Entrevista con Walter Araujo, magistrado presidente del TSE:

“Los partidos no han violado la ley sino que han hecho uso de las ambigüedades del sistema”

Daniel Valencia / Foto: Archivo El Faro
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Hace un año prometió que dejaría a un lado lo jurisdiccional para fortalecer lo administrativo. ¿Las fallas en el registro y en el CNPRE significan que usted no cumplió esa promesa?
No porque creo que este será un proceso totalmente limpio. La comisión de fraude es casi imposible. No digo imposible porque nada es absoluto y siempre hay individuos tramposos, pero es casi imposible que se dé. Y me mido a las encuestas últimas que dicen que en el nivel de evaluación hemos subido varios escaños importantes. Hemos mejorado la percepción de cara a la ciudadanía pero es claro que no es insuficiente. Hay que hacer más y pasar de un 55% de aceptación a un 70-85% de aceptación. Por ejemplo, para 2009 verás que no habrá ningún señalamiento al Registro Electoral luego de una depuración que hay que comenzar a hacer en estos tres años.

El registro electoral tiene fallas serias.
Este lo considero el segundo elemento más peligroso en torno a este proceso electoral: las infundadas y creo yo mal aplicadas y utilizadas críticas al Registro Electoral salvadoreño.

¿Infundadas?
Infundadas porque creo que lo que se busca es decir que no tenemos un registro confiable. Puedo entregarte el informe de la Organización de Estados Americanos en donde se dice que este registro es confiable e idóneo. Lógicamente, no hay registro perfecto. Pero en el fondo, creo que este tema ha sido utilizado con fines políticos partidarios.

¿De quién?
Mi visión es que el FMLN hizo una lectura equivocada de poder consolidar una votación denominada como voto duro que pesa más electoralmente cuando el padrón electoral se reduce. Lo digo porque hoy tengo el informe de la OEA que respalda mis argumentos, y elementos técnicos que dicen que el registro es confiable en más de un 95%.

Hace unas semanas usted descargó responsabilidades hacia las alcaldías por las fallas en el registro...
La otra debilidad son las defunciones, que como lo dice el informe de la OEA, se debe a que los concejos municipales no envían los registros de defunción. Y por lo tanto, en ese 5% hay personas que están fallecidas y que no han sido eliminadas del padrón electoral. Pero eso no quiere decir que esas personas van a votar. La OEA reconoce que se ha avanzado un gran trecho en el tema de las defunciones. Ahora hay un dos, tres, por ciento de personas fallecidas del padrón electoral contra un 30% que existía anteriormente.

El Centro Nacional de Procesamiento Resultados Electorales (CNPRE) no ha caminado muy bien
Para realizar la aplicación innovadora y sofisticada del CNPRE se necesitaban de cuatro meses y el presupuesto de la asamblea extraordinaria se tardó dos meses. Este retraso obligó a que no se pudiera entregar a la gente de sistemas el CNPRE sino hasta el 7 de enero. Si tuviéramos los dos meses que perdimos (noviembre y diciembre) ya hubiésemos probado no cinco sino diez veces el escrutinio electoral.

¿El proceso ha sido totalmente democrático, legal?
Sí. Ha sido ordenado y por primera vez el tribunal está actuando como debe de actuar en materia jurisdiccional. Hay sustanciación de cada demanda, análisis jurídico, hay prevenciones… cosas que nunca habíamos visto. Antes se agarraba la demanda, se ponía sobre la mesa y se decía “¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo?” Creo que hay que revisar el concepto de mantener la función jurisdiccional en manos de este esquema como lo tiene el TSE. Por lo menos quiero ser muy claro a la gente y decirle que hay que revisar y buscar tal vez un diseño mejor en ese marco institucional.

Que el TSE…
No tuviese esa función porque distrae a lo que debe estar llamada una institución creada para montar, por organizar y hacer eficiente el proceso de votación del ciudadano. Deben de sacarse esas fases de este tribunal y buscar un nuevo diseño institucional, muy al estilo del sistema mexicano. Y quiero quiero que quede claro: nosotros vamos a responder todas las demandas antes del evento electoral.

