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OPINION / DE AQUÍ, DE ALLÁ Liberalismo y homosexualidad Álvaro Rivera Larios
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Jura el conservador que la lucha cívica de los homosexuales, contra su actual condición de ciudadanos fantasmas, se apoya en un ideario izquierdista y no es así.
En un mundo dividido entre explotadores y explotados, no había un espacio de reflexión y reivindicación para el problema particular de los gays y las lesbianas. De ahí que se pasara a considerarlos inexistentes o a censurar su existencia como una aberración. Era el marxismo beato.
Adviértase qué mal conoce el liberal-conservador autóctono las ideas que defiende, porque el derecho al aborto, el movimiento feminista y la causa gay son derivaciones radicales de ese liberalismo igualitario que condena la discriminación jurídica por razones de sexo y que defiende a ultranza el derecho de los ciudadanos a legislar sobre su propia vida, siempre que no hagan daño a terceros.
Salvo en los casos que prescribe la ley (niños, personas con problemas mentales o que no dan su libre consentimiento), ni los funcionarios, ni los curas tienen potestad para indicarle a ningún adulto con quien debe acostarse y mucho menos pueden sancionar, ni discriminar legalmente a quien, haciendo uso de su razón y su libertad, decide convivir con una persona de su mismo sexo. Liberalismo puro y duro, pero no ese liberalismo pudoroso que como un fantasma recorre las redacciones de algunos periódicos salvadoreños.
La pluralidad de ideas que asume el liberalismo democrático, es una condición inevitable de las sociedades modernas donde el Estado, al menos en teoría, ni es un monopolio ideológico, ni debe apoyar ninguno dentro de la sociedad civil. Si coexisten varias concepciones del mundo, se presume que deberán hacerlo distintas maneras de vivir. Elegir entre dichos estilos de vida, “si no se daña al vecino”, es un acto soberano de cada individuo que el Estado debería proteger.
La separación de la Iglesia y el Estado supone una línea divisoria, entre la moral religiosa y la ley, que traslada la práctica de cualquier fe al espacio particular en el que opera la libertad de conciencia.
Las instituciones políticas al no poder intervenir en esa esfera privada admiten la coexistencia de varios modos de vivir y pensar la religiosidad o de vivir fuera de ella. Se sabe que la religión influye en las costumbres y en la concepción que cada sociedad tiene de lo correcto y lo malo. Un legislador moderno no debería dar la espalda a todo eso, pero se equivoca si convierte tales valores religiosos en un credo inatacable que no puede someterse a discriminación analítica. Si algo nos dice un liberal como John Stuart Mill es que todo es discutible y que la moral de inspiración religiosa es “una fuente” digna de respeto, pero que debe abandonar su voluntad de imposición universalista en un mundo en el que predominan la pluralidad de costumbres e ideas. El argumento más decisivo, sin embargo, se juega en los límites que impone a las pretensiones filosóficas y religiosas de validez general la misma libertad de pensamiento. Hay un margen de opción e incertidumbre en aquellos asuntos que pertenecen a la esfera de la “opinión” y en los cuales no hay un cuerpo de conocimiento definitivo y sí puntos de vista en conflicto. Tal estado de cosas (plural, individual y fragmentado) genera discrepancias, pero se mantiene en equilibrio a través del diálogo y un principio de acuerdo en torno a mínimos donde se especifica que las elecciones de vida y pensamiento que haga cada sujeto no deben suponer un daño grave a otra persona. Mill renuncia a los sistemas filosóficos cerrados y a la verdad absoluta que imponen las creencias religiosas. Que acepta como un criterio a tener en cuenta, siempre que no se abandone, y esto es bueno advertirlo, la guía de una razón conciente de su falibilidad y en búsqueda constante de mejores certezas. Hacen falta nuevos conceptos para examinar la conducta humana. Mill hace suya la tradición de pensamiento que asume como punto de partida “la realidad del hombre” y que considera necesario construir una ciencia social. De ahí que deban separarse, aunque coincidan en algunos puntos, las nociones de pecado y delito.
