La misiva de dos páginas y dirigida al argentino que ejerce como jefe de fiscales de ese organismo internacional, está firmada por más de una decena de familiares de hombres presuntamente asesinados por las fuerzas militares y presentados posteriormente como rebeldes o paramilitares muertos en combates en 2008.
'Nos dirigimos a usted, en calidad de Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional... con la finalidad de ponerlo en conocimiento de la falta de garantías judiciales en los procesos que se llevan en relación con los asesinatos de nuestros seres queridos', dijeron las madres en la carta, divulgada en una rueda de prensa.
'Como víctimas de las ejecuciones extrajudiciales requerimos la intervención de la Corte Penal Internacional en la investigación de los hechos constitutivos de este delito, toda vez que existe incompetencia en la administración de justicia y falta de voluntad política para adelantar las investigaciones pertinentes', agregaron.
Los hijos del grupo de madres signatarias de la misiva fueron el centro del mayor escándalo reciente en el seno de las fuerzas militares: oriundos de la barriada de Soacha, en las afueras de Bogotá, fueron desaparecidos a inicios de 2008 y sus cadáveres más tarde aparecieron en fosas comunes en una región del noreste colombiano como abatidos en combates.
En los últimos meses jueces han dejado en libertad al medio centenar de militares de mediano y bajo rango implicados en las ejecuciones de Soacha alegando 'vencimiento de términos' o que vencieron los lapsos que contempla la ley aquí para iniciar el juicio.
Kelly Ruiz, de 25 años, viuda de Daniel Andrés Pesca, una de las víctimas de Soacha, dijo a los periodistas que 'lo que queremos es que investiguen, que ellos (los fiscales de la CPI) cojan los casos, que ellos miren las pruebas porque sabemos que no las van a dilatar, porque sabemos que ellos van a ser transparentes'.
Entre tanto, Iván Cepeda, activista del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, indicó que la CPI ya mantiene una observación del tema de ejecuciones extrajudiciales en el país, 'tendiente a verificar si en Colombia hay o no justicia con relación a estos casos'.
Además, recordó Cepeda, 'la Corte Penal Internacional examina un caso cuando o bien no hay justicia o cuando la justicia es aparente y artificial y el informe (que acompaña la misiva) lo que documenta son procedimientos que tienden a que haya aparente justicia en Colombia con relación a estos casos'.
El informe al que se refirió Cepeda fue realizado por una organización no gubernamental y documenta los casos de ejecuciones de al menos 11 residentes de Soacha.
La CPI es un organismo de Naciones Unidas que se creó en 1998 y que cobró vida pocos años después, con el propósito de juzgar crímenes contra la humanidad.
