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El Tribunal que avaló la “publicidad” electoralLa campaña de cara a las elecciones 2006 inició al menos con tres meses de anticipación, avalada por un Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el cual la población parece no tener mucha confianza. No se trataba de propaganda, sino de “publicidad”, consideraron los magistrados de la máxima autoridad en la materia. Edith Portillo
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Los afiches desmontables con el rostro de Rodrigo Samayoa, candidato a alcalde de San Salvador por el partido ARENA, “adornan” desde hace un par de meses los postes del servicio eléctrico de la colonia Centroamérica, donde oficialmente presentó su plan de gobierno municipal en diciembre pasado.
En los mismos postes, pero a menor altura, el empapelado con el rostro de Violeta Menjívar, su adversaria por el partido FMLN, cubre la pinta tricolor de ARENA que pretendía abarcarlos todos. “Violeta, alcaldesa 2006”, se lee en estos.
Las pintas y pegas no se limitan ahora a San Salvador, pero es por el proselitismo en esta ciudad y en las 14 cabeceras departamentales del país que, hace unos meses, inició la acostumbrada discusión sobre la campaña adelantada de cara a los comicios del próximo 12 de marzo.
Según el Código Electoral, la campaña para las elecciones municipales y legislativas debe iniciarse uno y dos meses antes de los comicios respectivamente. Es decir, el 12 de enero para iniciar la campaña de candidatos a diputados y el 12 de febrero para el caso de candidatos a alcaldes.
El Código, además, señala que “se entenderá como propaganda electoral aquellas acciones tendientes a inducir a los electores a tomar opción con su voto”.
Pero para el presidente del TSE, Walter Araujo, los sonrientes rostros de los candidatos en todo el país y las leyendas que indican el período para el que aspiran no son propaganda electoral. Esto, según argumentó Araujo a este medio desde que inició la precampaña, porque el voto sólo se pide explícitamente por medio de una equis sobre la bandera del partido o con la frase “vote por”.
De lo contrario, estas expresiones constituyen solo “publicidad” e, incluso, la propaganda “no debería restringirse ni en los meses que señala el Código”. Esta fue la valoración que hizo el presidente del máximo organismo electoral junto al magistrado por el PCN, Julio Moreno Niños, que llegó a ocupar su cargo en el TSE luego de una maniobra política en la que se arrebató al partido CD la magistratura que le correspondía en el 2004.
El partido de oposición FMLN, que al igual que ARENA había iniciado ya su campaña, tampoco mostró mayores quejas ante la interpretación. “Creo que todos los partidos políticos en estos momentos en El Salvador no están supeditados a la normativa. No uno sino todos, a partir de la falta de voluntad política de ARENA y PCN. Me parece que hay una reacción porque es una justa electoral donde los demás partidos no se quedarán de brazos cruzados”, dijo entonces Eugenio chicas, magistrado por el FMLN en el Tribunal.
“Igual que en otras ocasiones, los partidos políticos aprovechan las leyes para adelantar su campaña”, considera el director ejecutivo del Centro de Investigación de la Opinión Pública (CIOPS), Francisco Zepeda, en alusión a la falta de una definición aún más precisa de propaganda en el Código Electoral.
Con “defectos de nacimiento”
Para el director de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana (UCA), Álvaro Artiga, es desde el nombramiento de Moreno Niños que el actual TSE, que asumió en 2004, comenzó a perder credibilidad.
“La encuesta de la UCA revela no sólo que muchos salvadoreños (cerca de la mitad) están desinteresados en el proceso electoral, sino también que más de la mitad de los ciudadanos cree que los próximos comicios serán fraudulentos. De hecho, el 55.1 por ciento de los consultados por la encuesta del IUDOP dijeron que en las próximas elecciones habrá fraude”, concluyó el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, según un estudio realizado en diciembre.
Artiga estima que el TSE “ya tiene un problema desde el origen, hay un magistrado cuya integración está cuestionada en el Tribunal, ¿hasta dónde es correcto que el magistrado por el PCN esté ahí? Y la primera medida que toma es detener el proceso de cancelación de los partidos”.
Artiga se refiere a cuando en este movimiento se salvó también a los partidos PCN y PDC, que legalmente estaban condenados a desaparecer por no haber obtenido los porcentajes de votación requeridos en las elecciones presidenciales de 2004.
Otra de las medidas polémicas alrededor del TSE fue la aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, con la que se cambió drásticamente la forma de tomar las decisiones en el Tribunal: de cuatro votos necesarios, el mecanismo pasó a fijar sólo tres de cinco votos para tomar las decisiones.
Esta nueva modalidad, que según los magistrados no pasó por consulta del TSE sino que se votó a iniciativa directa de ARENA en la Asamblea, permitiría, de acuerdo con este partido, agilizar votaciones que el FMLN “entrampaba” dentro del organismo.
La denuncia por las migraciones
Sumado a los señalamientos de falta de transparencia del Tribunal, los movimientos de grupos de votantes hacia otros municipios se convirtieron también en objeto de cuestionamientos sobre el proceso electoral 2006.
La presidenta del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), Miriam
Mixco, reconoció en la Asamblea Legislativa que se estaban dando
“movimientos masivos” de gente solicitando cambios de domicilio
en los Duicentros de algunos movimientos del país. Los cambios,
según las denuncias de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE),
estaban siendo financiados por partidos interesados en ganar mayor número
de votos a determinados municipios.
“Hay un manipuleo en buscar qué municipio les interesa
para apostarle y hacer la inversión necesaria de cara a las elecciones
(…) No hay libertad de voto porque se está manipulando
a la gente cuando se le paga el costo del cambio de domicilio en el
DUI”, denunció la JVE, con representación de todos
los partidos, en un informe presentado a la Asamblea Legislativa.
“Mi percepción es que la confianza en el TSE ha bajado,
lentamente, pero ha venido bajando. El problema es que hay una tercera
parte de la población a la que le da igual, ‘no me importa
lo que hagan los partidos porque yo ni voy a votar’, más
que de rechazo, es indiferencia”, interpreta el director del IUDOP,
Miguel Cruz.
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