Ciertos comportamientos que la religión tipificaba de graves y aberrantes pasaron como delitos al derecho moderno, pero a medida que las sociedades se fueron secularizando la supuesta trasgresión comenzó a percibirse y a definirse más como una conducta sancionable desde la moral y la opinión pública que desde la ley. Así, poco a poco, la homosexualidad abandona el reino del acto punible y pasa a ser vista como una opción sexual legítima que pertenece a la esfera de la soberanía personal. El proceso no es fácil, ni lineal. De por medio se haya la lucha de los colectivos homosexuales y los casos donde la intolerancia se retrató de cuerpo entero sacrificando a personas como Oscar Wilde.
En sociedades donde predomina algún tipo de fundamentalismo religioso o donde sectas o Iglesias influyen todavía en los asuntos del Estado, las fronteras entre la moral cristiana y el derecho pueden mostrarse difusas en torno a ciertos problemas. No resulta fácil para el legislador que ha hecho suya una determinada creencia, someterla, como un punto de vista más, a los preceptos legales que protegen la esfera de la privacidad. Como legislador deberá actuar de forma ponderada, más como ciudadano que como creyente, si respeta de modo sincero la libertad de conciencia y expresión. Demasiado pedir en una sociedad tan conservadora, atrasada y autoritaria como la nuestra.
La iglesia católica y sus discípulos liberal-conservadores, han lanzado una campaña contra cualquier intento de reconocimiento legal a las parejas homosexuales. Argumentan de modo apocalíptico que tales propuestas ponen en peligro a “La familia”. Una postura digna de respeto, pero que es más una proclama de valores y una bandera de movilización que el señalamiento de un peligro real, porque al menos en El Salvador son otras las causas que amenazan verdaderamente a la familia como institución y no los tímidos reclamos de un colectivo que carece de apoyos políticos. Hinchar los problemas y difundir el miedo es una formula que han descubierto últimamente algunos grupos católicos. Que se legisle para reconocer a una minoría discriminada sólo supone admitirla como una realidad más en el marco del derecho civil, sin que eso suponga un ataque a otras formas de relación familiar. Los homosexuales se casarían entre sí como hace todo el mundo, como una afirmación de naturaleza privada, no para atacar a sus vecinos cristianos, del mismo modo en que éstos no son heterosexuales para incordiar a quienes viven con personas de su mismo género. Esas sensibilidades católicas agraviadas lo que delatan es intolerancia, voluntad de imponer sus valores discriminando a una minoría en el marco de la legislación civil. Si son coherentes deberían plantearse una disyuntiva: o son Católicos o son Liberales. Una falsa disyuntiva, ciertamente. Porque liberales, liberales de verdad, nunca han sido.
El asunto, tal como se ha planteado en nuestra asamblea legislativa, resulta patético. Llegó desde fuera como una consigna y no tanto porque un sector de nuestra ciudadanía lo plantease. Uno se pregunta qué peligro inminente intentaron atajar los diputados al introducir una cláusula en La Constitución donde se precisa el contenido de los términos familia y matrimonio. Porque iniciativas para legalizar las relaciones homosexuales no había y no creo que durante mucho tiempo las haya. No están las condiciones maduras para eso. La homofobia en nuestra sociedad es tal que ni siquiera la izquierda se preocupa por llevar al parlamento dichos problemas.
El asunto queda ahí, pendiente de abordar y discutir serenamente hasta el día lejano en que la sociedad salvadoreña asuma la pluralidad de ideas y formas de vida como un ámbito que atañe a la soberanía de los individuos en el marco de una vida pública en la que predomine la tolerancia y el uso de la razón y no los prejuicios, el rechazo y los miedos atávicos.
PD/ No estaría mal que los señores diputados se golpeasen la frente dos veces, una al levantarse y otra al acostarse, con un librito de John Stuart Mill: La libertad (Alianza Editorial, Madrid).
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