la verdad. Yo como familia, como hijo, tengo derecho a saber la verdad. No es venganza. No es perseguir a Jonás (Jorge Meléndez) o a Atilio (Joaquín Villalobos)... no, sino que ellos sean juzgados, entrevistados, interrogados y ellos digan qué fue lo que pasó', dice el abogado.
Fino, quien aconsejó a la familia del escritor no hablar sobre el caso, aclara que el fin último de la denuncia es buscar un resarcimiento moral. 'Que Joaquín y Jorge pidan perdón públicamente, a los hijos, y a la sociedad salvadoreña. Que acepten la responsabilidad', dice el abogado.
Jorge Meléndez asegura que las acusaciones hechas en su contra son falsas y que prueba de ello es que, en ese momento en que se ejecuta a Roque Dalton, él no pertenecía a la comandancia general del ERP. 'Yo he dejado bien claro que no soy, en ningún momento, ni asesino ni responsable intelectual de lo que le sucedió a Roque Dalton'.
Meléndez aporta su propia versión de los hechos: la muerte del escritor fue producto de un enfrentamiento entre Roque y Alejandro Rivas Mira, máximo dirigente del ERP. La razón del enfrentamiento: el liderazgo dentro del grupo. 'Juan José fue un combatiente, él sabe que este es un proceso político el que se está implementando (...) también, él sabe que Roque fue un miembro de la guerrilla, del cual tenemos que investigar por qué razón hubo un enfrentamiento entre él y Rivas Mira y por qué entonces él (Roque) terminó en las circunstancias nefastas en las que terminó. Es decir, tan responsable es Rivas Mira, que era un hombre armado, como tan responsable es Roque Dalton, que también era un hombre armado. Y nosotros (...) no somos responsables de lo actuado por ambos en ese momento.'
Cuando Meléndez habla de 'nosotros' se refiere al resto de personas que han sido señaladas de haber pertenecido a la comandancia general del ERP y que tomaron la decisión de matar a Dalton por considerar que este era un traidor a la causa y buscaba sublevar a otros miembros del grupo rebelde al que pertenecía. De hecho, tras la muerte de Roque Dalton, algunos simpatizantes del escritor se separaron del Ejército Revolucionario del Pueblo y formaron la Resistencia Nacional.
Joaquín Villalobos, al contrario que Meléndez, sí acepta haber participado en la decisión de asesinar a Roque Dalton, aunque matiza que su participación estuvo precedida por la ignorancia de su edad y que no fue él quien tomó la decisión de matarlo: 'Yo no era el jefe, no tengo responsabilidad intelectual; si no era el jefe militar, no tengo responsabilidad material. ¿Qué más puedo hacer?... Ya lo dijeron un montón de gente, ya hablaron de las causas, ya dijeron los de la CIA, entonces, ¿cuál es el rollo?', dijo Villalobos en una entrevista que en 2004 dio a Javier Espinoza y Lauri García Dueñas, incluida en el libro '¿Quién mató a Roque Dalton?'
Villalobos asegura que la implicación de su nombre en el crimen es un complot de desprestigio hacia su persona por parte de la izquierda conservadora del FMLN. 'Lo del autor material ya está explicado, lo del marco intelectual ya está explicado... ¿Qué más puedo explicar?'
Jorge Meléndez también habla de explicaciones. Él asegura que dará a conocer su parte de la historia y cuando eso suceda quienes hoy lo acusan tendrán que dar cuentas. 'Me han llamado criminal, asesino y han hecho una cantidad de declaraciones espantosas y lo han hecho de manera pública. Ellos van a tener que enfrentar la justicia también por lo que han hecho', advierte.
¿Cómo se armó el caso?
El Código Penal salvadoreño dice que la acción penal en los casos de homicidio debe iniciarse en un plazo máximo de 10 años a partir de cuando ocurre el crimen. La denuncia de la familia Dalton, hecha con el respaldo del IDHUCA, se basa en el artículo 7 del Estatuto de Roma, el cual entró en vigor el 1 de julio de 2002 y dio paso a la creación de la Corte Penal Internacional. Este es un tratado al que El Salvador no se ha adherido, pero da el marco conceptual para la demanda de los Dalton.
El Estatuto de Roma dice que para determinar que un delito es crimen de lesa humanidad este debe cumplir algunas de las siguientes características: ser cometido por funcionarios estatales o por miembros de una organización política, debe tratarse de un ataque sistematizado y generalizado contra la población civil y puede producirse tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz.Para Henry Fino, el homicidio de Roque Dalton cumple con todas esas características: 'Uno, el ERP era un grupo revolucionario que trataba de modificar el estado de las cosas... Dos, las ejecuciones eran conducta habitual del ERP; tres, la diferencia de pensamiento entre el poeta y la dirigencia del ERP provocó su muerte'.
