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'La seguridad está para garantizar derechos, no para conculcarlos'

Hugo Acero es un sociólogo colombiano y fue uno de los artífices de la reducción de la violencia en Bogotá. Tiene 20 años de trabajar como asesor en temas de paz y seguridad pública; fue secretario de seguridad de Bogotá, asesor del director de la Policía Nacional de Colombia y ahora es asesor internacional. Acero es un convencido de que el ejército debe salir de la lista de actores que luchan contra la delincuencia y rechaza, enfático, la estrategia que unos días después de esta entrevista lanzó el ministro de Defensa para suspender garantías constitucionales.


Jueves, 21 de enero de 2010
Carlos Martínez

¿Qué es lo que promueve que los indicadores de violencia no hagan sino dispararse?
No es el caso exclusivo de El Salvador, si miran la mayoría de países centroamericanos y algunos sudamericanos están aumentando la violencia; y en muchos casos está asociada al crecimiento del narcotráfico. Ahora ya no existe ninguna ciudad o país, desde el norte -Canadá- hasta la Patagonia que no esté sufriendo este problema, con distintos niveles de violencia y esto ha venido afectando la seguridad ciudadana. No es un hecho exclusivo de El Salvador. Yo lo sitúo en el crecimiento y presencia del narcotráfico.

¿Las particularidades de la violencia en El Salvador están también relacionadas con el narcotráfico?
Digamos que el nacimiento no, pero viene a sumarse a las otras condiciones que posibilitan tener mayor violencia, de organizaciones criminales ligadas al crimen organizado, pero también desde luego el tema del narcotráfico es un aditamento más a estos fenómenos que propician violencia.

Si lo abordáramos como si fuera esto una epidemia, ¿cuáles son los vectores que estimulan el crecimiento de la violencia en El Salvador?
Yo diría que uno es que hay un fenómeno que salta en América Central, y para eso el caso colombiano es muy ejemplar: que luego de los procesos de paz, en algunos países centroamericanos, a excepción de Nicaragua, aumentó la violencia, y es que yo creo que parte del material bélico utilizado por los actores del conflicto se regó dentro de la población y algunos de esos actores mal insertados socialmente, o vinculados socialmente, luego de los acuerdos de paz, pues continuaron con algunas acciones delincuenciales y más con entrenamiento. Pero luego también los hechos que tienen que ver con maras y con pandillas en el caso centroamericano.

Ya que menciona el caso de Nicaragua, sucede que compartimos de alguna manera una historia común de dictaduras militares y revoluciones armadas y más o menos las mismas condiciones sociales; sin embargo, ahí no se ha afincado ni cárteles ni pandillas. Quizás El Salvador reúne particularidades o nichos más propicios para la violencia.
No tengo respuesta para lo de Nicaragua, aunque siempre me ha llamado la atención. Tiene una policía con una credibilidad mucho más alta que cualquier policía centroamericana. Me llama la atención que esa policía se ha sostenido con una credibilidad importante y muy cercana a los ciudadanos, es una policía mucho más comunitaria y tiene una mayor credibilidad y una mayor efectividad. Hoy podemos decir que ya Costa Rica la supera en violencia. Es algo extraño y habría que mirar qué llevó a que teniendo también procesos de paz más o menos por las mismas décadas, haya sido un comportamiento distinto al de Guatemala y El Salvador. No lo sé.

Acaba de apuntar lo relativo a los procesos de guerra y de paz en El Salvador. A la hora de explicar más recientemente el incremento de violencia en los últimos años, ¿usted identificaría el incremento del narcotráfico?
Sí, como puente y como consumo. Creo que Centroamérica y México están sirviendo de puente y han incrementado su consumo.

¿Ese es el elemento novedoso?
Sí, y eso está afectando la seguridad de los ciudadanos, está creando estructuras completamente distintas. Yo hace algunos años aquí en El Salvador decía que el narcotráfico va a cambiar a las maras y de hecho lo está haciendo.

