EDITORIAL

Las víctimas del subdesarrollo

El Faro
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Publicada el 02 de abril - El Faro

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La inseguridad y la emigración han erosionado el tejido social del país.  La enorme desconfianza entre los individuos ha llevado a una parálisis de la ciudadanía que no tiene precedentes en la historia nacional.  El crimen organizado, que ha permeado todas las capas sociales, ha provocado un daño tremendo en la forma en que los salvadoreños nos asumimos como una comunidad.

La emigración, con sus terribles consecuencias de desintegración familiar y fuga de cerebros, ha debilitado principalmente a las clases media y baja, y ha restado capacidades intelectuales y sentido de la identidad a millones de salvadoreños.

En estas condiciones, es difícil pensar en la reconstrucción del país con el aporte, y la voluntad, de todos.

La emigración, en muchas comunidades, ha dejado de ser una respuesta individual a la falta de oportunidades en el país para convertirse en una tradición, según la cual todo joven que cumple quince años comienza a preparar su viaje a Estados Unidos. Poruqe, para ellos, la única esperanza está al norte del Río Bravo.

El país no puede salir adelante si no resolvemos antes estos dos problemas: la violencia y la falta de oportunidades.

Un informe recientemente publicado por el PNUD dice claramente que la mayor parte de la sociedad salvadoreña está excluida de los beneficios de la economía.  Si el crecimiento económico casi se duplicó este año, se concentró en las capas más altas de la escala económica o en los receptores de remesas, que el año pasado alcanzaron un monto similar al presupuesto general de la nación. 

El Estado ha fallado en satisfacer dos de los principales derechos de sus ciudadanos: el de la seguridad física y el de la seguridad económica.  Ambos requieren creatividad en la búsqueda de soluciones y por tanto del esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales. 

A estas alturas, los preceptos del libre mercado impulsados por las últimas administraciones y aplicados con un fervor casi religioso han provocado que en El Salvador exista el doble de agentes de seguridad privada que de la Policía, y el Estado se declara incapaz de proveer a sus instituciones del dinero que requieren para cumplir con sus obligaciones.  Cuando se pretende desaparecer por completo el Estado en un país pobre, el resultado es que la población menos afortunada no tiene acceso a los servicios mínimos, porque no se los puede costear. 

Es necesario profundizar la reforma fiscal iniciada por esta administración, que a pesar de sus tímidos primeros pasos ha dado excelentes resultados, aunque insuficientes.

Las fuerzas políticas,  ensimismadas y concentradas en la lucha  por dominar el sistema, han perdido su capacidad de inspirar, de traer esperanzas a una ciudadanía que, ante la falta de perspectivas, opta por abandonar el país. 

No podemos seguir dándonos el lujo de perder a nuestros ciudadanos en manos de la delincuencia o la emigración.  Si continuamos así, difícilmente podremos aspirar a la construcción de una nación más digna, y más incluyente,  para todos. 

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