OPINIÓN / DE AQUÍ, DE ALLÁ

Crimen e impunidad

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El asesinato de los tres diputados de Arena y su motorista permite que una vieja palabra, que va siempre acompañada por un viejo temor y una conocida impotencia, alcance los pasillos donde se mueve la derecha. Con toda razón los familiares de las victimas y sus compañeros de partido exigen al Gobierno de Guatemala que un crimen tan terrible no quede en la “impunidad”.

El crimen y los sucesos posteriores arrojan una luz preocupante sobre las estructuras de poder en el país vecino. Como en la novela negra más retorcida, se adivina que detrás del poder hay otro poder y demasiadas cosas en juego que talvez impidan que se conozca toda la verdad y se haga toda la justicia.

Cambian los actores y algunos elementos de la trama, pero la historia es vieja y habla de la debilidad que muestra el Estado en Centroamérica cuando debe frenar a quienes por medio de la influencia que acumulan (política o económica, legal o ilegal) hacen “negocios” al margen de la ley.

En Centroamérica, la justicia y la impunidad tienen historias paralelas.

La Real Academia es muy escueta y define la impunidad con tres palabras: falta de castigo. Breve la definición para una historia larga y tan trágica.

Las de El Salvador y Guatemala son también dos historias parecidas. Ambos países tienen sistemas de justicia débiles y aparatos estatales que con mucha frecuencia se abstienen de vigilar y sancionar el comportamiento delictivo de algunos funcionarios. Pero ahora, ante el caso de los tres parlamentarios salvadoreños que fueron asesinados por un grupo de policías en Guatemala, las autoridades de ambos países se ven obligadas a moverse, investigar y negociar bajo la mirada vigilante de una opinión pública que desconfía y  además presiente que, en un crimen más, se dejarán costuras ocultas e impunes.

Pero quedémonos en El Salvador. La justicia, de acuerdo a los principios igualitarios de nuestra Constitución, se aplica al conjunto de la sociedad sin restricciones que privilegien a nadie. Esa es la teoría.
La práctica ya la conocemos. El alcance y el grado de aplicación que tienen las leyes en nuestro país están mediatizados por una multitud de agentes y factores que la sociología del derecho debería investigar. Vivimos bajo “el amparo” de una justicia históricamente condicionada; la autonomía nunca ha sido uno de sus rasgos más sobresalientes.

Tal como varían la naturaleza e intención de los delitos, así varían las causas por las que a veces no son castigados. La impunidad, por lo tanto, es un fenómeno con muchos rostros. Su presencia, fuerte o débil, sirve para medir el grado en que los funcionarios estatales cumplen la ley y logran que se cumpla. La política, en nuestro país, es uno de los factores que tradicionalmente debilitan al orden jurídico; voy a ceñirme a un capitulo de esa relación.      
 
Al final de la guerra, por la estabilidad del país y la confraternización entre los adversarios, se dejaron sin castigo crímenes terribles; se perdonaron delitos que en otras culturas y en otros marcos jurídicos se perseguirían hasta el final de los tiempos. Aquí no.

Si tras un juicio justo se castiga el alevoso crimen, la sociedad percibe en dicho proceso cierta coherencia ejemplar en la cual la ley es razón y al mismo tiempo fuerza. Un delito notorio que a drede se deja sin castigo produce un ejemplo nefasto: debilita a las instituciones, a las leyes y a la moral pública.

No sé hasta qué punto esa “falta de castigo” se ha incorporado como experiencia colectiva, como negación de un valor, a nuestra cultura.  Todo el mundo sabe que aquí se cometieron crímenes de guerra (El Mozote, por ejemplo) y todo el mundo sabe que sus autores caminan libres por nuestras calles.

Tal omisión de la justicia (comprensible, pero a la vez escandalosa) se incorporó posiblemente a un conjunto previo de valores. Es un rasgo de nuestra cultura el vadear con habilidad los procedimientos administrativos; si se tienen recursos e influencia pueden torcerse las indicaciones legales. Aquí no se trata de los motivos (buenos o malos) que tuercen el alcance de la justicia, sino del hecho de que estamos habituados a negociarla. No llevamos dentro, como valor, el respeto profundo a la legalidad y el respeto profundo a la legalidad, en última instancia, es la obligación asumida de actuar teniendo en cuenta los derechos del otro: esa célebre “persona” que tanto se valora en La Constitución.

Ahí tienen el Mozote. Sí, nos indigna, pero a nadie le asombra que los autores de esa masacre nunca hayan rendido cuentas ante un juez. Ya nos acostumbramos a las omisiones de la justicia; esa carencia de reflejos es una tara moral y la impunidad se alimenta de ella.

Comprendo hasta cierto punto, y lo digo para que no me acusen de maximalismo ético, que por razones de estabilidad política se hayan evitado procesos judiciales que habrían alargado la guerra por otras vías. Pero el problema no es sólo que los crímenes quedaran sin castigo, el problema es que el Estado elude sistemáticamente “reconocerlos”.