Las figuras de secuestro de cadáver y desaparición forzada fueron consideradas en algún momento, pero descartadas luego por fallas técnicas en su argumentación. Luego se buscó referentes en el país y en la región que sirvieran como base para establecer un caso sólido de lesa humanidad.
La idea de elevar el asesinato de Dalton a un delito de lesa humanidad tiene como referente la muerte de tres candidatos a la vicepresidencia de Colombia, que pertenecieron a grupos rebeldes y que fueron asesinados por sicarios. En esos casos, la Fiscalía colombiana consideró que los crímenes se hicieron en el marco de una campaña de exterminio de la izquierda de ese país. Sin embargo, solo uno –el caso de Carlos Pizarro Leongómez, ex jefe del M19- logró sentencia ante los tribunales.
Si la denuncia presentada por la familia Dalton procede, la Fiscalía podría iniciar un proceso de investigación sobre las pruebas presentadas y podría haber una sanción en contra de los denunciados. Pero Fino aclara que no van tras una compensación monetaria ni les interesa que haya pena carcelaria para Meléndez y Villalobos. Lo que le interesa a la familia es saber la verdad y que pidan perdón. Lo otro le corresponde al sistema, aclara.
'La otra cosa es la reivindicación de la figura de Roque... llamar a alguien traidor, infiltrado, eso ya lesiona la estatura intelectual y moral de cualquier persona. Creo que es importante reivindicar la memoria y la entereza moral de Roque', dice Fino.
Abriría puerta a otros casos
La validez de las argumentaciones presentadas por la familia Dalton deben pasar por el análisis que haga Romeo Barahona, quien hasta ahora no ha dado muchas esperanzas: 'Una cosa es el derecho de petición, una cosa es que se le venga a plantear a la Fiscalía que investigue y otra cosa el planteamiento que jurídicamente podría hacer la Fiscalía'.
Los Dalton dicen confiar en que la institucionalidad funcione. 'Utilizamos los mecanismos que la ley nos da y recurrimos a las instituciones que el Estado tiene para esos fines. Esa es nuestra apuesta', dice Fino.
Si la Fiscalía accediera a atender la demanda, sentaría un precedente que podría abrir las puertas para investigar más casos cometidos en similares circunstancias que las que argumentan los Dalton. Este, a juicio de expertos en derechos humanos, se podría convertir en el punto de partida para debatir sobre la necesidad de derogar la Ley de Amnistía y resolver casos que hasta hoy están en la impunidad.
Miguel Montenegro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador no gubernamental (CDHES), la defensa de la familia Dalton sí ha logrado establecer que el delito fue un crimen de lesa humanidad y por lo tanto el fiscal no podría citar la Ley de Amnistía de 1993.
Una resolución favorable a la denuncia serviría para fortalecer la democracia del país. 'El caso de Dalton podría servir de referente para sacar una lista de los asesinatos masivos, selectivos, de torturados, de desaparecidos... y un listado de todos los responsables y por qué ellos gozan de impunidad', dice Montenegro.
Fino comparte este punto y pone como ejemplo el caso de Mayo Sibrán, cuadro medio de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), y el del vicepresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, a quien se le adjudican una serie de ejecuciones cometidas durante la guerra. 'Él era de la comandancia general de las FPL. Sibrián pertenecía a este grupo. Algunos dicen que el señor vicepresidente se enteró de lo que estaba haciendo Mayo Sibrián en San Vicente. Todo dependería de su grado de participación tanto material como intelectual', dice, en referencia a ese jefe guerrillero acusado de numerosas ejecuciones sumarias durante la guerra.
El Faro solicitó una entrevista con el vicepresidente para saber qué piensa de los posibles alcances de la demanda contra Meléndez, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta de él ni de su unidad de comunicaciones.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, cree que antes de idealizar la efectividad de la figura de lesa humanidad y el éxito del caso de Roque Daton, debe haber voluntad de denuncia. 'Aquí se conocen muchos casos que se cometieron durante el conflicto armado, de diferentes organizaciones y grupos, pero jamás se individualiza participaciones o no hay quién denuncie.'
Luna también tiene sus dudas sobre si a la Fiscalía compete investigar este tipo de casos debido a que la legislación salvadoreña no los contempla. Pero la familia Dalton insiste en que el asesinato de su padre debe ser juzgado en el país y dejan como última opción la búsqueda de un tribunal internacional para llevar a juicio a los autores del asesinato.
'El problema que yo veo, desde el punto de vista interno, es que la Fiscalía podría alegar que eso (el delito de asesinato de Roque Dalton) ya prescribió. Habría que ver qué respuesta va a dar la Fiscalía', agrega Luna.