¿Ha sido posible para usted identificar ese elemento?
Sí, porque el narcotráfico suele utilizar cualquier estructura delincuencial para sus actividades, pero requiere también digamos un cambio de comportamiento, en términos de organización, porque requiere estructuras organizadas.

Un estudio en el que estuvo involucrado el PNUD decía que 9 de cada 10 asesinados son hombres, que la edad promedio de las personas asesinadas es de 29 años, que el 80% de los homicidios ocurren con arma de fuego, que es un fenómeno básicamente urbano... ¿a estos elementos agregaría el elemento de la narcoactividad?
Digamos que esto fue parte de los diagnósticos que nosotros elaboramos en el año 2004 aquí, junto con el PNUD, y con el gobierno de entonces se hizo un plan integral de seguridad y estos eran los elementos. El narcotráfico está ya hace un tiempo y como paso desde finales de los 80s. Pero digamos que en 2000 el narcotráfico comienza a llegar y que a los países centroamericanos les sucedía un poco lo que le sucedió a México, que consideraron que la droga estaba simplemente de paso hacia Estados Unidos, pero no. La droga llegó para quedarse en el consumo interno. Un elemento adicional sería el crimen organizado, porque detrás del crimen organizado ya había algo más en Centroamérica: el paso de ilegales, que desde luego conecta a toda Centroamérica y al norte de México y al sur de los Estados Unidos y al tema de las armas que desde los Estados Unidos ingresan a México y a los países centroamericanos. Todos estos temas forman parte de la misma lógica de crimen organizado.

Si estos elementos estaban puestos sobre la mesa desde hace algún tiempo parece que hubo buenos intentos de diagnosticar el fenómeno y el fenómeno, lejos de desaparecer toma fuerza, ¿para qué ha servido diagnosticar? Tal vez la medicina que se usó no era la adecuada.
Yo creo que los gobiernos salvadoreños conocen el diagnóstico, saben realmente lo que está sucediendo, pero ha habido dos extremos básicos: uno es el considerar que esto se arregla con mano dura y que el tema de prevención y el de desarrollo social... hay dos problemas graves en toda América Latina: una deuda de desarrollo social muy fuerte, pero también problemas de violencia y delincuencia y las dos cosas hay que enfrentarlas. Hay que conseguir los recursos para poder solucionar las dos. Durante largo tiempo en los países centroamericanos, El Salvador incluido, se privilegió la mano dura, contrario a desarrollar políticas preventivas y políticas que buscaran desvincular a la gran cantidad de jóvenes relacionados con pandillas. ¿Hay alternativas? La única posibilidad de mejorar la seguridad es teniendo una política que tenga acciones preventivas y acciones represivas. Se equivocan los que creen que solamente con mano dura van a acabar el problema, pero también se equivocan los que creen que a punta de desarrollo social la violencia y la delincuencia van a mermar.

Se trata de trabajos paralelos.
Deben ser propuestas integrales. Las políticas que han tenido resultados son aquellas que logran al mismo tiempo aplicar políticas preventivas y políticas de desarrollo, y combate a los que están delinquiendo. Hay que pensar en los temas de capital social, mejor educación y mejor desarrollo de las comunidades, para que los niños y las niñas no se vinculen a estas actividades, sino que tengan alternativas en estudio, en recreación y en futuro; es como cerrar la puerta para que no ingresen al campo de la violencia y la delincuencia, pero también atender a estos muchachos que ya están vinculados. Y alos que delinquen hay que combatirlos en términos de estado de derecho y con el uso legítimo de la fuerza; o sea, el Estado tiene instrumentos necesarios para enfrentar el delito y lo hace a través de las instituciones legalmente constituidas y respetando los derechos humanos.

