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Fallas de Concultura propiciaron destrucción en Cihuatán

La omisión de un procedimiento legal facilitó el camino a la alcaldía de Aguilares y al Viceministerio de Vivienda para levantar 34 viviendas temporales sobre suelo protegido. Mientras el ex director de Patrimonio Cultural, Héctor Sermeño, se rehúsa a hablar, la Fiscalía inicia una investigación.

Daniel Valencia Caravantes

 
 

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El trabajo de descapote en la zona de contrucción se llevó más de mil años de registro histórico. Foto Mauro Arias
Al menos dos omisiones de la desaparecida Concultura del gobierno de Antonio Saca –hoy Secretaría de Cultura- aparecen como causas de la destrucción de parte del sitio arqueológico Cihuatán, donde tres instituciones estatales empezaron a desarrollar un proyecto de 34 viviendas temporales y 14 permanentes que, según los arqueólogos, habrán causado daño en estructuras y otros vestigios prehispánicos supuestamente protegidos.

Entre enero y marzo de este año, al sur del sitio protegido, la alcaldía de Aguilares, el Viceministerio de Vivienda y la Fuerza Armada (con su Comando de Ingenieros), mutilaron una manzana de terreno (aproximadamente) para favorecer a 34 familias damnificadas por  la tormenta tropical Ida.

El gobierno levantó un campamento con 34 viviendas temporales elaboradas con tablarroca. Más tarde, y sin autorización, la alcaldía construyó 14 viviendas permanentes hechas con ladrillo de concreto. Según los arqueólogos, el movimiento de tierra para trazar calles y la compactación de la misma para levantar las casas –temporales y permanentes- destruyó estructuras y entierros prehispánicos reportados desde el año 2003.

La municipalidad de Aguilares, a cargo del alcalde Wilfredo Peña, y el Viceministerio de Vivienda, dirigido por Edín Martínez, defienden la realización del proyecto diciendo que desconocían el régimen especial de protección del terreno, declarado así por Concultura en abril de 2007.

El Consejo Nacional para la Cultura y el Arte emitió la resolución 0002/2007, que fue publicada en el Diario Oficial el sábado 21 de abril de ese año. En ella, Concultura declaró como “bien cultural” los inmuebles situados en el Sitio Arqueológico Cihuatán. Es decir, determinó que alrededor de 325 manzanas que colindan con el área monumental del parque arqueológico (en propiedad del Estado y con una extensión de 105 manzanas, aproximadamente) son bienes culturales que pasan a ser protegidos.

Esa protección determina que los usos posibles dentro de los terrenos son: “cultivo sin uso de arado, tractores u otra maquinaria para roturar la tierra, pasto para ganado, investigaciones arqueológicas autorizadas por Concultura, otros usos autorizados por Concultura”.

Entre los usos no permitidos en el sitio, según la resolución, están las “construcciones de cualquier tipo” (…) y “edificaciones en general”. La resolución publicada en el Diario Oficial está firmada por el ex presidente de Concultura, Federico Hernández, y por el ex director de Patrimonio Cultural, Héctor Sermeño.

La protección que hizo falta

Si la Ley Especial de Patrimonio Cultural –y su reglamento- no ordenara hacer toda una serie de notificaciones luego de declarar como bien cultural un sitio arqueológico, ni la alcaldía de Aguilares ni Vivienda tuvieran excusa para decir que no sabían que el terreno en donde realizaron sus proyectos –ubicado a un kilómetro, aproximadamente, del parque arqueológico y sus estructuras- era protegido. A menos que...

La Ley ordena a la Dirección de Patrimonio Cultural -que estaba a cargo de Sermeño cuando salió la resolución- informar al Centro Nacional de Registros (CNR), a la alcaldía del municipio donde se encuentra el bien protegido, y a los propietarios de los terrenos inmersos en el sitio arqueológico de que en esa zona no se pueden levantar edificaciones de ningún tipo.

Estas disposiciones están contenidas en los artículos 19, 20, 25 y 26 de la ley. En el reglamento, el artículo 69 determina la oficina responsable de velar por esas restricciones y, además, de hacer el otro acto para garantizar la protección del bien protegido:  “La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural gestionará la inscripción de dicho acto declaratorio en el Registro y librará oficio administrativo al Centro Nacional de Registro para que se inscriba la anotación preventiva”, reza el segundo inciso de ese artículo.

