Más allá de los homicidios
Ricardo Valencia
El homicidio es considerado por los periodistas el termómetro predilecto para medir la criminalidad en El Salvador. A más cantidad de asesinatos, más inseguridad se puede esperar en las calles. En el último de los tres debates sobre el tema de la pobreza urbana -proyecto financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),- El Faro quiso entender cuáles y cómo son los problemas de criminalidad dentro de los asentamientos urbanos precarios desde el lente de las autoridades, organizaciones no gubernamentales y los mismos pobladores que participan en las labores de prevención de la violencia. El tema de seguridad es un tema que no incluyó el mapa de pobreza del PNUD, pero afecta el desarrollo económico y social de los asentamientos.
Aída Santos, presidenta del Consejo de Seguridad Pública, y Adilio Carrillo, director regional de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), coinciden en que limitarse a centrar la atención en el cálculo de homicidios en los asentamientos oculta la magnitud de otros delitos como la violación o los hurtos. Damaris Orellana, quien colabora con el Consejo, describe cuál es su papel como pobladora de un asentamiento en los programas de prevención de la violencia.
¿Las cifras de incidencia criminal coinciden con lo planteado por el PNUD en el mapa de pobreza urbana?
Santos: Tengo dos lecturas de la violencia. Se puede entender el fenómeno desde los municipios más pobres del país o desde las zonas más pobladas. La política de prevención de la violencia es una política de Estado. Pobreza no es sinónimo de delincuencia. Los estudios muestran que lugares sumamente pobres como Nicaragua no tienen el grado de violencia de acá. Los países que conformamos el triángulo norte somos los países violentos porque le apostamos a la política de “manodurismo”, mientras Costa Rica y Nicaragua apostaron por la prevención. No soy partidaria de la idea de que países que han vivido guerra son más violentos; si no, observemos el caso de Honduras. Países como El Salvador, donde la política social se ha abandonado, la familia vive promiscuidad y desintegración, con derechos humanos vulnerados, son los más violentos.
¿Pero existe un binomio indisoluble pobreza-delincuencia?
Santos: Puede incidir pero no necesariamente. Pienso que las personas que están en las pandillas no son de pobreza precaria, sino que gente que reciben remesas, ahí hace falta más que el dinero, el cariño, el control, la obligatoriedad de que la gente cumpla determinados deberes. En algunos municipios coinciden los datos de delincuencia con los datos de pobreza de los asentamientos. Pero hay otros estudios, en los que los asentamientos más violentos son los más poblados. En Soyapango hay todo tipo de asentamientos. La Campanera no es pobreza extrema como la gente que vive en la orilla de los ríos, pero es muy violenta. Hay que poner atención a los dos tipos diferentes de violencia en los dos tipos de zonas. Con el programa Pro Jóvenes intervenimos comunidades de los 14 municipios del Gran San Salvador, pero no tenemos presencia en las comunidades aledañas. Esto es un problema porque sabemos que la violencia puede inmigrar a otros lugares. En las comunidades que hemos intervenido hemos recuperado espacios públicos, construido canchas, implementado programas de refuerzo escolar, arte, deporte y otros tipos de artes. La violencia necesita un abordaje integral.
Carrillo: El tema de la violencia tiene diferentes causas, no únicamente la pobreza. Otras causas son la guerra, la migración, el desempleo y otros fenómenos. El conjunto de estas condiciones adversas hace que la población y los jóvenes cometan ilícitos. Pero la violencia es más amplia que el homicidio. En algunos asentamientos precarios y con sobrepoblación tienden a coincidir delitos contra el patrimonio con la cantidad de homicidios. Pero eso no sucede en todos los asentamientos. En los gobiernos anteriores ha habido poca visión estratégica sobre la influencia de la precariedad en la violencia. Cuando se interviene en una comunidad sobrepoblada y un mapa de pobreza muy grande de forma aislada, la delincuencia tiende a emigrar. Relación de pobreza y delincuencia, eso no es una regla.
Sus instituciones hablan de prevención de la violencia. ¿Qué delitos se busca prevenir en los asentamientos?
Santos: La violencia silenciosa es la violencia doméstica. Una violencia donde a los padres no se les enseña cómo educar a los hijos. Logré descubrir que en muchos asentamientos es más la incidencia de delitos contra la libertad sexual que la de los homicidios: las violaciones y agresiones sexuales. Estos delitos son obviados porque el tema se ha reducido a los homicidios. Hay otros tipos de delitos que no se manejan dentro de los datos estadísticos como los relacionados con el crimen organizado y el lavado de dinero.
