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Diputado de ARENA seguirá desde prisión su juicio por negociaciones ilícitas

La Cámara Primera de lo Penal aceptó la petición de Mario Osorto, diputado por ARENA en el Parlamento Centroamericano y ex edil de La Unión, de guardar prisión en las bartolinas de la División Antinarcóticos y no en un reclusorio. La semana pasada, Osorto dijo a El Faro que “es probable” que mientras fungía como alcalde sí haya habido irregularidades en las licitaciones que favorecieron a la empresa del diputado prófugo Roberto Silva.

Edith Portillo
cartas@elfaro.net
Publicada el 19 de febrero - El Faro

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Posando para las cámaras de los medios de comunicación, con las esposas puestas en sus muñecas, Mario Osorto salió de la sala 3E del edificio 2B del Centro Judicial “Isidro Menéndez” el pasado miércoles 14 por la tarde. Acababa de recibir de la Cámara Primera de lo Penal, la misma que ordenó 18 horas tarde la detención del prófugo diputado Roberto Silva, la resolución de guardar prisión, considerando que había indicios suficientes para creer que ha cometidos los tres delitos que se le imputan.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al diputado del PARLACEN por los delitos de concusión (cobro injusto de impuestos) en perjuicio del dueño de un billar en La Unión; falsedad documental agravada en relación con falsedad ideológica; y negociaciones ilícitas, a través de las cuales habría favorecido a la empresa Caminos y Edificaciones S.A. de C.V., propiedad de Roberto Silva.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los proyectos de remodelación de un parque y recarpeteo de calles fueron adjudicados irregularmente a la empresa de Silva cuando Osorto fungía como alcalde de La Unión, por un monto total de unos 930 mil dólares.

“Es probable (que sí hayan existido irregularidades). Yo, como ser humano, me puedo equivocar, pero realmente no solo soy yo, sino que hay un trabajo de muchas personas en la alcaldía, a mí solo me pasaban para que firmara acuerdos que pasaban ya firmados por el secretario. Yo los firmaba, son cantidad de acuerdos, no puedo decir que no haya podido haber algún error. Son errores administrativos, eso le pasa a los 262 alcaldes del país”, dijo el acusado a El Faro, dos días antes de conocer la resolución de la Cámara.

En el caso del delito de concusión, la Fiscalía sostiene que Osorto pidió a Edgardo Martínez Lizama, propietario de un billar en La Unión, un pago de 5 mil colones (571 dólares) mensuales bajo la amenaza de cerrarle el local. “Nosotros llegamos a solicitar ayuda a todas las casas comerciales en La Unión, pero no como alcalde, sino como presidente del (equipo de fútbol) Balboa, y eso toda la gente lo sabe, porque yo he pedido para Balboa, no para Mario Osorto”, dijo al respecto el ex alcalde.

Tras recibir la resolución dictada por la Cámara, Osorto fue remitido a las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), donde a petición suya y con la venia de los magistrados guardará prisión hasta que se celebre la audiencia preliminar en su contra. El período durante el cual estará recluido en este lugar, dice la resolución, será como mínimo de seis meses.

Dos días antes, alojado en un hotel de la capital y custodiado por varios elementos de la PNC, Osorto aseguró que respetaría si la Cámara llegaba a esa resolución, insistió en que siempre estuvo dispuesto a colaborar con el caso y que, a diferencia de Silva, él no tenía ninguna intención de escapar.

Las contradicciones alrededor del fuero

Cuando el lunes 12 se instaló la audiencia para definir la situación de Osorto, los primeros argumentos de la defensa, contrario al discurso que había mantenido el diputado hasta entonces, trataron de convencer a la Cámara de que el proceso merecía “nulidad absoluta” porque las investigaciones habían iniciado cuando el acusado ya gozaba de fuero constitucional.

La discusión giró en torno a si el diputado gozaba de este privilegio desde el momento de su elección, en marzo de 2006, o desde la fecha en que asumió el cargo en el PARLACEN, el pasado 28 de octubre.

“Uno es diputado desde que es electo”, dijo Osorto, en las únicas palabras que pronunció durante dos días de audiencia en que se negó a declarar, cuando anteriormente había sostenido que enfrentaría el proceso en su contra, para lo cual incluso solicitó a la Asamblea Legislativa ser desaforado.

El argumento de que irrespetaron su fuero para buscar la nulidad del proceso, justificó ese lunes 12 a este periódico, fue disposición de su abogado. La decisión de no declarar, según dijo, fue también estrategia de su defensor: “Cuando uno no conoce cuestiones de ley, lo mejor es abstenerse de declarar porque puedo estar entorpeciendo el trabajo de mi abogado y realmente él me ha dicho a mí que no declare”.

La Fiscalía, respondiendo a este alegato, indicó que la institución solo había hecho las investigaciones mínimas e indispensables porque, de lo contrario, hubiera incurrido en una denuncia sin fundamento y calumniosa.

De cualquier modo, el argumento de la defensa no dio resultado. La Cámara declaró sin lugar la petición de declarar nulidad absoluta del proceso e incluso reprendió al abogado defensor, Enrique Araujo.

“Los actos de investigación se hacen incluso con el fuero. No hacerlos nos parece insólito, lo que no se puede hacer es ir más allá de lo indispensable y ‘lo indispensable’, bien o mal, queda a criterio de la institución correspondiente. Así que le ruego, señor defensor, que no se me enoje, pero rechazamos la petición”, dijo el magistrado Guillermo Arévalo.

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