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La Corte Suprema busca rumbo

Magistrados y ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia aseguran que la institución funciona sin una agenda propia y que en muchos casos, como la ley contra el crimen organizado, la CSJ cede ante las presiones del órgano Ejecutivo. Los magistrados de la Corte se encerraron en sesión plena por dos días para determinar qué tipo de justicia quieren impartir.

César Castro Fagoaga
cartas@elfaro.net
Publicada el 19 de febrero - El Faro

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La magistrada Mirna Perla llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hace tres años y medio y desde entonces solicitó algo que a ella le parecía normal: una agenda propia de trabajo. Su petición, sin embargo, tuvo respuesta hasta la semana pasada semana, cuando la CSJ decidió, luego de la presión de varios magistrados, encerrarse por dos días para definir cuáles deben ser su línea y prioridades.

Los quince magistrados sesionaron a puerta cerrada, como es usual, el jueves 15 y viernes 16 de febrero. Lo acordado en esas reuniones es aún un misterio.

Los mismos magistrados de la CSJ reconocen que en los archivos de las cuatro salas hay casos y expedientes que se han dejado de lado en detrimento de otros que han tenido mayor presencia mediática o que han salido directamente desde Casa Presidencial. Los casos más recientes: el juicio contra el diputado del PCN Roberto Silva y la creación de los juzgados especiales que dicta la ley contra el crimen organizado.

En el caso de Silva, la Corte, por la decisión de la mayoría de sus magistrados, se negó a practicar una auditoría contra la Cámara Primera de lo Penal, acusada por la Fiscalía General de la República de facilitar la fuga del diputado al haber girado la orden de arresto 18 horas después de terminada la audiencia.

La magistrada Perla fue una de las que votó en contra de la moción pues ella cree que no existe ninguna evidencia de que la Cámara actuó de forma negligente. “No podemos deteriorar la imagen del órgano judicial con argumentos periodísticos”, dice.

Para Perla, el de Silva es precisamente uno de los casos que la CSJ ha retomado obedeciendo la presión de los medios de comunicación y del órgano Ejecutivo, en concreto de la Fiscalía y el ministerio de Seguridad, que solicitaron un castigo a los jueces de la Cámara por haberse tardado con la orden de detención.

“Lamento que el país esté sufriendo esta inestabilidad jurídica porque se escandaliza de cosas que no tienen un fundamento pero hay otros aspectos que quedan en el olvido como por ejemplo que no se investigó a los funcionarios de la administración Flores. La Corte los dejó en la impunidad”, añade la magistrada.

En agosto de 2005, este periódico publicó los señalamientos de la sección de Probidad de la CSJ en contra de varios funcionarios del gobierno de Francisco Flores, incluyendo al ex presidente. La Corte Suprema de Justicia decidió retirarle a la sección de Probidad su función de solicitar informes bancarios y dio por cerrado el caso.

Ulices del Dios Guzmán es otro magistrado de la CSJ que ha tenido participación en los dos casos anteriores: fue de los que impulsó la investigación fallida contra la Cámara Primera de lo Penal y uno de los que apoyó que no se investigara a los ex funcionarios de la administración Flores. Como Perla, Guzmán considera que la Corte no tiene un rumbo definido.

“Creo que toda institución debe tener una cierta orientación y la Corte, porque somos supuestamente los administradores de justicia, pues debemos comenzar a pensar sobre el tipo de justicia que queremos realizar en el órgano judicial”, explica Guzmán.

El magistrado admite: “Necesitamos construir una misión para la Corte. Lastimosamente es mi institución pero en estas cosas hay que ser serios. Pregúntele a cualquiera, ¿cuál es la misión del órgano judicial? Y se va a quedar en el aire”.

Guzmán incluso dice que no hay claridad en la jerarquía dentro de los magistrados y que esa dispersión de criterios propicia la creación de estructuras dentro de la Corte, disfuncionales a su criterio, como la unidad de medio ambiente. “Al Ejecutivo le corresponde la concienciación y al Consejo Nacional la capacitación de los jueces (en esa materia). Para no estar discutiendo y que nos digan que estamos en contra del medio ambiente pues creemos la unidad y tengamos esa tontera ahí. Así es esto”, explica el magistrado. “Necesitamos un método más racional y aunque no nos pongamos de acuerdo no salgamos insultando”.