Carrillo: El tema de los homicidios está vinculado a otros aspectos que no necesariamente nos llevan a la pobreza, por ejemplo, hay que investigar si están ligados al narcotráfico y al crimen organizado. Los homicidios están relacionados con la capacidad de pagar y la cadena de venganza. Estos dos elementos tienen poco que ver con la precariedad de las comunidades. Los asesinatos que viven en condiciones de pobreza extrema presentan delitos como estafa y extorsión.
Pero la gran mayoría de los asesinatos es producida por la llamada “violencia social”.
Carillo: Los problemas de estos asentamientos son muchos de convivencia y sobrepoblación. Todavía no sabemos si los asesinatos se deben al narcotráfico o al crimen organizado. Lo que está claro es que la aglutinación no permite una buena convivencia.
Pero en términos prácticos, ¿qué significa prevención de delito?
Carrillo: La prevención de delito tiene que ver las causas que generan violencia en el país: pobreza, desempleo, acceso a los servicios básicos, capacidades para la juventud, generación de espacios públicos, deportes extremos. Hay también factores de salud mental y salud preventiva. Subsanar las deficiencias en estos elementos pueden prevenir que la gente cometa delitos.
Santos: Yo aquí hablo de la prevención de la violencia más que de la prevención del delito. La prevención de delito es responsabilidad de la PNC. La prevención de la violencia la abordamos en tres niveles: el primario va encaminado al niño que aún no se ha visto involucrado en el delito. El nivel secundario es tratar al infante que desobedece a sus padres, está en pandillas o en droga. El terciario empieza cuando la gente comete un delito.
Pero si usted me dice que miden la violencia y no el delito, ¿cómo miden el éxito de sus acciones?
Santos: Nosotros medimos nuestros éxitos con historias como la que relata Damaris en la que asegura se han reducido los homicidios en su comunidad. Hemos comprobado que en el Distrito Italia, donde antes tenía tres muertos diarios, la cantidad de asesinatos se han reducido. Quiero aclarar que el Consejo no es el responsable de toda la política de prevención, sino que es el Ministerio de Justicia y Seguridad. La política de seguridad con sus cinco estrategias es responsabilidad del Ministerio de Justicia.
Carrillo: Hay parámetros que señalan que cuando hay intervención del Consejo hay tendencia a que disminuyan los robos, pero no es suficiente, falta integralidad, porque mientras se apuesta de forma decidida por políticas preventivas, por otro lado se inyectan armas. Vemos pocos avances si no se toma este aspecto También influye la apertura de espacios públicos. Un caso concreto es el de la colonia San José, de Soyapango, donde no entraban los servicios a domicilio, pero a través de intervención de la sociedad civil se llega a acuerdos mínimos. Las maras respetan a los ciudadanos de la zona, se limpia de grafito las paredes. De esa manera se redujo homicidios, robos, hurtos, extorsiones.
Señor Carrillo, ¿qué opina de los planes del gobierno en las comunidades?
Carrillo: Hay un gran avance comparado con otros gobiernos. Antes no había visión preventiva, ahora se apuesta al tema preventivo. Hace falta darle una visión más integral con los otros ministerios y con organizaciones de la sociedad civil. Es necesaria una mejor comunicación interinstitucional.
Señora presidenta, usted hablaba de que hace falta integralidad. ¿Qué significa eso?
Santos: El presidente ha llamado a que los ministerios aborden el tema de la seguridad de forma integral. Hemos tenido presencia hasta del ministro de Agricultura. El proyecto que tiene el Ministerio de Justicia es intervenir en 100 comunidades con altos índices preventivos. Nosotros en el Consejo intervendremos en 76 comunidades, y algunas coinciden con las que intervendrá el Ministerio.
¿Sabe cómo el Ministerio escogió estas comunidades?
Santos: Por datos estadísticos. Son las comunidades más violentas.
Señor Carrillo, ¿usted conoce de estas 100 comunidades que intervendrá el Ministerio de Justicia?
Carrillo: No tengo en mis manos esos datos.
¿Cuál es el error más común cuando se habla de prevenir el delito?
Santos: El error es la politización del tema. Si nos uniéramos podríamos bajar los índices delictivos. Se politiza todo, ahora todos aparecen dando las mejores soluciones como que tienen varita mágica y nunca hicieron nada durante su gestión.