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NOTICIAS Corte confirma sentencia contra García y Vides CasanovaEx ministros de defensa obligados a pagar $54,6 millones a tres salvadoreños que los demandaron por torturas y secuestro. Carlos Dada
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Una corte federal de Atlanta confirmó la semana pasada la validez de la sentencia que obligaba a los ex generales salvadoreños Guillermo García y Eugenio Vides Casanova a pagar $54,6 millones de dólares a tres inmigrantes salvadoreños que los acusaron de torturas y secuestros.
La sentencia, dictada por una corte civil de Florida en 2002, obligaba a los ex generales a pagar dicha cantidad como compensación para las víctimas, Juan Romagoza Arce, Neris González y Carlos Mauricio, tras encontrar a los demandados culpables de tortura y secuestro con base en la responsabilidad de mando. En febrero de 2005, tras una apelación de la defensa, la Corte 11 de distrito de Atlanta derogó las compensaciones, alegando que se había excedido el plazo de diez años a partir de los hechos para presentar una demanda.
La semana pasada, sin embargo, la misma corte de distrito de Atlanta reinstaló la sentencia, luego de que un panel de apelaciones constituido por tres jueces consideró que debido a la situación en El Salvador era imposible llevar adelante una demanda contra un militar antes de 1992, y que por tanto el estatuto de limitaciones de 10 años debería tomar como punto de partida 1992, el año en que se firmó la paz en El Salvador.
“Hasta el fin de la guerra civil, en 1992, los militares habrían usado su significativo poder para frustrar cualquier esfuerzo por reparar las violaciones de derechos humanos que habían perpetrado. Los demandantes legítimamente temían que los miembros de sus familias y amigos que permanecían en El Salvador serían sujetos de duras represalias y de las mismas brutalidades que los demandantes sufrieron”, dice el texto del panel de la Corte que confirmó la sentencia.
García y Vides Casanova fungieron ambos como ministros de defensa salvadoreños en distintos momentos durante la década de los ochentas, y ambos se mudaron a Florida en 1989.
Gracias a dos antiguas leyes estadounidenses, los abogados de los demandantes lograron someter a los ex ministros a juicio civil en Florida, en el primero de una serie de juicios de esta naturaleza entablados por abogados del Centro para la Justicia y la Transparencia, con sede en San Francisco.
El ex capitán Álvaro Rafael Saravia fue encontrado en 2004 culpable del asesinato de Monseñor Romero en un juicio similar, al que nunca se presentó, llevado a cabo en Fresno, California. En noviembre de 2005, el ex coronel Nicolás Carranza, ex viceministro de Defensa y director de la Policía de Hacienda, fue encontrado culpable de torturas, asesinatos extrajudiciales y crímenes contra la humanidad en un juicio civil realizado en Memphis, Tennessee, donde reside.
Según James Green, el abogado que representaba a los demandantes en Atlanta, el único recurso legal que tienen los ex generales para apelar esta nueva sentencia es la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero según Kurt Klaus, abogado de los ex militares, aún queda un recurso más de apelación, aunque serán sus clientes quienes decidan si quieren agotar todas las instancias.
“Esta opinión ... apesta'', dijo Klaus. “Me siento
ultrajado por esta afrenta a la justicia. Estoy totalmente decepcionado
y frustrado, y a lo mejor dejo de ejercer como abogado y me mudo a El
Salvador a plantar café o a Bolivia a sembrar coca”, agregó
en declaraciones a la cadena de periódicos Knight Ridder.
Según Klaus, sus clientes están en bancarrota debido a
los gastos legales tras varios juicios y apelaciones en el mismo caso.
Antes, los dos generales ganaron un juicio civil en Florida en el que
se les responsabilizaba del asesinato de cuatro religiosas estadounidenses
en El Salvador.
García y Vides Casanova han declarado en varias oportunidades no tener más dinero, pero Green aseguró que se han congelado cuentas de los ex militares por más de $300 mil dólares que los demandantes podrían recibir pronto.
Matt Eisenbrandt, Director litigante de CJA, dijo en un comunicado de la organización que “esta decisión es una victoria histórica para los derechos humanos. El caso establece un importante precedente en el estatuto de limitaciones y reafirma el principio de que los comandantes militares son responsables por abusos cometidos por sus subordinados. En el mundo actual, donde la tortura está en los titulares de todos los días, esta sentencia envía un poderoso mensaje a los comandantes en cualquier lado de que estos abusos no serán tolerados”.
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