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Ex concejo de San José Villanueva regaló calle a Grupo Roble

El camino que atraviesa el condominio residencial La Hacienda fue donado a Roble por el anterior concejo municipal, alegando que había quedado en desuso y que siempre fue un inmueble privado. Con ello, obligarían a los pobladores de una comunidad pobre a hacer un rodeo de 1.3 kilómetros y contradijeron un informe oficial que dice que la calle siempre ha sido propiedad pública.


Fecha inválida
Daniel Valencia

Cuando les faltaban solo 40 días para dejar sus cargos tras perder la elección de enero pasado, los concejales de San José Villanueva decidieron regalarle a Grupo Roble una calle, con lo cual condenaron a los habitantes de una comunidad a usar un camino alterno que los obliga a añadir 1.3 kilómetros al recorrido a que estaban acostumbrados desde hacía 70 años.

La decisión de la municipalidad, además, significaba una ayuda para Roble, que enfrentaba una demanda ante la Defensoría del Consumidor, donde estaba acusada de haber vendido el proyecto habitacional La Hacienda como un complejo cerrado, sin informar a los clientes que el terreno estaba partido en dos por una vía pública.

El concejo, encabezado por el alcalde Francisco Arias Mejía, del partido Arena, basó su decisión en el argumento de que la vía estaba en desuso y en que el camino legítimamente pertenecía a Roble, por lo que el acuerdo del concejo en la práctica era nada más devolver una propiedad.

Ese camino en realidad es un bien público, según determinó en 2006 un informe del Instituto Geográfico Nacional, y según lo tiene registrado hasta la fecha el Centro Nacional de Registros (CNR).

La vía en disputa sirve a los habitantes de la comunidad El Escalón, en el sur del municipio de San José Villanueva, para transitar hacia el pueblo del mismo nombre. Sin embargo, cuando cobró vida el proyecto habitacional La Hacienda, sus inquilinos decidieron un día hacer lo que consideraban era su derecho: cerrar la calle al paso de personas que no vivieran ahí. Pronto supieron que ese camino que consideraban parte del proyecto, era en realidad propiedad estatal y eso precipitó una primera demanda ante la Defensoría del Consumidor.

El camino es utilizado por unas 40 familias de El Escalón que tienen al menos 70 años de transitarlo, y que cuando se construyó La Hacienda no tenían otra manera de llegar al pueblo de San José Villanueva. Una vez desatada la pugna, en 2006, el alcalde Arias Mejía se alineó en favor de los intereses de la comunidad El Escalón, a tal punto que entre el 29 de junio y el 19 de septiembre de ese año ordenó quitar la puerta y la caseta que restringían el paso por la calle, explicó ante los habitantes de La Hacienda que el camino era público e invitó a celebrar los 168 años de haber sido declarada propiedad estatal la vía.

Roble es la subsidiaria de bienes raíces en Centroamérica del Grupo Poma, y según explicó a El Faro Billy Solano, gerente de investigación y desarrollo de la firma, la vara cuadrada dentro de La Hacienda vale 35 dólares. La calle que parte en dos al complejo tiene una extensión de 56 mil varas cuadradas, con lo que su valor económico se acercaría a los 2 millones de dólares.

El camino vecinal que del cantón El Escalón conduce al casco del municipio mide 2.3 kilómetros y atraviesa esa residencial, donde los clientes tienen la opción de comprar solo el lote o el lote con casa ya construida. Los precios van desde los 120 mil hasta los 250 mil dólares y hasta la fecha están vendidas 325 de las 562 propiedades puestas a la venta. El lote más pequeño mide 2 mil 600 varas cuadradas, lo que equivale a un poco más de un cuarto de manzana de terreno.

Cuando en 2006, un grupo de 14 dueños de estos terrenos se percató de que ese camino que divide en dos La Hacienda era de uso público, acudió a la Defensoría del Consumidor (DC) para denunciar que Roble les vendió las propiedades sin decirles toda la verdad. Y Roble, el 3 de octubre de 2006, se comprometió a pagarles en concepto de indemnización por daño moral 50 mil dólares.

Los de El Escalón son habitantes de una comunidad rural, con casas de bahareque o lámina. Son gente sencilla y pobre que, en algunos casos, paradójicamente encontraron en el proyecto de Roble una fuente de empleos y a la vez el poder que les iba a cerrar el  camino que habían utilizado toda su vida. Los hombres, mientras se sigue expandiendo el complejo, sirven ahí de albañiles, jardineros o multiusos a los habitantes de La Hacienda. Los que no han logrado ocuparse en la residencial, trabajan en tareas similares en el pueblo de San José Villanueva o en Santa Tecla. Y los más viejos -y los más jóvenes- colaboran con el sustento familiar apoyando en la siembra de subsistencia, especialmente maíz.