Los jueces especiales

Uno de los temas de moda para el Ejecutivo, la creación de los tribunales especializados que juzgarán los delitos de crimen organizado, ha generado opiniones encontradas en la Corte Suprema de Justicia. Hay magistrados que consideran la medida como una pleitesía de parte de la CSJ hacia el gobierno.

“Nos hemos pasado desde noviembre recibiendo adelantos de la propuesta de los tribunales especiales. Ese trabajo no le corresponde a la Corte sino a los técnicos y se ha dejado muchísimos casos que tienen hasta ocho años aquí”, dice la magistrada Mirna Perla.

Según Perla, la Corte ha desatendido otras atribuciones -como la de nombrar jueces especiales que manda la ley de medio ambiente, la creación de un código de ética de la carrera judicial o la normalización de entrada de personal en la institución- para dedicarse a analizar una ley del Ejecutivo.

¿La Corte acompañó esta ley por presión mediática? “No ha sido por presión mediática sino por el compromiso de diez magistrados que se fueron a reunir con el presidente de la república, lamentablemente dejando su investidura de magistrados se fueron a comprometer”, dice Perla.

Para René Fortín Magaña, quien fue magistrado de la CSJ por nueve años, la conexión entre órgano Ejecutivo y Judicial trasciende a lo meramente institucional. “Hay demasiado poder en el Ejecutivo que se trasluce en la Asamblea Legislativa y desde luego en la Corte, que no tiene su propia línea. En general no tiene su propia agenda y que en realidad sigue la línea que dictan factores exógenos”, señala el veterano abogado.

En noviembre pasado, cuando la ley contra el crimen organizado se comenzaba a discutir, diez magistrados acudieron a Casa Presidencial para participar en la preparación de la ley. Uno de los que asistió fue Ulices del Dios Guzmán.

El magistrado, presidente de la Sala de lo Penal de la Corte, explica por qué. “Esa propuesta, que nació con la Democracia Cristiana, la apoyé sin saber que la retomaría el Ejecutivo. El Ejecutivo invitó a diputados, a magistrados, a todos. Tenía que ir, se trataba de justicia penal”, dice Guzmán, que añade a su favor que él se ha opuesto a otras leyes, como la de protección a testigos, una ley que también ha salido de la secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia. “No me opongo por el origen sino por el contenido”, añade.

Sobre la ley y la creación de los tribunales, que comenzarán a funcionar en abril (ver nota aparte), Fortín Magaña cree que es un error. “Tenemos una hemorragia de leyes especiales que se han dado precipitadamente, generalmente represivas, que atentan contra el principio de seguridad jurídico”, dice.

El argumento del ex magistrado es que no es necesario la creación de tribunales especializados sino el mejoramiento de la presentación de pruebas ante los jueces por parte de la fiscalía y policía.

“Es inaceptable, atenta contra el corazón la función jurisdiccional encomendada al poder judicial. Lo que pasa es que las pruebas no convencen a los jueces, el problema no está en poner jueces que acepten las malas pruebas”, se queja Fortín Magaña. “Esos jueces serán unos burócratas que aplicarán la ley con criterio ejecutivo, favorables a las peticiones de la fiscalía y policía. Esto es una confesión que el poder judicial no funciona. Lo que habría que hacer es mejorar el poder judicial y ahí la Corte Suprema tiene un gran papel”.

Fortín Magaña, en anteriores conversaciones con El Faro, ha develado que dentro de la Corte Suprema de Justicia recae una injerencia importante de los partidos políticos, los mismos que eligen a los magistrados.

Ulices del Dios Guzmán le da la razón cuando admite que la polarización política que vive el país se puede extrapolar perfectamente a la Corte.  “Es una realidad, hay cierta inclinación, es delicado decirlo, pero sí hay una tendencia a ubicarse a visiones orientadas a un lado o al otro”, dice Guzmán. “Debemos descontaminarnos de esas tendencias”.

La magistrada Perla incluso señala al presidente de la Corte, Agustín García Calderón. “El presidente está obedeciendo a grupos de poder foráneos, no necesariamente está respondiendo a la institucionalidad de la Corte”.

“No sé a qué partidos responden, no sé cuál es la repartición de prebendas, pero lo que sí sé es que en Corte Plena hay ocho votos que cuando el magistrado presidente desea impulsar un proyecto hace uso de estos votos y normalmente le funciona”, señala la magistrada Perla.

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