En un informe que usted hizo en 2005 para el Ministerio de Gobernación identificaba ya algunas cosas. ¿El diagnóstico actual difiere mucho de ese?
Yo he sido funcionario público manejando estos temas: fui secretario de seguridad durante nueve años en Bogatá, que es una ciudad de 8 millones de personas, o sea estuve durante tres gobiernos y lo que uno debe de hacer es primero reconocer las cosas buenas que dejaron los gobiernos anteriores y seguirlo desarrollando y sacar otras cosas. Hoy estamos haciendo un esfuerzo desde el PNUD, con el gobierno actual y para reconocer esfuerzos que el país ha hecho en esta materia. A partir de ahí hay que pasar de los diagnósticos a mirar qué hacemos. Ya tenemos un diagnóstico, sabemos que tenemos un gran problema que hay que buscarle la medicina adecuada y tratar de enfrentar estos problemas.

Este documento tiene dos secciones: una referida a los problemas relativos a las instituciones y al fenómeno y una segunda relativa a las sugerencias y a las acciones que deberían haberse aplicado. Hablaba de una inadecuada plataforma institucional y de la falta de una política integral.
Sí, y eso es lo que se intenta hacer con el Ministerio en este momento.

¿Estos elementos siguen vigentes?
Siguen vigentes. Después de este documento hubo un esfuerzo en El Salvador muy importante que fue el informe o el trabajo que hicieron en 2007 con mucha consulta, un trabajo muy importante y esos son los esfuerzos que hay que reconocer.

Sigue siendo diagnóstico.
Bueno, ya se formulaba ahí una política. En líneas generales, digamos son casi similares (a las que yo planteaba en 2005), pero bien intencionadas.

¿Ha encontrado ahora una política integral como herramienta de gestión?
No, yo creo que se está formulando. He venido en dos oportunidades con esta y he encontrado receptividad en el nuevo gobierno a tener una política integral. Yo creo que es importante eso. El otro tema importante que hay que tener en cuenta en esto es que hay que en el tema de seguridad hay que romper con el tema de la filiación política. Esto no es una política ni de derecha ni de izquierda. Los ciudadanos requieren seguridad y no importa qué gobierno esté. Los delincuentes nunca preguntan si eres del Frente o de Arena antes de robarte el carro. Es el Estado el que debe garantizar ese derecho y no tiene que tener ningún tipo de distinción. Ojalá el tema de la seguridad ciudadana fuera un tema político, pero no partidista, que no nos alegráramos de que al partido contrario le fuera mal, sino más bien le invirtiéramos todo para encontrar soluciones.

¿Qué esperaría ver en una política general, como brújula de una gestión de seguridad pública?
Yo esperaría que existiera un liderazgo muy importante del presidente en este tema. Un liderazgo que se debe transformar en una convocatoria a todas las instituciones responsables de este tema para trabajar en equipo. Se requiere que la Policía, que el Ministerio de Justicia, que los presidios, que el Ministerio Público, que la Fiscalía, que la Procuraduría y la Corte trabajen en equipo. Se requiere realmente un trabajo en equipo porque donde ha habido resultados es por eso, con un principio básico: cada institución hace lo que le corresponde, lo hace de la mejor manera y responde públicamente por los resultados, pero hay que trabajar de forma permanente en equipo.

En este documento recomienda reducir la cantidad de instituciones que tienen que ver con el tema. ¿Son recomendaciones que mantiene vigentes?
Yo en su momento -y lo digo como Hugo Acero- propuse que el Consejo de Seguridad Pública dejara de ejecutar políticas. El Consejo, como su nombre lo indica, es un consejero, no un ejecutor. El que debe ejecutar es el funcionario público, que tiene la responsabilidad, en este caso el ministro y el Ministerio de Justicia y Seguridad, porque cuando hay múltiples instituciones haciendo lo mismo y no hay alguien que coordine realmente las distintas intituciones, los resultados son como los dos conductores de un carro que quieren ir en direcciones contrarias. Esto es un tema de Estado, que le corresponde a las institciones de Estado y no a los consejeros.

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