Cuando el concejo presidido por Arias se reunió el pasado 19 de marzo -exactamente dos meses después de perder la elección ante el partido FMLN-, aprobó la donación en el acta número 8. “La calle ha quedado en desuso y, en consecuencia, ha perdido utilidad pública”, justificó el concejo.

La calle, sin embargo, no ha dejado de utilizarse, como lo evidencia el paso diario de los habitantes por ese lugar. “Esta calle siempre será el camino principal de nosotros hacia el pueblo”, dice el presidente de la comunidad El Escalón, Sergio Alfaro.

El acta fue suscrita a las l0 de la mañana y hace explícita la donación del inmueble. “Desafectar, de modo irreversible, el antes denominado camino vecinal al cantón El Escalón, que afecta y atraviesa el inmueble que antes se conocía como finca El Carmen y que ahora forma parte del condominio quintas recreativas La Hacienda, bien inmueble catastralmente identificado como parcela treinta y cuatro mil noventa y tres (34093), hoy cincuenta mil dos (50002) del sector cero quinientos catorce U cero cuatro (0514U04)”, dice uno de los puntos del acuerdo. Más adelante, establece dos órdenes: una, “no afectar con servidumbre de tránsito” la calle debido a que el cantón ya no está incomunicado, y dos, “devolver de forma gratuita el bien inmueble identificado catastralmente como parcela 34093, hoy 50002, del sector 0514U04 a sus propietarios, en razón que el terreno vacante fue ocupado sin indemnización por esta propiedad”.

A diferencia de 2006, cuando estalló la disputa, ahora sí hay una calle alternativa. Fue construida en 2008 por Roble y la alcaldía con el propósito de conectar el cantón con el casco del municipio. Fue construida en concreto hidráulico y mide 3.6 kilómetros, y con eso la alcaldía cambió su discurso y junto a Roble comenzaron a expresar que el cantón ya no quedaría aislado si se cerraba la antigua calle vecinal. La vía opcional supone para los habitantes de El Escalón un recorrido adicional de 1.3 kilómetros adicionales respecto del camino original.

Entonces la constructora y la alcaldía iniciaron una campaña de disuasión con la comunidad El Escalón, para que accedieran al cierre de la vía tradicional. Roble incluso pagó el servicio de un autobús para ir a recoger a los habitantes del cantón a determinadas horas del día, pero el apoyo no prosperó porque los del cantón vieron eso como una burla, sobre todo porque nunca se les consultó si querían cambiar el camino para llegar al pueblo.

Y mientras eso ocurría, los dueños de los terrenos en La Hacienda siguieron su pelea con Roble, a la que demandaron por segunda ocasión ante la Defensoría del Consumidor. El juicio en el que se acusó a la empresa de ofrecer privacidad sabiendo que una vía pública atravesaba la propiedad, concluyó en contra de la compañía, a pesar de que esta presentó como prueba en su favor, el acta de donación firmada por los concejales el 19 de marzo. El 24 de junio de 2009, la DC resolvió en favor de los demandantes, condenando a otra multa a Roble. “Se consideró que el proveedor había omitido una información precontractual que debía considerarse esencial, como el carácter público de la calle, y que sin lugar a dudas habría modificado la voluntad del consumidor. Sanción: $48,075.00”, dijo la DC.

Roble, sancionado, ahora dice no compartir criterio con el anterior concejo municipal, cuya decisión dio ánimos a los habitantes de La Hacienda para exigir, nuevamente, el cierre definitivo de la calle. Roble hoy dice estar alineado en favor de la comunidad El Escalón. “Ellos han ocupado siempre esa calle y hay que llegar a un acuerdo”, dice Solano.

El alcalde que se contradijo

El ex alcalde de San José Villanueva es hoy, al menos para los habitantes de El Escalón y para tres de sus concejales, una de esas personas con las cuales es incómodo cruzarse por la calle; sobre todo cuando en el pueblo todo mundo ya sabe que la anterior comuna regaló la calle, llamada por Roble “Paseo La Hacienda”.

Arias Mejía, sin embargo, hubo un tiempo en el que estuvo a favor de la comunidad de El Escalón. En una carta fechada el 29 de junio de 2006, el alcalde ordenó a la administradora de La Hacienda quitar la puerta, la caseta de control y la seguridad privada instalados en la antigua calle al cantón El Escalón.

El 31 de agosto del mismo año, el alcalde, en otra carta, volvió a informar a los directivos de La Hacienda que según mapas del CNR la calle es pública. Un mes más tarde, el 19 de septiembre –luego de haber derribado los portones-, el alcalde mandó otra misiva para reiterar sus argumentos:

“El motivo de la presente es para hacerle una atenta invitación a usted y miembros de su iglesia a la celebración del decreto 1938 de la calle principal cantón El Escalón Piedra Pintada y sus 168 años que se declaró calle pública”, rezaba la carta dirigida a Ana María de Lara, entonces presidenta de la junta directiva de La Hacienda.