Pero en el CNR, el sistema de registro catastral, consultado por El Faro, confirma que en la parcela adquirida por la alcaldía de Aguilares -y en donde se levantó el proyecto de vivienda para los damnificados por la tormenta Ida- “no existen restricciones relacionadas a ningún asiento”. Es decir que Concultura no notificó el régimen impuesto a los terrenos.

Este es el caso de la parcela denominada Lotificación Las Pampas, Lote “A” (desmembrada de la Hacienda Las Pampas), adquirida según el alcalde en 150 mil dólares.

Aparte de la falta de restricciones, en esta transacción de la alcaldía hay algunos detalles que llaman la atención: la primera es que en poco más de dos años, el terreno –ubicado en una zona protegida- quintuplicó su valor. En los registros del CNR consta que Patricia Analy Quijada de Aguilar pagó, por esas mismas 25 manzanas, 30 mil dólares en agosto de2007 a los propietarios originales: los hermanos Carlos, Gerardo, Rodolfo, José y Ana Batista Vaquero. La segunda es que al viernes 9 de abril de 2010, ese mismo terreno todavía seguía asentado a nombre de Quijada de Aguilar y no de la alcaldía de Aguilares.

El jueves 8 de abril, vía telefónica, el alcalde Peña dijo a El Faro que el contrato de compraventa estipulaba que los 150 mil dólares por las 25 manzanas serían pagaderos  en seis cuotas. “Únicamente se habían cancelado dos cuotas, que equivalen a 50 mil dólares", dijo.

Luego, el alcalde aseguró que se echaron para atrás en la adquisición. "Después de este problema hemos negociado con la dueña y de buena volunta anulamos el contrato de compraventa. Ella ha reintegrado a la municipalidad los 50 mil dólares de las dos primeras cuotas”, dijo Peña.

En el CNR, ni la parcela que todavía aparece registrada a nombre de Quijada de Aguilar ni el resto del terreno colindante (92 manzanas, aproximadamente) registrado a nombre de los hermanos Batista Vaquero tiene restricciones ni anotaciones preventivas.

Aparte de informar a los dueños, al CNR y a la alcaldía, Concultura tenía que enviar notificaciones a la Asamblea Legislativa, a la Fiscalía, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Seguridad Pública, a la Policía Nacional Civil, a la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente y a la Gobernación Política Departamental.  

“No se hizo”, responde el actual titular de la Dirección de Patrimonio Cultural, Ramón Rivas. “Estoy indignado por lo que ha pasado”, añade. Rivas tomó posesión de su cargo el 6 de abril de este año, designado por el nuevo Secretario de Cultura, Héctor Samour.  “Estoy llegando y estoy encontrándome con este tipo de situaciones. Me informan que no se le dio continuidad (al trámite). Habrá que rastrear quien estaba en 2007 aquí”, añade.

En 2007, el director de Patrimonio Cultural era Héctor Sermeño, quien también autorizó entre 2007 y 2008 la liberación de terrenos para una lotificación en el Sitio El Cambio, en San Juan Opico, La Libertad. Ese sitio, al final, fue arrasado casi en su totalidad. Ese caso todavía está siendo investigado por la Fiscalía.

Sermeño, consultado vía telefónica este viernes 9, se negó a hablar del tema.

-Buenas tardes. Le hablo para pedirle reacciones...

-... ¿Es por lo de Cihuatán?

-Sí...

-... No... entreviste al nuevo director de Patrimonio.

-Me gustaría hablar con usted porque ya hablé con el nuevo director de Patrimonio. Me dice que en los procedimientos legales que tenían que hacerse después de la declaratoria de protección del sitio, hubo un faltante...

-No, no sé... yo ya no tengo nada que ver en eso...

-... Al parecer hizo falta, en su gestión, que se remitiera al CNR la orden para poner marginaciones y prohibiciones sobre el terreno...

-Entonces hable con los abogados de la Secretaría de Cultura. Eso lo hacían los abogados. Nosotros no hacíamos eso.

La primera gran ciudad maya en El Salvador

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Foto Mauro Arias
El alcalde del FMLN en Aguilares, Wilfredo Peña, tiene en su municipio uno de los sitios arqueológicos más importantes del país. Cihuatán, según los informes de la Fundación Nacional de Arqueología (Fundar) y del Departamento de Arqueología de la Secretaría de Cultura es un sitio maya del posclásico temprano (900-1200 d.C.). Su importancia radica en su tamaño y en su significado: es la primera gran ciudad maya en El Salvador conocida hasta ahora.

