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Han pasado casi cuatro meses desde el huracán Stan. Aún hay damnificados, muchos en centros escolares, que ahora temen ser desalojados.

Carlos Ernesto Hernández tiene 22 años. Desde principios de octubre del año pasado vive junto a su esposa de 17 años y su hijo de cuatro meses en el aula 14 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI). Pasa el día a la espera de que le lleven alimentos, asistencia médica y un bono de $5 mil para comprarse una “vivienda digna”.

No lo perdió todo con las lluvias de Stan, pero el joven ya no quiere regresar a la Nuevo Israel, la comunidad a la que también pertenecen las otras siete familias que viven en el INTI. Su casa aún está erguida, cuenta, pero ha quedado maltrecha.

Acaba de conseguir un empleo vendiendo libros. Su esposa no trabaja, pasa recostada en la cama que un almacén “gracias a Dios les regaló” y se dedica a cuidar al hijo y hacer la comida para su familia en el albergue.

Hernández disimula solo en su rostro su enojo. “Desde el 24 ya no viene el gobierno (así llama a la Secretaría Nacional de la Familia, Gobernación y el Sistema Nacional de Protección Civil, antes COEN, y la Alcaldía de San Salvador). Ese día sólo nos dieron un poco de granos para deshacerse de lo que tenía la Alcaldía en la bodega”, reclama.

Mientras él y otras mujeres que están de visita comentan, de forma confusa, “lo del bono” y se quejan de la lejanía de las viviendas que les han ofrecido, algunas niñas juegan y gritan descalzas. En el otro salón se escucha el llanto de un bebé.

Ese día, el rumor que corre por los pasillos del INTI guarda relación con el futuro próximo de las familias albergadas: el lunes 23 de enero inician las clases en el instituto y si todavía siguen ahí tendrán que trasladarse a la bodega. Hernández encoge los hombros y con una sonrisa nerviosa simplemente responde: “No sé”.

Dos aulas después de los Hernández, en la 16, Elda Edith Prado pasea a su bebé de cuatro meses para lograr dormirlo. La mujer de 32 años lleva ahí desde la primera semana de octubre y para mantener al más pequeño de sus cuatro hijos, los otros tres viven con su suegra. Vende tostadas en la calle y dentro del albergue.

Su mamá logró conseguir casa en “El Pedregal” (Zacatecolca), un tiempo después de que presentó el bono a un banco, y si bien ella ya llevó todos los documentos y ha hecho todos los procedimientos está esperando respuesta.

Elda menciona una y otra vez que sólo quiere su casa, pero al mismo tiempo se preocupa, porque no sabe cómo le hará mientras comienza de nuevo. Le cuesta pronunciar la solución y propone que sea para mientras: “Un subsidio”.

Carlos y Elda ya cumplirán 4 meses de ser albergados, y por ahora, forman parte de las mil 882 personas que el Sistema Nacional de Protección Civil contabilizó hasta el 18 de enero en los 18 albergues que tiene registrados el municipio de San Salvador.

Según los datos de la dependencia de Gobernación, a la misma fecha -18 de enero de 2006- los municipios del departamento con albergues son: San Salvador, Ilopango, San Jacinto, Mejicanos, Santo Tomás y San Martín. No obstante, los albergues se extienden a los departamentos de Ahuachapán (2), Cuscatlán (3), La libertad (4) y Sonsonate (1); y en total, a nivel nacional, se contabilizan 4 mil 165 personas refugiadas.

En Santa Ana, donde la alerta roja sigue por el volcán Ilamatepec, hay mil 686 personas albergadas en 27 lugares de los municipios de Santa Ana, El Congo, Coatepeque y El Porvenir. Según fuentes de Protección Civil no han dejado de atenderlos pero el alcalde demócrata cristiano del municipio El Congo, Milton Escobar Guerrero, dice lo contrario.

Escobar asegura que no ha habido una propuesta formal del gobierno para solucionar la situación de los albergados, pues no han acudido a las reuniones que este ha convocado. El alcalde comenta además que desde el 1º de octubre, las autoridades dejaron a la municipalidad fuera del campo y ellos, pese a que ayudaron con los $100 mil que les asignó el gobierno central, ya no cuentan con nada.

Diputados “se olvidaron” de los refugiados
La semana anterior comenzaron las clases en todo el país. En el INTI, sin embargo, se demoraron hasta el lunes 23. Durante esa semana, la ministra de Educación, Darlyn Meza, no había llegado a una solución con los alcaldes de los municipios afectados. Mientras, un grupo de afectados del INTI llegó a la Asamblea Legislativa para pedir la aprobación de un decreto que permitiera seguir viviendo en los albergues.

Al consultar con los diputados sobre el actual estado de los refugiados por “Stan” e Ilamatepec la mayoría coincide en que el asunto lo “han descuidado”. Eso a pesar de que unos meses atrás se creara una comisión para seguir el proceso de ayuda.

“Le hemos dado un compás de espera al Ejecutivo para que desarrolle su trabajo. Lógicamente en este momento con el calor electoral nos hemos olvidado un poco de la problemática de esta gente, pero pienso que es algo que está latente y no lo podemos dejar de lado”, dijo el diputado pecenista Noe González.

González calculó también, “para ser sincero”, que las verdaderas soluciones se verán hasta después de los comicios de marzo. Sin embargo, aseguró que pronto “pedirán cuentas al gobierno para saber qué han hecho por las personas y su situación”.

Manuel Melgar, del FMLN, se limitó a decir que estas personas merecen una vivienda digna y que “el gobierno está en la obligación de responder por ello”. Sin embargo, recalcó que en la Asamblea nada se puede hacer.

A Héctor Córdova, legislador del FDR, le parece grave el olvido: “No sólo no se les ha dado soluciones definitivas a las personas. Sino que también se les está presionando, por ejemplo, a quienes están ubicados en instalaciones escolares, a que como consecuencia del inicio del año escolar desalojen (…) Eso no resuelve el problema, simplemente es trasladado”.

Otro que reconoció haber olvidado la situación fue Rodolfo Párker, del PDC. El demócrata cristiano señaló que es una responsabilidad, en primera instancia del Estado salvadoreño, y se comprometió a salir, lo más pronto posible, del problema pidiendo informes.

Para el diputado de ARENA, Juan Miguel Bolaños, en cambio, una buena parte de la responsabilidad la tienen las municipalidades. Y señaló que por ejemplo, en El Congo, donde el edil se ha quejado de la falta de ayuda, este puede hacer uso del FODES o recursos propios de la alcaldía.

Recientemente, el presidente de la República Antonio Saca, recordando a las víctimas del terremoto del 13 de enero de 2001, recalcó que son fenómenos naturales impredecibles, pero que su gobierno ha cumplido con las víctimas.

“Yo creo que hay que pedirle a Dios por las víctimas de los terremotos del 65, del 86, del 2001 y la gente del Stan, que también sufrió. Pedirle resignación cristiana y decirles que todo el esfuerzo, que todos los presupuestos de los que dispone el Ejecutivo, han sido empleados para entregar casas, para recuperar zonas totalmente perdidas y vamos a seguir en esta labor; si es que todavía hay algo pendiente” señaló el mandatario.

Los albergados del INTI piden más tiempo

Karla Argueta
cartas@elfaro.net

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Karla Argueta cartas@elfaro.net

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