“Nunca le creímos a Roble que esa calle es privada”, dijo el alcalde en noviembre de 2007 a El Faro.

Casi dos años después, Arias Mejía ratificó un documento que expone una versión diferente de los antecedentes de la calle. El alcalde y su concejo hicieron suyos los argumentos que Roble había utilizado todo el tiempo para decir que la calle era suya, y dijo que el municipio había ocupado la calle “sin que exista título alguno que acredite derecho del municipio sobre el inmueble ocupado por el antiguo camino al cantón El Escalón”.

Pero en 2007, luego del pleito entre Roble y los condóminos que denunciaron a la empresa, el alcalde Arias, la DC, los clientes de Roble, los habitantes de El Escalón  y el mismo Centro Nacional de Registros coincidieron en que sí era un bien nacional.

Ese informe, de 2006, suscrito por la que en ese entonces era directora del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, Gracia Morena Peña, decía que en 1997 hubo una inclusión de un terreno un tanto extraña dentro de la propiedad.

“En esta reunión de inmuebles se incluyó la calle en referencia, cuando según el análisis de los antecedentes de los inmuebles reunidos se establece que están divididos por caminos, esto se puede constatar en las colindancias de los antecedentes reunidos”, dice el documento, en poder de la DC. El CNR registra que en 1997 el inmueble fue remedido y posteriormente sobre él se constituyó el proyecto habitacional de Roble, “incluyendo el bien nacional, al cual se le ha denominado Paseo La Hacienda”.

“En inspección de campo se ha podido constatar que ese bien nacional no ha perdido su naturaleza de camino vecinal, ya que es el único acceso a los pobladores del cantón El Escalón, ubicados rumbo sur del referido condominio”, continuaba el informe.

“El camino vecinal, cuyo código es el de 34093 (está) controlado catastralmente a favor del Estado de El Salvador”, concluyó el Instituto Geográfico.

Pero en el acta aprobada el 19 de marzo pasado, el concejo asegura que el camino vecinal siempre fue propiedad de sus legítimos propietarios (los titulares de Quintas Recreativas La Hacienda) de conformidad con las inscripciones en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del departamento de La Libertad.

Consultado al respecto, vía teléfono, el ex alcalde Arias vuelve a contradecirse y ahora asegura que la calle es nacional.

-Esa calle es nacional. Si llega hasta el litoral -dice.

-¿Entonces por qué se la regalaron a Grupo Roble?

-No, no. Esa calle ellos (Roble) la querían para repararla, pavimentarla, para poder llegar mejor al cantón.

-Señor Arias, el acuerdo que usted y su concejo firmaron dice una cosa totalmente diferente.

-Mire, ahorita estoy en un casamiento por El Congo, de un hermano. Estoy saliendo de un templo evangélico. Mejor hábleme más tarde…
Cuando se le llamó repetidas veces más tarde, Arias ya no respondió su teléfono.

El acuerdo firmado por el concejo anterior no concuerda con el informe que rindió el CNR a la Defensoría. Y Roble, a pesar de que admite que esa calle siempre ha sido utilizada por los habitantes de El Escalón, decidió ponerle pelea al CNR por su versión sobre la propiedad del camino.

Grupo Roble, que es la subsidiaria de bienes raíces del Grupo Poma, acudió a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, alegando que la calle pertenece a la empresa. La Sala no ha resuelto la demanda.

Ex concejales se dicen timados

El ex síndico Ronald Tolentino, el ex primer regidor, Héctor Antonio Pérez Matute,  y el ex primer regidor suplente, Santos Cruz, aseguran que el principal vocero para regalar la calle fue el ex alcalde Francisco Arias Mejía, e intentan librarse de culpas diciendo que no vieron lo que firmaron, y que el acta final no era la que se acordó en el concejo.

“Tuvimos tres reuniones antes de firmar esa acta. En la primera, un representante de Roble, el señor Julio Guevara, presentó un documento que decía que se les donaba a calle, a lo cual nos opusimos. En otra reunión, el señor alcalde llevó a otra abogada que presentó otro proyecto, en donde se mantenía el libre tránsito por la calle a favor de la gente de El Escalón. Acordamos que ese sería el acuerdo. Pero aceptamos que, por error, cuando vinimos a firmar lo hicimos sin leer el documento”, dice Matute.

Este ex funcionario, que se salió de Arena y hoy está en las filas del PCN, comparte junto a los otros dos que al menos de lo que recuerdan, ese acuerdo ni siquiera se elaboró en marzo, como dice la fecha registrada en el libro de actas.