¿De verdad ignoraba usted que sus proyectos colindaban con tan importante sitio, quizá la atracción más importante de su municipio? El alcalde dice que sí, y hace un símil de la falta de comunicación que según él hubo en este caso. “Aquí lo que pasó es como cuando una pareja de novios se casa y el abogado no lleva  a la alcaldía que se marginen esas partidas de nacimiento. ¡Y resulta que cuando se vienen a dar cuenta no están casados! Algo similar, me supongo, ha sucedido acá”, dice.

El inciso segundo del artículo 8 de la Ley de Patrimonio Cultural tiene previsto que las autoridades de Patrimonio Cultural hagan su trabajo, para luego disponer las obligaciones de otras personas. “Los planes de desarrollo urbanos y rurales, los de obras públicas en general y los de construcciones o restauraciones privadas que de un modo u otro se relacionen con un bien cultural inmueble serán sometidos por la entidad responsable de la obra a la autorización previa del Ministerio a través de sus respectivas dependencias”, dice.

El problema con la ley, que no posee los dientes suficientes, es que si Patrimonio Cultural no pide al CNR la marginación de los inmuebles, nadie tiene por qué enterarse de la calidad de un terreno protegido. O, como máximo, la ley solamente ordena que si un propietario descubre un bien arqueológico en su terreno, debe informar a las autoridades en un plazo máximo de cinco días so pena de sanción. ¿Y si las autoridades no se enteran?

En este caso, por ejemplo, las autoridades se enteraron tarde. Y si se destruyeron estructuras –como afirma Fundar- solo una investigación delimitada sobre el terreno lo afirmará. Según el Viceministro de Vivienda, al menos en el proyecto que le compete (levantamiento de 34 viviendas temporales) no se destruyó nada.

“Si hubiésemos generando algún daño, lo que tuviéramos que estar haciendo es aceptando el problema. No se ha generado ninguna excavación, no se han hecho zanjas para meter servicio s básicos, no se han hecho excavaciones para generar fundaciones, porque las viviendas temporales no necesitan de fundaciones”, dice.

En el terreno afectado, de boca del actual director del Departamento de Arqueología, Shionne Shibatta, y de su antecesor, Fabricio Valdivieso, se sabe que ahí sí había estructuras. Shibatta no dice cuántas porque asegura que no está autorizado en este momento a dar esa información. Valdivieso, sin embargo, recuerda que eran 12. Valdivieso discrepa de la opinión del Viceministro. “Los sitios postclásicos son la última época de ocupación prehispánica y no suelen encontrarse a mucha profundidad. Sus estructuras están a pocos centímetros de la superficie; y en ocasiones se ven: la roca sale de la superficie. No tiene que excavarse demasiado para encontrar un sitio de estos. Si barren con la superficie, barren con el sitio. No se necesita hacer mucha excavación para destruirlo”, asegura.

Contiguo al terreno en donde la alcaldía levantó las casas de concreto, a un metro de la alambrada que divide las dos propiedades, hay una estructura que presumiblemente alguien habitó. Ahí había, a la vista, la mitad de una antigua piedra de moler.

Un permiso oral

La municipalidad, según el alcalde –y según Vivienda- ofreció ese terreno al Viceministerio para solventar el problema de las familias damnificadas por la tormenta Ida en Aguilares. Cuando ofreció el terreno, según ambas autoridades, presentó el acta registral en donde no aparecía ninguna restricción para el inmueble.

El 30 de noviembre de 2009, al terreno llegó una comisión compuesta por tres delegados de la alcaldía, dos delegados dela Asociación de Ingenieros y Arquitectos (ASIA), y un delegado por cada una de las siguientes instituciones: Vivienda, Ambiente y Obras Públicas. La Secretaría de Cultura no fue invitada.

“Estábamos saliendo de una emergencia y lo hacemos bajo el presupuesto de que no vamos a afectar. Y lo hacemos en un momento en que el alcalde nos plantea que había adquirido el terreno... Cuando compras un terreno te sale si tiene gravámenes y ahí aparecen gravámenes de distintas índole”, dice el Viceministro Martínez.

