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Estados Unidos dará $130 millones para combatir mafias en la región

El Salvador, Guatemala y Honduras propusieron la creación de una comisión internacional contra la impunidad. La idea podría tener cabida en la nueva Iniciativa de seguridad regional para Centroamérica, impulsada por la gestión Obama y que sería discutida en la próxima reunión del SICA.

Martes, 4 de mayo de 2010
Rodrigo Baires Quezada

El gobierno de Estados Unidos dispondrá de 130 millones de dólares para apoyar programas de seguridad en Centroamérica el próximo año. El monto fue revelado por el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de los Estados Unidos, Arturo Valenzuela, en su primera visita oficial a El Salvador, como parte de una gira centroamericana iniciada el lunes en Guatemala.

Valenzuela se reunió este martes con el presidente Mauricio Funes, la secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato y el canciller Hugo Martínez, para hablar sobre temas de seguridad pública, crimen organizado, narcotráfico, migración y seguridad social en la región.

El incremento del 30% en la ayuda financiera otorgada a la región para el combate de las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico, con respecto a la aprobada para este año, estaría acompañado de un giro en los destinos de los fondos otorgados, según la nueva visión del gobierno del presidente Barack Obama.

El subsecretario destacó que la parte financiera no sería el eje central del apoyo de Estados Unidos a la región en materia de seguridad.  “Lo más importante de todo es ver efectivamente cuáles son las necesidades (…), cuáles son los programas y cuáles son los proyectos de coordinación. En el fondo, esto requiere que haya una mayor cooperación entre los países, una mayor coordinación; al mismo tiempo que nos preocupemos de fortalecer las instituciones”, dijo.

Estados Unidos tiene un tratado de seguridad internacional para el combate del narcotráfico y el crimen organizado con México y Centroamérica desde junio de 2008. Conocido como Iniciativa o Plan Mérida, con la aprobación del Congreso estadounidense, este permitió al gobierno de George W. Bush iniciar un programa de capacitación técnica y científica, así como apoyo en equipamiento, por un 1 mil 100 millones de dólares entre 2008 y 2010 para México.

Para Centroamérica, el plan incluyó un monto adicional de 165 millones de dólares, entre 2008 y 2009. Sin embargo, en el área, la Iniciativa Mérida se enfocaba en gran parte al combate de la violencia generada por pandillas y por ello daba más inversión en la capacitación y apoyo a los cuerpos policiales.

Esto cambió cuando Obama asumió el gobierno de Estados Unidos, modificando el Plan Mérida y destinando una partida mayor a Centroamérica. “En ese sentido, reformular la ayuda pensando en la creación de la Iniciativa de seguridad regional para Centroamérica (Carsi, por sus siglas en inglés)”, dijo Valenzuela. Sería para esta nueva iniciativa que se dispondría de los 130 millones de dólares para 2011, adicionales a los 100 millones de dólares que el Plan Mérida disponía el año fiscal 2009-2010.

El mayor cambio en la iniciativa sería en el destino del dinero otorgado. Por ejemplo, mayor énfasis en prevención a la violencia juvenil y refuerzo del sistema judicial y carcelario, una partida que apenas tenía el 10% de los fondos otorgados a la región con el Plan Mérida en el pasado. Además, destacó Valenzuela, en cómo estos fondos se complementarían con otros programas sociales y de desarrollo que se están llevando a cabo en el área.

Como parte de esta nueva iniciativa ya está en el aire la discusión de crear un organismo común contra la inseguridad y la impunidad, una propuesta de Guatemala, El Salvador y Honduras dada a conocer por el presidente guatemalteco Álvaro Colom el lunes. “Hemos hablado de crear una instancia, una especie de Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), para poder avanzar en el tema de justicia y seguridad regional”, dijo Colom, tras reunirse con Valenzuela en la primera escala de su gira centroamericana. La propuesta se elaboraría conjuntamente por los tres países y tendría el apoyo técnico del jurista español Carlos Castresana, jefe de la CICIG.

Hugo Martínez, canciller salvadoreño, aseguró que la idea no es copiar a cabalidad el funcionamiento de la CICIG, sino retomar experiencias exitosas para ponerlas en práctica de manera conjunta en toda la región. “Sí el crimen organizado, si el narcotráfico, no respeta las fronteras, no respeta códigos, ¿por qué los países no nos podemos aliar para combatirlos conjuntamente? A eso nos referimos cuando decimos que vamos a ver experiencias interesantes para ponerlas en práctica de manera conjunta”, dijo.

Mientras Valenzuela tildó a la CICIG como una experiencia exitosa ya que permite fortalecer el estado de derecho en Guatemala; para algunos críticos, la necesidad de una comisión internacional solo ha demostrado la incapacidad del Estado para combatir la impunidad en ese país centroamericano.

¿Una comisión centroamericana contra la impunidad no mostraría que las instituciones policiales, judiciales y de investigación criminal de estos tres países ya fueron desbordadas por el crimen organizado? Valenzuela esquivó la pregunta. “No estamos proponiendo esta fórmula, lo que hice sencillamente es reconocer que ha habido conversaciones entre Guatemala, Honduras y El Salvador sobre el tema y que veríamos con buenos ojos que una modalidad como esa se pensara expandir hacia un programa regional”, dijo.

El tema podría discutirse en Panamá, durante la reunión de la Secretaría de integración centroamericana (SICA), la última parada de su gira centroamericana.

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