Los hechos se silencian, no se admiten y se procura sustraerlos de los debates de la opinión pública. La falta de castigo va acompañada por su silencio correspondiente. No se castiga el delito y los hechos que deberían juzgarse también desaparecen.

Alguno medita que hablar del pasado, en un país donde se razona tan poco, nos haría daño. Tenemos cosas que hacer, el presente nos reclama ¿Para qué hablar de unos huesos?

No sé hasta qué punto recordar nos hace daño; no hacerlo de una forma responsable también nos afecta.

Tenemos un hábil “desfacedor” de leyendas, Geovani Galeas, que con cierta razón ha denunciado cómo la izquierda transforma muchas veces la propaganda en un “dato histórico”. Concentrado en distanciarse de sus leyendas juveniles, Geovani no se preocupa de darnos una imagen más amplia que también explique los “mitos” de la derecha y las bases en que estos se apoyan. Indica el esquematismo que tienen ciertas imágenes de la izquierda al confrontarlas con una realidad más compleja, pero no dirige esa “ironía” hacia el otro lado. Entre “el hijo meritísimo” y la figura concreta de Roberto D´Aubuisson hay una incompatibilidad sangrante. La realidad se burla de las mitificaciones, pero a nadie le importa; porque la verdad, de conocerse, puede resultar incomoda y un mito al menos sirve para algo.

Detrás del mito del Mayor se haya la voluntad institucional de no investigarlo. El escándalo no es que la izquierda lo satanice, el verdadero escándalo es que con las graves acusaciones que se le han hecho (matar a Monseñor Romero, organizar los escuadrones de la muerte) nunca se haya impulsado  desde el Gobierno una comisión independiente cuyo objetivo fuese no tanto impartir justicia como   establecer la verdad histórica sobre el personaje. Y quienes se niegan a investigarlo, teniendo medios para hacerlo, son quienes promueven su candidatura a “Hijo meritísimo de El Salvador”. ¿No es irónico?

Después de la amnistía, la política de la memoria que han impulsado los gobiernos de Arena es silenciar los hechos o no enfrentarse a ellos, sustituyendo una perspectiva fundamentada en la investigación histórica por las imágenes de su propia propaganda. En el territorio que abren la falta de castigo y el silencio del gobierno se establece la ideología de un partido con el propósito de convertirse en la memoria oficial.

De momento la izquierda no tiene capacidad de imponer sus “mitos” como historia oficial, Arena sí.
De ahí la plaza para el Mayor que inaugura el Presidente, de ahí el intento de nombrarlo “Hijo meritísimo de El Salvador”.

La Amnistía no sólo fue una condonación del castigo, permitió que los autores de los crímenes eludieran sus responsabilidades éticas. Lejos del escrutinio moral de la opinión pública, quienes planificaron las masacres conservan la conciencia tranquila y, sin adaptarse a los valores que propicia el marco de la nueva convivencia, continúan justificando sus actos: “matar a los niños en El Mozote fue doloroso, pero era necesario”.

Entiendo que se perdone el delito, pero no que se ignore y no se asuma en el plano moral. Una actitud fácil de mantener en la medida en que las grandes masacres de la guerra no se admiten oficialmente.

No se admiten, pero en cambio sí se le da trato de héroe a Domingo Monterrosa, uno de los hombres que ordenó la masacre de El Mozote. El Coronel es visible en la mitología conservadora y su brillo no lo merman las osamentas infantiles que se han encontrado en aquel remoto pueblo de Morazán ¿Por qué? Algo no funciona en nuestra conciencia moral.

De la guerra salimos sin castigar las grandes atrocidades y sin asumirlas moralmente. No salimos fortalecidos por una verdad común. Eludimos el castigo y la culpa.

Reconocer la verdad, asumirla, es parte de la búsqueda de justicia. Un crimen que se perdona queda doblemente impune si se silencia y si se elude la responsabilidad moral. Un crimen que se silencia daña a quienes lo silencian de igual manera que agravia a las victimas. Rufina Amaya acaba de morir en Morazán rodeada por el silencio del Estado.

Vuelvo al principio. Quienes piden verdad y justicia en el caso de los tres diputados y el motorista que fueron asesinados en Guatemala, temen la impunidad y los comprendemos. Saben que no habrá una justicia completa si el gobierno de Guatemala carece del poder y el valor suficientes para llegar hasta el verdadero rostro que dictó la orden homicida. En el mismo círculo se anudan la verdad y la justicia. Sin la primera, la segunda no será plena. En este momento duro y atribulado, si no es una indiscreción, me gustaría que pensasen en los familiares de un hombre que fue asesinado de un tiro certero en el pecho. Los deudos llevan veintisiete años reclamándole al Estado Salvadoreño que se esclarezca al menos la verdad. La verdad.  

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