El alcalde, sin embargo, dice que en diciembre llamaron por teléfono a la Secretaría de Cultura para pedir un técnico que avalara el proyecto.  “Solicitamos la inspección de la Secretaría de Cultura en el mes de diciembre. Vinieron al terreno, a Aguilares. Era personal de la Secretaria de Cultura y dijeron que se podía realizar el proyecto.

-¿Tiene constancia de eso, por escrito, en algún acta?

-Lo dijeron de manera verbal.

-¿Quién se los dijo?

-Hugo Chávez, técnico de Secretaría de Cultura. En la visita de campo lo dijo de manera verbal. Se lo dijo al arquitecto de la alcaldía, Óscar Carbonell.

El director de Patrimonio Cultural, Ramón Rivas, niega esta versión y dice: “Lo que no está escrito no existe”. Según Rivas, el jefe del Departamento de Arqueología, Shionne Shibatta, le ha informado que Chávez nunca expresó lo que plantea el alcalde.

En el expediente de la Secretaría de Cultura, del arqueólogo Hugo Chávez aparece un correo electrónico destinado al arquitecto de la alcaldía, Óscar Carbonell, en donde le solicita datos del proyecto para valorar la aprobación del mismo. Nada más. Este correo, al menos, plantea que ni en la Secretaría de Cultura sabían de la situación del sitio arqueológico protegido desde 2007. Si no, ¿por qué se iba a evaluar un proyecto que esa resolución de 2007 lo prohibía?

Recordemos los usos prohibidos que planteó el decreto: “construcciones de cualquier tipo” y “edificaciones en general”.

“Por eso estamos investigando para saber qué pasó”, dice Ramón Rivas, el director de Patrimonio Cultural, que se estrena en el puesto con este caso. “Vamos a hablar con la alcaldía y con el resto de instituciones involucradas. ¡Este es un ejemplo de cosas que no pueden volver a ocurrir!”, dice.

Lo que se sabe en este momento es que la alcaldía de Aguilares compró un terreno que en 2009 valía cinco veces más de lo que valía en 2007; participó de un proyecto de viviendas temporales con el Viceministerio de Vivienda (patrocinado por donaciones internacionales, que ascendieron a los 30 mil), y luego construyó otras 14 casas, permanentes, sin ninguna autorización, a un costo de 6 mil dólares cada una, según datos proporcionados por el alcalde. 84 mil dólares en total. 84 mil dólares perdidos porque el 12 de marzo, 10 días después de la denuncia de Fundar, el alcalde Peña informó en una carta a la gerente administrativa de la Secretaría de Cultura, Daysi Reinosa, que la alcaldía “no continuará con el proyecto urbanístico con el objeto de preservar nuestra cultura”. Peña repitió lo mismo seis días más tarde, en una carta dirigida al secretario de Cultura, Héctor Samour. Hoy las viviendas alguien las está demoliendo.

Se sabe, además, que Vivienda nunca autorizó las viviendas permanentes. “Nosotros no hemos metido ladrillo. En las construcciones firmes que hay ahí, no tiene nada que ver el Viceministerio. No te voy a decir quién hizo eso, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso.  El Viceministerio solo aprobó las temporales. Con las permanentes el Viceministerio no tuvo nada que ver”, dice el viceministro Martínez, desligándose del proyecto impulsado por el alcalde y su concejo.

Según Peña, el proyecto de las viviendas permanentes iba “paralelamente a la construcción de las viviendas temporales”. Martínez dice que esa fue solo una idea que en algún momento expresó el alcalde. Nada más.

Se sabe, además, que el 4 de marzo, dos días después de que Fundar denunciara el caso ante la Secretaría de Cultura, la oficina jurídica de Cultura solicitó a la Fiscalía investigue la destrucción del sitio arqueológico.

La Unidad de Intereses del Estado, por medio de la oficina de prensa de la Fiscalía, confirmó el jueves 8 de abril que ya está abierta esa investigación y que se están planeando inspecciones a la zona en los próximos días. Si se comprueba que alguien destruyó algún bien arqueológico, la Ley de Patrimonio Cultural estipula sanciones “equivalentes a dos salarios mínimos hasta el equivalente a un millón de salarios mínimos, según la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor, sin perjuicio de que el bien pase a ser propiedad del Estado”.

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