¿Las 16?
Claro, las que van ingresando ayer, anteayer, es más difícil comprometerse, pero sí las 15-14 demandas de la semana pasada estoy seguro que tendrán una resolución antes del evento electoral.

Las violaciones a la ley, en la campaña, van más allá de 16 demandas. ¿Qué pasa con el resto de violaciones a la ley que no han sido denunciadas? ¿Continúa diciendo que no quiere saber de ellas porque entorpecen el proceso administrativo?
Hace un año, cuando dije eso, estaba hablando de aquel cúmulo de demandas que venían en una denuncia y que en la inmensa mayoría era una acusación de partidos contra partidos sin testigos, sin pruebas y sin elementos. La concepción estaba mala. ¿Cuál ha sido la mejor vacuna? La creación de un área jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ahora ya no es si yo creo o no, sino que si hay pruebas, verdadera capacidad de denuncia, si está bien planteada una demanda, si hay elementos objetivos que hay que denunciar, o si se previene para que corrija o sino que se deseche.

Pero el hecho de crear una unidad jurisdiccional no ha garantizado un proceso transparente en donde se respete la ley.
Si hablamos de lo jurisdiccional, siempre he dicho que debe hacerse una revisión profunda del diseño. Pero tampoco podemos quedarnos inertes esperando que venga una solución final. Y eso lo considero un déficit integral en la materia electoral. Lo sostengo, lo sostuve hace un año y lo sigo sosteniendo ahora.

Que ARENA y el FMLN inicien la campaña desde un año antes…
Ahí también sostengo lo que dije hace un año: el código es ambiguo. El código no define esa claridad, no puso limitantes externas, no definió los elementos para calificar que se ingresaba a una campaña, sino que abre una campaña y no define que esta debe llevar tales y tales elementos; o en la carencia de ellos, “aquella otra podrá ser considerada”… Por lo tanto estamos ante una ilógica percepción porque es una ley que no existe en su contexto general. Se le acusa entonces a todos los partidos de violarla cuando en realidad no han violado la ley sino que han hecho uso de las ambigüedades del sistema.

Pero actúa de otra forma en los anuncios de la comuna capitalina.
Eso es como hablar del sol y hablar de la luna. Aquellas son campañas financiadas por los partidos políticos y en esta otra hablamos del artículo 231 que dice que durante los 30 días anterior ni el gobierno de la república ni los concejos municipales- el caso concreto que me ha consultado-, podrán publicar -que es uno de los elementos que he denunciado-, que es pagar con fondos del gobierno, de los concejos municipales o de las autónomas en ningún medio de comunicación –lo que ha pasado-, las contrataciones, inauguraciones de obras o de cualquier naturaleza que hayan realizado, realicen o que pretenden realizar.

¿Pero adónde están en la campaña que usted sí denuncia la inauguración de obras?
Están los parques de San Salvador, los trenes de aseo. Tenemos que separar una cosa de la otra. Aquí son los fondos públicos los que dirigen la temática y aquella, ya dije, es una ambigüedad en donde yo no puedo acusar al FMLN, no puedo acusar a ARENA, no puedo acusar al PCN, a todos, porque ellos están haciendo uso de un elemento ambiguo de la ley con sus propios recursos.

Cuestión de fondos públicos pues.
Lo que he hecho es la aplicación de una violación al artículo 231 del código. El precedente, si no lo sentamos ahora… si no el día de mañana el gobierno central va a hacer uso de los fondos públicos en estos treinta días.

¿Por qué no marcó un precedente similar para la campaña adelantada? Incluso en ese punto, el TSE ya había marcado un precedente en 2004 cuando sancionó al FMLN, ARENA y CDU-PDC.
Porque ese es un criterio que nunca sustentó el tribunal anterior.

¿Fue un error?
Estoy diciendo que este tribunal se pronunció, dijo, y su mayoría de miembros se pronunció diciendo, que la ambigüedad de la ley no permitía la calificación de campaña adelantada. Creo que esa decisión de 2004 fue errónea.