“Ese acuerdo se hizo a finales de abril, antes de entregar la gestión. Lo que pasa es que como era común que se traspapelaran papeles… a veces se firman cosas con fechas atrasadas. Pero sí, no se firmó en marzo”, dice el ex síndico, Ronald Tolentino.

Una mañana de finales de abril, según cuentan los tres, antes de firmar el acta, el abogado Julio Guevara le ofreció al alcalde ayudarle a la secretaria municipal para redactar el acta, en la oficina de la secretaría municipal. “Vaya pues, papaíto”, le dijo el alcalde, cuenta Matute.

El Faro intentó obtener la versión de Julio Guevara, el abogado de Roble, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. El gerente de investigación y desarrollo, Billy Solano, dice que esa versión es “increíble”.

En el Centro Nacional de Registros hay constancia de una inscripción a favor de Roble en donde se menciona la desafectación de la calle hasta el 20 de abril de este año, bajo el asiento de presentación “200905010128”, emitida a las 15:27:55 horas.

Sin embargo, a la hora de pedir un mapa catastral de la arteria, esta sigue teniendo un solo propietario: “Estado y gobierno de El Salvador (camino vecinal)”, es lo que dictamina el CNR, en respuesta a El Faro, el 24 de agosto pasado. Consultado acerca de este registro oficial, Solano se limita a decir que no entiende la situación: “No me lo explico”.

Con eso se encontró el nuevo concejo municipal, cuando la síndica, Ana Lilian Cañas fue a buscar información de la misma, el 27 de julio de este año. Un día después, el nuevo concejo firmó un acta de revocatoria del acuerdo anterior, y envió la documentación a la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa pidiendo “se detenga cualquier trámite que pretenda declarar en desuso la calle”, escribió el actual alcalde, José Arnoldo Jiménez.

El 24 de julio de 2009, según cuentan cuatro dueños de terrenos en La Hacienda, los condóminos celebraron una reunión extraordinaria para tratar temas que les competen junto a los representantes de Grupo Roble. A esa reunión, aseguran, llegó Patricio Escobar Thompson, vicepresidente ejecutivo de Grupo Roble Internacional.

Días previos a esa reunión, Roble había intentado convencer a la junta directiva de La Hacienda para que se incluyera un punto de votación, a favor de la empresa, para que la calle otrora en disputa quedara siempre abierta, con libre tránsito para los habitantes de El Escalón.

“Pero a nosotros, de rebote, con esa acta de la alcaldía, ahora sí nos asiste la razón. Ahora sí está claro que la calle es privada, que ya no es pública, y entonces Roble tiene que cumplirnos la oferta que nos prometió al vendernos las propiedades: la tiene que cerrar. Sabemos cuál es nuestra posición, cuál es la posición de los habitantes de El Escalón, cuál fue la posición de la alcaldía, pero no sabemos cuál es la posición de Roble. ¿Por qué hoy piden que se deje abierta? No entendemos”, dice Ana María de Lara, vocera del comité de vecinos que demandó a Roble en 2006.

La empresa ahora insiste en que se deje un paso de servidumbre a los habitantes de El Escalón, que siempre han utilizado la calle, pensando, aseguran, en el prójimo. Pero para los condóminos y para los habitantes de El Escalón, Roble tiene una agenda oculta, y esa agenda oculta se llama “Campo Real”, un proyecto de campo de golf ya aprobado que colinda con La Hacienda y con El Escalón y que tendría acceso desde la calle El Espíritu Santo y desde el Paseo La Hacienda: dos entradas, dos salidas.

El Espíritu Santo es la calle construida conjuntamente entre alcaldía y Roble, y que se ofreció a los habitantes del cantón El Escalón para que accediera a que se cerrara la antigua vía.

“Teniendo paso de servidumbre El Escalón, también tendrán acceso aquellos que vengan al campo. La calle El Espíritu Santo ahí se confirma que no se hizo pensando en la comunidad, se hizo pensando en el campo de golf”, dice Sergio Alfaro, de la comunidad perjudicada. Ana María de Lara y otros tres residentes de La Hacienda que piden el anonimato coinciden con el dirigente de la comunidad.

Al preguntarle sobre la suposición que manejan dos de las partes en conflicto con su empresa, Billy Solano suelta en carcajada amplia: “Ja, ja, ja. ¡Ya! No es secreto para nadie –hemos hecho un trabajo social donde compartimos y socializamos el proyecto y toda la gente sabe- y es lógico que eso quieran pensar. En primer lugar lo que queríamos resolver es el tema del condominio, que es la desafectación de la calle, habilitando este tramo (la otra calle). Que justamente no niega, por ser una vía publica, que habilite el acceso al resto del proyecto”.

Entrevista con Billy Solano, gerente de investigación y desarrollo de Grupo Roble

“El condominio tiene la facultad ahora de poder cerrar”

 

 

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