OPINIÓN

Computadoras, no Bolas de Cristal

Alberto Valiente Thoresen
cartas@elfaro.net
Publicada el 19 de febrero - El Faro

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Jackson Lears publicó en la edición pasada de la revista neoyorquina The Nation una reseña del libro William James: In the Maelstrom of American Modernism (William James: En la Vorágine del Modernismo Estadounidense) por Robert D. Richardson, en la cual comenta como el investigador de lógica Charles Peirce formuló el método pragmático y varios filósofos estadounidenses del siglo XX utilizaron este método para desarrollar su pensamiento. En esencia, el pragmatismo estadounidense postula que el valor de las ideas se encuentra en las consecuencias de los actos que resultan de la volición motivada por estas ideas. Bajo esta premisa, el pedagogo y filósofo John Dewey articuló una de las corrientes más influyentes en la tradición liberal democrática estadounidense. De acuerdo a Dewey, las políticas ilustradas provienen de ideas alcanzadas a través del debate público y científico, adonde la gente tiene el poder de establecer la volición gubernamental. Estas políticas nos traerán las mejores consecuencias, porque corresponderán más a las necesidades de la mayoría en una sociedad compleja, con variedad de intereses y en constante cambio. Aquí yace el valor de las nociones como hábito democrático.

El debate público que establece las políticas gubernamentales ilustradas debe apoyarse en la investigación y las estadísticas. El origen de la palabra estadística como la usamos actualmente se lo debemos al alemán Gottfried Achenwall, quien en el período de la ilustración (año 1749) utilizó el término por primera vez (Statistik) para designar las actividades de análisis de datos sobre el Estado, con el propósito de diseñar mejor la política gubernamental para obtener resultados deseados. En sociedades democráticas, el debate que se apoya en estadísticas debe ser transparente y accesible para todos. En otras palabras, los estados democráticos deben ser sociedades abiertas, término desarrollado por primera vez por Henri Bergson en su libro de 1932 Les deux sources de la morale et de la religion (Las dos Fuentes de Moralidad y Religión) y retomado por Karl Popper en The Open Society and its Enemies (La Sociedad Abierta y sus Enemigos), escrito durante la Segunda Guerra Mundial.

En oposición a las sociedades cerradas, las sociedades abiertas no valoran positivamente los secretos por parte de las autoridades. Por esto, en la mayoría de las democracias liberales desarrolladas, las instituciones políticas están obligadas a explicar las razones y la información estadística que fundamenta sus políticas y a hacer esto de una manera comprensible y accesible para todos. La mayoría de estos canales de información están institucionalizados, con el propósito de garantizar el rendimiento de cuentas (del inglés: accountability) y que no haya manera de confundirse.

En la Unión Europea es posible rastrear las ideas que inspiran los debates públicos, las propuestas de política de la Comisión Europea y los consecuentes acuerdos legislativos, a través de lo que los británicos llaman Green Papers (Libros Verdes), White Papers (Libros Blancos) y finalmente los reportes, políticas y leyes que deben ser adoptados por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Los libros verdes funcionan como sugerencias bien fundamentadas que incitan el debate público, ejecutivo y parlamentario sobre un tema. Los libros blancos delinean más específicamente la política. En Noruega (fuera de la Unión Europea, pero siempre en el área de cooperación económico europeo) por nombrar un ejemplo, todos estos documentos pueden bajarse de (http://www.regjeringen.no/en/doc/regpubl.html?id=1751&epslanguage=EN-GB) de los Servicios de Administración Gubernamentales noruegos y no hay donde perderse. Es posible informarse y comprender por qué el gobierno noruego y sus instancias siguen una línea de acción determinada. Si el gobierno no quisiera proporcionar estos documentos, se consideraría un escándalo político de proporciones considerables.

El Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador no establece requerimientos sobre la publicación integral de los estudios, informes y documentos que preceden los proyectos, peticiones y mociones discutidas en las sesiones de la Asamblea, ni los dictámenes exhaustivos de las comisiones. El Ejecutivo tampoco está obligado constitucionalmente a publicar los estudios, libros y reportes que motivan sus políticas. Los únicos documentos que deben publicarse de acuerdo al Reglamento Interno de la Asamblea y a la Constitución de la República son los decretos, acuerdos legislativos alcanzados y las actas de la Asamblea. Por esta razón ni en la página de Internet de la Asamblea ni en la de Casa Presidencial se encuentran las investigaciones que delinean los debates, proyectos, mociones, peticiones y las políticas. Hay un plan de gobierno publicado en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, hay informes y políticas publicadas en la página del Ministerio de Agricultura y Ganadería y en la del Ministerio de Educación, y una que otra presentación de Power Point en el Ministerio de Gobernación, entre otros; pero parecen ser eventos aislados, optativos, irregulares, de formato variado y costoso, que muy seguido parecen tener el propósito de propaganda más que el de fomentar el debate público. Más bien, el sistema de discusión e información que precede a las políticas públicas debe ser un conjunto de prácticas habituadas, eficientes, regulares, programáticas y en donde todo el mundo sabe a que atenerse.

En El Salvador, no hay equivalentes institucionalizados a la secuencia simplificada de libros verdes, libros blancos, propuesta de ley y acuerdo legal de Europa. De manera que es común que la prensa y los ciudadanos debamos adivinar para rastrear las ideas, información y los debates, más bien privados que públicos, que inspiran decretos y acuerdos legislativos particulares. La otra opción es interrogar a las autoridades esperando sacar algo de información. Este secretismo de los funcionarios públicos, podrá ser conforme a las leyes salvadoreñas, pero difícilmente puede catalogarse como institucionalidad democrática desarrollada. Estos temas deben ser de fundamental importancia para la Comisión de Modernización de la Asamblea Legislativa de El Salvador, concretamente en los componentes de Participación de la Población y Fortalecimiento del Proceso Legislativo, que son partes de la implementación del Plan de Modernización de la Asamblea Legislativa aprobado en 1998. Estos también son temas a través de los cuales se debe evaluar el trabajo de los miembros del Ejecutivo. En este sentido es lamentable que cuando un ministerio se está quedando corto en su trabajo de información e inclusión del público en el tema de la política de seguridad, el Ejecutivo se salga con la suya echándole la culpa de esta deficiencia a los medios de comunicación, en vez de reconocer las faltas y la necesidad de mejorar la institucionalidad democrática salvadoreña.

Recientemente en un debate radial en el programa “Bola al Centro” sobre la situación de seguridad en el país, el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa, lamentó que los medios de comunicación no sepan los planes, ideas y documentos que inspiran la política de seguridad pública del gobierno, añadiendo que hay infinidad de planes, pero que la prensa parece no ser capaz de identificarlos. Está claro que cuando el Ministro no presenta estos planes y políticas específicamente y de manera inteligible para el debate público, la única opción de los ciudadanos es intentar adivinar cuáles son, especular, interrogar o creer que están escondidos en alguna parte. No es sencillo identificarlos de esta manera. Con esta mentalidad poco ilustrada de Figueroa, no resulta entonces raro que al ser presentado con estadísticas provenientes de la Policía Nacional Civil sobre la cantidad de muertos en lo que va del año, el Ministro sugiera que no cree que—en sus palabras— el “muertómetro” sea cierto. Como si se tratara de un asunto de fe y no de estadísticas fundamentadas en hechos observables.

La democracia salvadoreña necesita de instituciones sólidas. Quiere decir, hábitos simples, firmemente establecidos como realidades predecibles a lo largo y ancho de la sociedad que faciliten, incluyan y efectivicen la labor pública. Los funcionarios son la personificación y los garantes de esta institucionalidad. Es completamente inaceptable que el gobierno espere que la prensa adivine sus ideas, motivaciones, planes y decisiones. Tampoco ayudan los comentarios poco concretos o los basados en creencias, cuando se trata de postulaciones verificables. El trabajo de los funcionarios públicos es hacer comprensible la información verificada de una sociedad compleja y explicar claramente por qué actúan de una manera determinada. Por esto, los políticos y los medios de comunicación modernos no operan con bolas de cristal en sus oficinas, si no con ordenadores de información, o al menos, esperamos que así lo hagan.

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