En lugar de denunciar, el presidente del TSE marca este precedente: “yo preferiría que todo el tiempo haya campaña”.
Lo dije, lo expresé: cualquier partido político… bueno, ya va a pasar la elección y si tú vienes en tres meses y entonces viene ARENA y publicita en los medios su 25 aniversario y pega gallardetes por la ciudad… ¿y cuál es la violación?

Pero eso es muy diferente a un “Rodrigo Samayoa alcalde 2006-2009” antes de que inicie la campaña.
Lo hemos platicado con muchos dirigentes electorales y lo hacen en todas partes del mundo. El derecho individual a la promoción personal es un derecho innato de los derechos políticos. Oigamos claramente, entonces, que no se debe hacer eso, pero el código no lo dice en ninguna parte. En lo personal preferiría que se eliminaran esas barreras, se sincerara el proceso y te aseguro que la percepción cambia completamente.

Sincerar en qué sentido, ¿eliminar la prohibición de fechas de campaña o que se pida el voto?
Lo que debe estar restringido es la petición de voto o de marcar bandera que induzcan al voto. Para mí, a eso se refiere el código. Ya si Walter Araujo tiene la pretensión de darse a conocer en el país, puede y tiene todo el derecho, dos años antes, pegar una valla, pagar spots de televisión sin ser sujeto de ninguna sanción. Por eso sigo promulgando por los derechos de los partidos políticos a promulgar su pensamiento, ideologías y liderazgos en cualquier periodo, siempre que no pidan el voto.

¿Usted no considera inducción al voto frases como “ARENA 2006, oportunidades para todos”, o “Rodrigo Samayoa alcalde 2006-2009” o “Violeta Menjívar alcaldesa 2006-2009”?
Si tú quieres, si logra tener consenso el legislador, entones que coloque “no podrá o deberá entenderse como una inducción al voto la colocación del periodo del legislativo próximo”. Si el legislador lo pone yo lo aplico, pero no le pida al TSE que suprima al legislador, que invente algo que el legislador no ha dicho. Este tribunal es un simple ejecutor y sancionador de violaciones al código electoral.

¿Se han salido con la suya los partidos gracias a la ambigüedad de la ley?
No. Qué bueno que hablamos de esto. Tenemos una mala concepción de la institucionalidad en el país. No es que los partidos se hayan salido con la suya, los partidos han caminado en la mayoría de situaciones apegados a la ley y a lo que la ley les permite. Lo que sucede es que los partidos utilizan en detrimento del otro el área jurisdiccional o de las demandas jurisdiccionales ante el TSE para hacer ver mal al otro.

¿Con la migración de votantes pasa lo mismo?
Nos es que nos hayamos quedado callados. Yo señalé que había que reformar el código penal y tipificarlo. Porque hoy resulta que los que hagan eso tendrán sanción penal pero si te vas al código, no existe el delito como tal. ¿Y por qué no lo han hecho los partidos? ¿Hablan de los movimientos de votantes y por qué no lo han modificado en la asamblea? ¿Por qué? Porque quizá hacen uso del recurso. Y te doy mi opinión: creo que esa movilización es mínima. Fuera el caso de Jutiapa en Cabañas, que vamos a investigar, ese caso no ha terminado, es justo que el país sepa qué ha pasado en Jutiapa. Pero hay que dejar claro que el tribunal no legisla sino que simple y sencillamente aplica la ley. Si vamos a hablar de movimiento de votantes, creemos los elementos para castigarlos, sino es pura falsedad.

¿No se puede hacer nada?

Se puede hacer que en el caso de Jutiapa, como en el de otros dos o tres municipios pequeños, que el país sepa moralmente qué ha pasado. Y otro caso: mucho cuidado a las personas que vayan a intentar votar dos veces en las elecciones, el TSE los va a procesar. Y mucho cuidado porque ese delito es de 6 a 10 años de cárcel, porque sí es delito. Y no me va a temblar la mano si es de ARENA, FMLN, PCN, PDC, CD el miembro de la junta receptora de votos que votó dos veces.

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